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Sociedad //// 26.03.2020
La pandemia: el rol de las obras sociales

La pandemia de coronavirus pone en jaque a todo el sistema sanitario argentino, también a las obras sociales. Cuál será su rol. Por Liliana Urruti

Por Liliana Urruti | Foto: Daniela Amdán

“El modo más cómodo de conocer  una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere”. 
(Albert Camus. La Peste.) 

Los invito a reemplazar “ciudad” por “obra social” y la frase podría en pocas palabras describirnos una realidad que nos afecta hoy, y nos inquietará durante el tiempo que nos dure la vida. Potenciados por las enfermedades, reales e imaginarias, que el encierro trae, muchos se preguntarán, y si me agarra un dolor en el pecho y pido un médico, ¿vendrá?. Cuántas horas deberé esperar. Y si lo que tengo no es coronavirus, es una angina, ¿qué hago? 

Cómo trabajadores de la salud ¿Cuál es el rol que les toca a las obras sociales en estos momentos tan complejos?

Los institutos de rehabilitación cerraron sus puertas. Los colegios, también. Quién atiende lo cotidiano, entonces. Será hora de exigirles a  los sindicatos, a las obras sociales, a los institutos de rehabilitación que se hagan cargo de la salud. De no hacerse responsables caeremos en la vieja cuenta que somos una historia clínica, con un valor de cambio, tal vez hasta sin valor de uso, si no olvidamos en esta ecuación a los viejos y a los discapacitados.

Recuerdan aquello de “donde hay una necesidad hay un derecho”. Lo decía Eva Perón. Y muchos crecimos sintiendo, en carne propia, que esa frase por solidaria, empática y verdadera era también universal,  y que así debía ser. 

Y en la salud, derecho humano por génesis, nos obliga a pensar en ella como política pública. El Estado desde la creación de las Obras Sociales Sindicales (OSS) reconoce su obligación de tutelar el derecho a la salud de todos los trabajadores, pensionados, jubilados, y conculca con esa responsabilidad. Acepta históricamente que bajo su órbita la salud y la prevención formen parte de los cuidados integrales de todos los ciudadanos desde el nacimiento hasta la vejez.  En este concepto de ciudadanía e integralidad para todos los ciudadanos, y “los que quieran habitar nuestro suelo”, según reza la Constitución Nacional, están los discapacitados.

No sería necesario aclarar este punto, o separarlos del resto pero la realidad demuestra que entre otros, las obras sociales accionan los dispositivos a su alcance para que los derechos de este colectivo sean violados no solo una vez, sino otra vez y otra y otra. 

¿Será porque los discapacitados y los viejos son un gasto más oneroso? De lo que estamos seguros es que allí donde se hace visible el grado de indefensión.

En el año 2018, los discapacitados se manifestaban, por primera vez de este modo, reclamando contra el ajuste. Instituciones, pacientes y referentes, (ciento veintitrés sillas de ruedas vacías) marcharon a Plaza de Mayo con la leyenda “Hagamos visible lo invisible”.

La imagen erizaba. Sin embargo, no importó.

No solo era por las pensiones, que en esos momentos rondaban entre 6000 a 9000 pesos (sí entre 6000 y 9000 pesos, sino por el incumplimiento del Programa Incluir Salud, “dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC), que no cuenten con asistencia de servicios de salud tales como obras sociales, y que voluntariamente se conviertan en afiliados”.

A partir del Decreto 613, de la gestión del presidente Alberto Fernández, el incremento para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pasará a ser de $12.713,2, 80% del haber mínimo, un aumento de 12,96%. Y buena parte de las pensiones no contributivas, que incluye las otorgadas por invalidez,  pasarán a ser de $11.124,  lo que representará el 70% de la jubilación mínima.

Ante un problema tan complejo, se necesita (necesidad) que los prestadores reciban el pago por sus servicios en tiempo y forma; que los profesionales no se nieguen a atender pacientes con discapacidad porque tardan meses en recibir sus honorarios; que los aranceles reflejen la realidad, y no sean sumas meramente simbólicas; que las instituciones no cierren, o ciertos centros no sean autorizados brindar tratamientos; que entreguen medicamentos, pañales, tiras reactivas, medicación oncológica al cien por ciento; que autoricen cuidadores domiciliarios; que los traslados (por sus incumplimientos y mal servicio general, llámese llegadas tardes o ausencias, o cobertura por tramos), no sean origen de tensión permanente.

Los con Síndrome de Down, los ciegos, los sordos, los que no caminan todos son padecientes de su enfermedad, en primer lugar, y de la imposibilidad de trabajar, estudiar, recrearse o rehabilitarse.  En muchos casos, también son víctimas  de las obras sociales. El padecimiento está relacionado con un sistema burocrático en el que renovar un tratamiento implica no menos que 30 formularios, entre paciente, prestador e institución, y meses de espera.  Con los centros de rehabilitación que se crea un vínculo, reconocimiento del lugar como propio, sentimiento de seguridad, de protección, los rechazos a atender al paciente por falta de pago produce situaciones físicas y emocionales que retrasan los tratamientos, y condicionan a las familias.

