"El eje central es la promoción del derecho a la vivienda y el hábitat"

Por Enrique de la Calle

AGENCIA PACO URONDO: ¿En qué consiste ese proyecto de ley que presentaron la semana pasada referido al acceso al suelo?

Marcelo Saín: Es una ley de acceso al hábitat mucho más abarcativo que el suelo. El proyecto lo elaboramos los equipos técnicos de Alberto España del Frente para la Victoria, La Cámpora y yo y después se sumó Alicia Sánchez en el tramo final. El eje central del proyecto es la promoción del derecho a la vivienda y al hábitat. Queda muy claro que cuando hablamos de hábitat, hablamos de un conjunto general que tiene que ver con acceso al suelo, con provisión de servicios urbanos básicos, vinculado a agua, desagüe, electricidad y gas. Acceso a la movilidad, a la conectividad del espacio en cuestión con relación al resto de la ciudad pero particularmente al trabajo, a la escuela, a los centros de salud, al esparcimiento y al mismo tiempo en el marco de un ambiente sano.

Eso es hábitat y particularmente lo vemos para los sectores populares, porque el gran problema que hay en la Provincia de Buenos Aires es que hay cerca de 1.160.000 familias que tienen déficit de vivienda.

APU: Repetime ese número. ¿Cuántas personas?

MS: 1.160.000 familias aproximadamente. Allí tenés un problema serio de déficit habitacional pero lo que se ha dado a partir de los grandes desarrollos inmobiliarios es que el suelo se ha transformado y a partir de la revalorización inmobiliaria de estos grandes emprendimientos hay una suerte de obstáculos para que los sectores populares puedan acceder al suelo. De todos modos el eje central del proyecto tiene que ver con esto que señalaba y al mismo tiempo integrar de manera socio-urbana a las villas y asentamientos precarios a lo que es el resto de la ciudad que son los sectores altamente marginalizados. Creamos un régimen especial para esto que tiene que ver con un relevamiento y registro público de villas y asentamientos, ejes centrales para su relocalización y redimesionamiento, la regularización dominial, vale decir, no se trabaja solamente sobre la adquisición de nuevos suelos para la construcción de viviendas populares sino a tender a la integración y la regularización con el resto de la ciudad de aquellos ya existentes, a la provisión de servicios urbanos básicos, conectividad con el resto de la ciudad porque ya hay actores populares que habitan en lugares medioambientalmente deteriorados que están completamente insularizados en relación al resto de la ciudad, que no cuentan con servicios básicos urbanos, que no tienen regularización dominial, ahí está el desafío de poder dar cuenta de esto.

Nosotros contamos, junto con el Instituto del Conurbano que brinda la asistencia técnica fundamental, cerca de 580 villas y asentamientos precarios en la provincia de Buenos Aires y el eje está puesto en esto. El tercer punto que es el que más relevancia tuvo públicamente pero que es el que menos relevancia tiene en el marco de la ley…

APU: Claro, sobre eso te iba a preguntar justamente porque el lobby es fenomenal y hay determinados medios que responden automáticamente al mismo. Hablamos de esto de que supuestamente "los countryes deben ceder terrenos".

MS: Sí, pero es exiguo. Primero tiene que ver la ley, tiene cerca de 70 artículos, es compleja, muy abarcativa y como dato accesorio, es la promoción del hábitat social a partir, justamente, de la cesión del 10% del suelo o su equivalente, en suelo urbanizable o en dinero, de los grandes emprendimientos inmobiliarios.

APU: No es que la gente de los countries tiene que darle un pedazo de la pileta a un vecino, como dice La Nación...

MS: No, no es así porque cuando se autoriza, por parte del municipio de referencia, un desarrollo inmobiliario de gran envergadura, de más de 5.000 m², lo que debe hacer ese emprendedor es ceder el equivalente al 10% del suelo que el proyecto implica, fijate que estamos hablando del valor del suelo en lo que es el inicio del emprendimiento, lo cual es menor la incidencia en la estructura de costos inicial pero aún menor en lo que va a ser la rentabilidad final del emprendimiento, a los efectos de que los sectores populares puedan tener suelo urbanizable para poder construir viviendas sociales por parte, siempre, del municipio de referencia.

APU: O sea que el desarrollador urbano está construyendo un barrio cerrado, un country o lo que fuera…

MS: Un centro comercial, un cementerio, cualquier otra cosa de gran envergadura.

APU: …y tiene que ceder un porcentaje de 10% que puede ser en plata…

MS: Del suelo, estamos hablando de la superficie, ¿estamos de acuerdo?, de la superficie.

APU: ¿Podría ponerlo en plata?

MS: Sí, lo puede poner en plata o en suelo urbanizable localizado en otro lugar distinto dentro del municipio.

APU: ¿Siempre dentro del municipio?

MS: Sí porque el emprendedor es el municipio desde el punto de vista institucional.

APU: ¿El municipio tiene que usar ese dinero para vivienda social?

