El Estado debe proteger a las mujeres que abortan

Distintas fueron las controversias que se despertaron a partir del caso de una mujer a la que se le impidió abortar en Capital Federal. La joven había sido violada y era víctima de la trata de personas. En primer lugar, un juez postergó la práctica que tuvo que ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia. La ley argentina tolera la interrupción del embarazo cuando corra riesgo la vida de la mujer o la gestación sea producto de una violación. Así las cosas, un asunto que debería haberse mantenido en la vida privada de la mujer trascendió a la esfera pública para instalarse en la agenda mediática. El aborto entró, una vez más, a la escena de debate público.

Si bien las estadísticas son inexactas debido a que se trata de una intervención penada por la legislación, se estima que cada “cinco nacimientos hay un aborto”, como lo aseguró el Juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Alrededor de 150 mil interrupciones de embarazo se realizan por año como última salida ante una gestación no deseada. Vale señalar que otros estudios multiplican esa cifra por dos o tres veces (ver nota aparte sobre "Los números del aborto en Argentina).

Asimismo según la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires el aborto es la principal causa de muerte materna. Los fríos números no cuentan toda la verdad: lo que no dicen es que la mayoría de las mujeres hospitalizadas o muertas pertenecen a los sectores más pobres, con menor capacidad económica de acceder a una intervención en condiciones óptimas. 

Las cifras, de este modo, son contundentes para dar cuenta de una realidad que cada año se lleva las vidas de 80 a 300 mujeres, muchas de ellas pobres. Hasta el momento la respuesta del Estado fue la prohibición de la práctica lo que en los hechos no redujo el número de abortos, sino que dejó la problemática librada a la lógica del mercado: quien tiene recursos accede a una intervención de calidad; quien no, sufre las consecuencias. En una charla sobre el tema y con su estilo habitual, Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, fue contundente: "Esto no sale, no porque no se sepa, sino porque hay hipócritas en todos lados. El funcionario es hipócrita, el médico lo es, todo el mundo sabe que esto pasa y mira para el otro lado". Se trata, en definitiva, de un tema de salud pública.

Legislaciones

El día jueves 17 el Senado uruguayo aprobó, con el voto favorable de 17 legisladores sobre 31 presentes, la ley de interrupción voluntaria del embarazo que posibilitará despenalizar el aborto. Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en hacerlo, después de Cuba. El proyecto aprobado por el Parlamento contempla la práctica hasta la semana 12 de gestación (14 para el caso de las violaciones). Incluye las intervenciones de un equipo interdisciplinario de salud y del sistema judicial, según las diferentes situaciones. Siempre, exige que esas acciones sean expeditivas para garantizar el derecho. Según la norma, la mujer tiene un plazo de cinco días para ratificar su decisión de concluir con su embarazo.

Entre los argumentos del proyecto, los legisladores destacaron que “en Uruguay hay entre 20 y 30 mil abortos anuales, sobre 47706 nacimientos”, por eso “las cifras mencionadas debieran movernos a la reflexión”. Y concluye el texto: “Esta ley es idónea para disminuir el número de abortos provocados, porque el derecho a nacer del concebido estará presente en la reflexión de la mujer. Será idónea para que su decisión de interrumpir el embarazo  sea asumido libre, consciente y responsablemente con las garantías de un ámbito sanitario adecuado”.

En el gráfico siguiente los colores verde, rojo y naranja, permiten ver cómo es la legislación a nivel mundial. El primer color abarca a los países que toleran la interrupción del embarazo en todos los casos, en general hasta la semana 12 de gestación. El segundo, refiere a los estados que lo prohíben. El naranja, para las naciones que lo aceptan en determinadas situaciones, como ocurre en Argentina donde el aborto está tolerado en casos de violaciones o cuando la mujer corre riesgo para su salud. 

En Argentina, ¿cómo estamos?

En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que establece que según el Código Penal el aborto no es punible en caso de una violación y cuando corre riesgo la salud de la mujer. Además, afirmó que los médicos "en ningún caso" deben requerir autorización judicial para efectuar esta clase de abortos, debiendo practicarlos sólo con la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal. Sin embargo, muchos jueces se resisten a acatar lo que ordenó el Máximo Tribunal...

Mientras, en el Congreso Nacional dos proyectos esperan para el debate en el recinto. Uno de ellos, elaborado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reunió las firmas de más de 50 legisladores de diferentes fuerzas políticas, entre ellas, representantes del PRO y Unión por Todos. Según un recuento del Colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto se estaría cerca del número necesario para su aprobación.

El proyecto de la Campaña propone la despenalización dentro de la semana 12 de gestación. Otra propuesta lleva la firma del diputado (ahora en AFSCA) Martín Sabbatella y tolera la interrupción hasta la semana 14. Además, propone servicios estatales de consejería previos y posteriores a la realización del aborto. En su artículo 11, solicita castigar a quien "causare la interrupción de un embarazo (...) si obrare sin consentimiento de la mujer".  

El debate atraviesa a toda la sociedad argentina y, como no podía de ser modo, también interpela a muchas organizaciones populares a las que no le resulta nada fácil sintetizar una posición colectiva. Como sea, la movilización social permitió que la discusión esté en la agenda pública. Ahora es el turno del Estado, que debe brindar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias, desde la acción legislativa y desde las políticas sanitarias. Miles de mujeres que abortan cada año, muchas de ellas pobres, esperan por esa decisión.