El problema reviste gravedad. Si no la hacemos visible somos cómplices, mostramos la hilacha social.

La semilla que dio origen a las obras sociales

Hagamos un poco de historia y vayamos a la semilla de la que nacieron las Obras Sociales. Son la respuesta a las demandas ciudadanas que en 1940, comienzan a ver la salud como derecho y a Estado como garante y responsable.

Por aquellos tiempos, el hospital público, que era el encargado de atender a los vulnerables, decide expandir sus servicios, con fuerte impulso del sindicalismo y voluntad política para que llegado 1944 surgieran, como reconocimiento de esa necesidad, las Obras Sociales. Tiempos en que los sindicatos buscaban afanosamente, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Lo recaudado, por diferentes medios, era para préstamos, además de la asistencia a los presos políticos. Esta forma, este objetivo recaudatorio se transformó luego en lo que fueron, y es hoy, la retención de aportes mediante recibo de sueldo. 

La Unión Ferroviaria (UF) fue la organización que sentó precedente. Ya desde 1919 contaba con su propia caja de jubilaciones. Y cuatro años después construiría el Hogar Ferroviario, destinado a préstamos a sus afiliados para la construcción o adquisición de viviendas.

La construcción del Hospital Ferroviario, por parte de la Comisión Mixta Ferroviaria, integrada por la Unión y por los maquinistas de la Fraternidad, hablaba a las claras de derecho y prevención en la salud.
En 1946, asume la presidencia de la Nación, el Gral. Juan Domingo Perón. Su pensamiento será fundacional. En el 2° Plan Quinquenal (1953) se consigna “el objetivo fundamental de la Nación en materia de salud pública será desarrollar la protección y el mejoramiento de la salud del pueblo, a fin de acrecentar su bienestar físico, intelectual y moral”. Y agrega, “antes de 1946 la medicina era con exclusividad una función privada. La acción estatal era asombrosamente mala y puramente individualista, y el Estado prácticamente no tenía una organización nacional de Salud Pública”.

La creación del Ministerio de Salud Pública en 1949, complementado con la medicina asistencial de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, introduce el concepto de salud estatal, de forma definitiva. Vale el recuerdo al primer sanitarista Ramón Carillo.

Se ampliará la prestación  a nuevas categorías de trabajadores: a domicilio, talleristas, vendedores de diarios y revistas, personal superior, jubilados y pensionados, trabajadores rurales. Desde 72 hasta el 73 el movimiento obrero organizado dará origen a nuevo plan, el Trienal, continuación del proyecto Quinquenal, de la primera etapa peronista.

En la sede de la CGT, hablamos de 1973, Perón decía que en el área de salud se imponía una revisión de las políticas aplicadas en los últimos años. El deterioro operado en la cobertura sanitaria; el descenso de las partidas presupuestarias; el aumento de la mortalidad infantil; la alta tasa de morbilidad; y la tendencia por parte del Estado de delegar responsabilidades, lo exigía. El Estado decide, entonces, garantizar la salud y ser cogestor en la dirección de un sistema Nacional Integrado de Salud a través de un plan racional y aceptado, por todos los sectores (Ley 20748 de septiembre de 1974), y contemplando la incorporación de todas las obras sociales.

La dictadura (1976/1983) interviene las OSS y entiende que sus fondos deben ser de naturaleza pública, con administración estatal. Retira los fondos a las actividades político sindical, elimina la obligatoriedad de afiliación, y autoriza a imputar el 90% del aporte personal a otras obras sociales o entidades de medicina pre paga. Finalmente prohíbe a las OSS tener infraestructura propia, y reducir la existente. Es durante este período en el que se incentivan los contratos con el sector privado.

En 1985, la CGT recupera la Ley Nº 18610, destruida por la dictadura. Entre otros aspectos le devuelve a las OS su gestión administrativo financiera, y la elección directa de sus titulares. Reemplaza además, el INOS por la Administración Nacional de Seguros de Salud (ANSAAL), con representación del Estado. Mantiene el aporte de los trabajadores y aumenta los aportes patronales.

En marzo de 1989,  el Estado vuelve a su papel de ser garante de la salud y responsable de la planificación, conducción y ejecución de las acciones mediante el Ministerio de Salud y Acción social. También planteaban la extensión de las prestaciones a los trabajadores autónomos, desocupados y sub ocupados, con su respectiva financiación consignada en el Presupuesto Nacional.

