“Esta decisión se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado”

“Quería comentarles e informales que la Presidenta de la Nación ha firmado, en el día de ayer, el decreto 2552, que en su parte dispositiva establece: “La Presidenta de la Nación argentina decreta:

Artículo 1: Revocase por estar afectado de nulidad absoluta el Decreto No. 22699, del 91, así como todos aquellos actos dictados en consecuencia del citado decreto, por adolecer de igual nulidad.

Artículo 2: Instrúyase a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para que en su carácter de autoridad de aplicación del presente decreto realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado  Predio Ferial de Palermo, ubicado entre las Avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Oro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., identificado catastralmente como circunscripción 18, sección 21, manzana 16-a, parcela 2, así como todos aquellos inherentes a la regularización jurídica, resultante de dicha medida.

Artículo 3: Establécese que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente de la Presidencia de la Nación, determinará las compensaciones que puedan resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que en su caso pudieran corresponder.

Artículo 4: Comuníquese, publíquese de esa dirección nacional de registro oficial y archívese”.

Permítanme realizar algunas breves precisiones de los hechos que desembocan en esta decisión. En el año 1991 con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular de ocupación del predio por parte de la Sociedad Rural Argentina, a través del Decreto 2699, de aquel año, se aprobó la venta, por parte del Estado Nacional, del predio en cuestión. Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades ha sido definida, por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional. En primer lugar, el precio vil de 30 millones de dólares, establecido como valor de aquel predio, representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano que determinó el valor real en la suma de 63.615.000 dólares – a valores del año 91.

En segundo lugar, se omitió asignar valor a la tasación, realizada por aquel entonces, por el ex Banco Hipotecario y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los bienes que, dentro del predio, ya eran propiedad del Estado argentino por el usufructo que la Sociedad Rural Argentina había realizado del mismo hasta el año 1991.

En tercer lugar, la venta del predio – y sin que mediara justificación alguna – fue realizada en forma directa evitando los mecanismos establecidos por la normativa vigente que eran el remate o la licitación pública.

En cuarto lugar, se le concedió a la Sociedad Rural Argentina un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble, cuando tal prerrogativa estaba expresamente prohibida.

Por las razones expuestas el juez Torres ha procesado a Domingo Felipe Cavallo, por entonces ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación; a Eduardo Agustín Carlos de Zavalía, presidente de la Sociedad Rural; a Juan Alberto Ravagnani, secretario de esa entidad; Raúl Orestes Angelini; Ricardo Isidoro Chapiro y Juan Manuel Insúa, funcionarios por ese entonces del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Frost y Carlos Alberto Ratto y David Ivakov, funcionarios del por entonces Banco Hipotecario Nacional y a Matías Lucas Ordóñez, presidente de la por entonces Comisión de Ventas  e Inmuebles Estatales y a Gastón Ramón Figueroa Alcorta, director de la Comisión de Ventas  e Inmuebles Estatales. Estos 11 ex funcionarios del Estado Nacional, del Banco Ciudad y del ex Banco Hipotecario Nacional han sido procesados por el delito de peculado, previsto en el artículo 261, del Código Penal de la Nación.

Este juez ha considerado que los procesados sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el que actualmente se ubica la Sociedad Rural Argentina mediante la maniobra de asignarle un menos valor. Quiero señalar que ha habido un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación avalando declarar nula, de nulidad absoluta el decreto 2699, del año 91. La propia doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que tiene dicho que “una transferencia de bienes estatales es efectuada con sustento en un precio vil resulta ilícita”.

Quiero agregar, además, que el precio vil pagado por este bien inmueble, del Estado Nacional, se suma el gravísimo hecho de que la Sociedad Rural Argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo, deuda que asciende – calculando los intereses y penalidades previstas – a 157.397.269 pesos con 23 centavos.

Estaríamos incumpliendo con nuestros deberes de funcionarios públicos si permitiésemos que este gravísimo daño al patrimonio de todos los argentinos fuese consumado. Me acompañan, aquí, las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en el día de mañana, notificarán a los ocupantes del predio del presente decreto y de la obligación de que el bien, que actualmente ocupan, sea restituido al patrimonio del Estado Nacional en las actuales condiciones y a la brevedad posible.

Esta decisión, que ha tomado nuestra Presidenta, obviamente que no es un hecho aislado sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades, sus condiciones, que venimos desarrollando desde año 2003, con Néstor Kirchner, y profundizando con la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Esta recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido, a partir del año 76, con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado, con su enajenación hemos podido ir revirtiendo ese proceso con una firme posición estatal de recuperar estás capacidades y los bienes del Estado, cuestiones centrales para todos, como puede ser el compromiso de desendeudamiento que ha tomado la Argentina y que nos ha permitido recuperar nuestra soberanía y que hoy las decisiones se tomen acá, en esta Casa, y en las casas donde ocupan los funcionarios electos, como la Constitución prescribe y no por los organismos internacionales de crédito, hablan claramente de esto. El rechazo de la ALCA,  unos pocos años después también, nos devolvió esa autonomía que estamos hoy disfrutando. En ese mismo sentido, la recuperación – por ejemplo – de Aerolíneas Argentinas, otra de las empresas que habían sido malvendidas en los años 90, nos permitió volver a integrar el país; la recuperación de los fondos de los trabajadores en las AFJP nos hablan de una misma política, que este año concretamos claramente con lo que fue la recuperación de YPF. Esta política que hoy estamos decidiendo tiene simplemente que ver con eso: recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía y es el compromiso profundo de este Estado y de esta Presidenta de continuar encaminándonos por esta senda que en un momento tan difícil del mundo es la que nos garantiza poder afrontar exitosamente, como venimos haciendo, los desafíos de una economía internacional, cada vez más convulsionada y compleja”.