MS: No, no. Tiene que usar ese suelo –o adquirirlo- para destinarlo exclusivamente a vivienda social. En realidad, debo confesarte que, en el proyecto original, yo había escrito 20% porque hicimos estudios de legislación comparada y veíamos que en Alemania es el 30% y además se obliga a que los grandes emprendimientos inmobiliarios deben ir acompañados de la construcción, al lado, de barrios de clase media y de clase trabajadora donde se utiliza la estructura de servicios básicos.

No quisimos ser tan contundentes al respecto. Quizás en los próximos años se pueda avanzar en ese sentido porque ellos piensan en el tema de la integración social. Por supuesto, sabemos muy bien que los sectores dominantes, los sectores altos de nuestra sociedad se cagan en el resto en el resto de la sociedad y como se cagan, lo único que nos queda a nosotros, como Estado que mira a los sectores populares y que intenta representarlos, es intentar garantizar que estos sectores tengan acceso a un suelo que tiene una revalorización diferente a partir de este conjunto de emprendimientos inmobiliarios.

Todo lo demás es cháchara y son giladas para la tribuna o para los actores dominantes. El Senador De Fazio sale planteando que esto puede llegar a suponer algún tipo de expropiación o metida de mano u obstáculos a los intereses de los emprendedores privados. Ellos representan políticamente a esos sectores, nosotros representamos a los sectores populares a tal punto que el FPV adhirió claramente a este proyecto de ley que se va a convertir en ley prontamente.

APU: Te iba a preguntar exactamente eso porque el propio Daniel Scioli había anunciado al menos algunas partes de este proyecto, cuando comenzó el año legislativo. ¿Creés que no va a haber problema para avanzar en este proyecto?

MS: Mira, el origen del proyecto ha sido un trabajo ordenado por el propio gobierno de Scioli, a sugerencia de sectores del obispado de la provincia de Buenos Aires que habían colocado éste como una serie de temas centrales porque hay muchos sectores de la Pastoral Social que trabajan en barrios populares y esto fue hace muchos años. Ahí, él encomienda a la Ministra de Gobierno de ese momento, Cristina Álvarez Rodríguez, el inicio del trabajo y que desde el Instituto de la Vivienda se comience a trabajar en un proyecto original. Después vino el lobby de sectores de emprendimientos privados dentro de su gobierno, particularmente el señor O’Reilly, que plantea, junto con el diario La Nación, que se trataba de un proyecto expropiatorio y ahí es donde Scioli se asusta, levanta el pie del acelerador, quita, particularmente, este tipo de cesiones y ahí quedó.

Nosotros tomamos ese proyecto cuando comenzó nuestra gestión legislativa, nos acercamos al Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires que es una amplia red de académicos y organizaciones sociales que trabajan el tema desde hace años y que formaron parte de este consenso original con el Gobierno Provincial. A ese proyecto lo retocamos bastante, le agregamos cosas, instrumentos nuevos, quitamos un poco de alocución principista porque creemos que la ley debe ser bien instrumental y terminamos en este proyecto de ley que es una base central de esta red de organizaciones sociales más el agregado de Alberto España y mío en la materia. Particularmente, ese es el origen así que espero que el Gobierno Provincial sea receptivo a este tema, escuchando la virulencia con que salió De Fazio en estos días, no sé si está hablando a nivel personal o es el Gobernador que está hablando a través de él. Tengo la esperanza de que el Gobernador adhiera a esto y nos podamos sacar la foto todos.

APU: Te cambio el eje: ¿Una reflexión sobre el informe del caso Candela que presentó la provincia de Buenos Aires?

MS: El informe es contundente, da cuenta de todo aquello que veníamos sosteniendo: que en verdad acá ha habido un armazón judicial, policial y político para encubrir la trama de relaciones en cuyo marco se inscribió el secuestro y asesinato de esta chica, los negocios del narcotráfico de la zona de San Martín, protegidos y regulados policialmente y que son una fuente de financiamiento fenomenal para la política bonaerense a los que, justamente, este hecho desgraciado les ponía luz y el Gobierno, en plena campaña electoral y además,  a los efectos de poder ocultar también los resultados de su política de seguridad que le ha dado el poder a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que, justamente, haga estas cosas, intentó encubrir esa trama, desviar la investigación, lo hizo como todo lo que hace la bonaerense, mal, y entonces se pudo ventilar en una suerte de investigación de la investigación por parte del Senado, con testimonios de los actores comprometidos en toda esta trama que se trataba justamente de eso. De un intento de encubrimiento de lo que estaba detrás de esta cuestión y en esto, la comisión, en su dictamen de mayoría, emite esta opinión concretamente y sugiere que se investigue a todos estos actores, le entrega el informe a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Eduardo De Lazzari, titular de la misma, rápidamente activa investigaciones, se comprometió y –lo conocemos hace muchos años- es una persona seria, integra y va a hacer las investigaciones correspondientes del caso. Comienza por la justicia, creo que va a seguir con la policía y lo que a mi me hubiera gustado es que la Comisión también se expidiera, haciendo la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario pública del propio Casal pero de todas maneras, los elementos surgen porque el que dirigió la estrategia de encubrimiento, desde el punto de vista político, fue el propio Casal que despachó el tema en un trailer montado en la zona de Hurlingham durante 15 días.