Los organismos internacionales tuvieron su protagónico en los años 90. Las promesas de campaña auguraban un gobierno que mejoraría las condiciones de vida de todos. El resultado: trabajadores que contaban con poco, contarían con menos una vez que Menem se aliara con los sectores conservadores impulsando una economía liberal. Fue cuando una parte de los sindicatos tomaron la decisión de no dialogar (aquí nace el grupo de los ocho, que luego será el Frente Grande), y la CGT se escinde en CGT San Martín, CGT Azopardo, y CGT oficialista.

Las obras sociales se vieron dañadas por la baja del número de los asalariados, dícese desocupación, y el empleo en negro. Propio de la lectura del neoliberalismo esta división en castas permitió saber quiénes era ciudadanos de primera y quiénes de segunda.

La salud, hoy

Así la historia, los ideales que hicieron de las obras sociales un sistema solidario se fueron esfumando, e iniciaron una verdadera carrera hacia la conquista del mercado de la salud donde los trabajadores se atienden en obras sociales, los clase media y alta en medicinas pre pagas y los pobres e indigentes en los hospitales públicos, como siempre.

Venimos de los peores cuatro años, no solo para la salud. En estos cuatro años la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), donde se inician los trámites para reclamar incumplimiento de las Obras Sociales, no tiene poder de policía para hacer cumplir los dictámenes. 

Defensa del Consumidor media entre las Obras Sociales y el paciente, sin éxito para este último, porque cuando las obras sociales se plantan en sus treces no hay quien las mueva. ¿Por qué? Porque tienen el poder.

En este tipo de sociedades, donde las diferencias son tan grandes entre los que más tienen y los que menos tienen, el poder es lo más importante, y no solo rigen las economías de mercado sino también los vínculos, las relaciones sociales.

El advenimiento del Coronavirus (COVID 19) afectará el orden de ese poder tal como lo conocemos. En el mientras tanto, las obras sociales, salvo excepciones, no comunicaron a sus afiliados que los trámites pendientes se realizarían vía correo electrónico. Muchos se enteraron al llegar a la puerta de sus oficinas. Pero no es solo éste el detalle a destacar. Se puede analizar con mirada macro la falta de solidaridad. 
Las obras sociales tienen un ejército de abogados para eximirlas del pago de  mil o dos mil pesos menos para una órtesis. Hay casos que vienen en la pelea años, porque no quieren que los médicos receten marcas, y es aceptable, o modelos, pero discuten conveniencias de materiales, lo cual  es un tema médico, no administrativo. 

También cuentan con otro ejército, el de los médicos auditores. Profesionales que jamás vieron al paciente pero “saben lo que les conviene”, más que sus respectivos médicos tratantes. 

Por último, están los administrativos, que aún teniendo contacto con el paciente, desconocen las características médicas de los tratamientos, de la medicación, de las órtesis, de las prótesis, simplemente porque no son médicxs, pero son los que dicen sí o no, muchas veces, obedeciendo más que a las directivas, a la cara, o la simpatía del paciente.

Lo ideal sería que el médico prescribiera, la obra social otorgara la prescripción y los administrativos llevaran a cabo el trámite correspondiente. Esto no es así. Los roles están desvirtuados, mezclados, el sistema no es operativo y los pacientes son mal atendidos. Muchas veces violentados en aras de no se sabe qué Dios. 

Las obras sociales sindicales deben releer su historia. Entender cuál es su misión. Respetar a los profesiones, y fundamentalmente no dejar en manos inexperta el cuidado de la salud. Cada uno sabe que las obras sociales no hacen beneficencia y que cada trabajador aportamos para ser tratados y atendidos.

Esta modalidad donde un administrativo es más importante que el médico y su palabra pesa más, también, se da en las instituciones donde se atienden los discapacitados.  Quizás este sacudón, en manos del COVID 19, ponga las cosas en su lugar y el médico sea médico, el enfermero, enfermero, y el administrativo, en vez de crear problemas, aporte soluciones a un sistema que necesita de todos.

La burocracia es enemiga de la salud. Enemiga de todos los afiliados que aspiran a un sistema integral y solidario. Es enemiga de cualquier tratamiento, o medicación. La burocracia es una  enemiga inclaudicable. Por estas épocas donde la cuarentena es la consigna, las obras sociales deberían estar velando por la salud de todos, utilizando las redes, por ejemplo. No de manera coercitiva, porque así lo imponen las circunstancias, sino voluntaria. 

Tan urgente para poner trabas y tan lenta para difundir lugares de atención para otras patologías que no sean las de Coronavirus. Tan rápidas para negar prestaciones y tan indiferente para mantener la salud de sus afiliados antes de la pandemia. Tan urgente para negar prótesis y tan lenta para difundir cuidados mínimos ante la emergencia.

La burocracia y la indiferencia son enemigas de la salud. Las obras sociales, una vez repasada la historia de los motivos que la hicieron ser lo que son, deberían descartar de sus artículos normativos y estatutarios tan rigurosamente establecidos, la indiferencia y la burocracia. “El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere”. Reemplacemos “ciudad” por “obra social”.