“En Rosario vivimos situaciones graves que afectan a los sectores populares”

APU: Quisiéramos que nos comente la importancia de esta campaña.

Agustín Rossi: No queremos que se vuelvan a repetir situaciones de violencia institucional en la Argentina, ni que tengamos que lamentar victimas por esas situaciones. Asi mismo, decir que para nosotros violencia institucional también es la ausencia del Estado, en lo que comúnmente llamamos zonas liberadas, que eso facilita acciones de violencia

APU: Se refirió a la Provincia de Santa Fe.

AR: Cuando se habla de inseguridad, parece que solo sucede en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires.  Nosotros en Santa Fe, sobre todo en Rosario, estamos viviendo situaciones graves que afectan fundamentalmente a los sectores populares, a los barrios más humildes.  

“Tenemos que garantizar el control político de las fuerzas de seguridad”

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, expuso en la Cámara de Diputados en el marco de la campaña nacional impulsada por el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso. La funcionaria remarcó la necesidad de “garantizar el control político de las fuerzas de seguridad” y repasó las acciones de la cartera en este sentido.
En el marco de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, expuso en la Cámara de Diputados sobre el “cambio de paradigma” que debió asumir desde la cartera y la importancia de "garantizar el control político" sobre las fuerzas de la Policía para arribar a una "seguridad democrática".

“El control político de la violencia institucional es un imperativo ético insoslayable”, sostuvo Garré, acompañada por el impulsor de la campaña, el diputado y líder del Movimiento Evita Leonardo Grosso, y el presidente del bloque del FPV, Agustín Rossi, en un acto que se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos con amplia presencia de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.

La ministra de Seguridad consideró que “la seguridad es un derecho y tiene que ser garantizada en el más estricto marco de los Derechos Humanos”, y expuso sobre las políticas llevadas adelante desde el área, como el 0800 del Ministerio de Seguridad y la instalación de cámaras en las zonas más “vulnerables” de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, anticipó la ejecución de un “programa sistemático sobre el uso de la fuerza y armas de fuego” y explicó que “todos los procedimientos de enfrentamientos armados”, así como también las causas judiciales, “van a ser monitoreados” desde el ministerio. Asimismo, adelantó reformas en “la formación doctrinaria y el entrenamiento profesional en el uso de armas”.

Por su parte, Rossi criticó la “estigmatización de la pobreza” y habló de las “zonas liberadas” en los barrios de la periferia. “La ausencia de una auténtica política de seguridad también es violencia institucional”, indicó, y advirtió además que “los sectores más altos pueden administrarse sus propias medidas de seguridad”, mientras que “los más bajos no tienen esa posibilidad” y son “los más desprotegidos”.

“Necesitamos que el poder político se comprometa a tener una seguridad democrática”, sintetizó, luego de alertar que “los índices de inseguridad empeoran desde hace dos años en Santa Fe”.

En tanto, Grosso se explayó sobre el sentido de la campaña, que se presentará también en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y resaltó la necesidad de “llegar antes, para prevenir este tipo de violencia”. Además, aclaró que “no es un problema que sólo tenga que ver con las fuerzas de seguridad”, y, en este sentido, apuntó a los medios de comunicación “que fomentan el miedo, reproducen estereotipos y criminalizan la pobreza”.

Estuvieron presentes militantes de Kolina, Nuevo Encuentro y Movimiento Evita, además de diputados nacionales del Frente para la Victoria, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y familiares de víctimas de la violencia institucional.

La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional fue presentada en el Congreso el pasado 12 de junio con el fin de poner en evidencia el “abuso policial” y la “estigmatización de la pobreza”, a través de capacitaciones y asesorías legales que trabajan sobre los casos de “gatillo fácil, hostigamiento y detenciones ilegales”.