El Aborto en números: la primera causa de muerte materna

Por Alejo Flores I Las cifras vinculadas al aborto en nuestro país presentan versiones diferentes y varían según su procedencia. Esa imprecisión aparece como una consecuencia lógica de las condiciones de clandestinidad en las que se realiza esta práctica de acuerdo a la legislación vigente.

Los últimos números oficiales difundidos por el Ministerio de Salud con respecto al aborto datan de 2010. En su “Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles”, publicada en junio de ese año, se habla de la existencia de 460.000 abortos inducidos por año.

El mismo documento menciona que son alrededor de 80 las mujeres fallecidas anualmente a causa de abortos inseguros, es decir, practicados sin las mínimas condiciones médicas necesarias para la tarea. Si bien esa cifra es tomada como válida por algunas organizaciones (como por ejemplo la fundación “Pro-Vida”, que en los últimos días cobró notoriedad a partir de su proclama antiabortista basada en convicciones religiosas), es imprescindible señalar que para llegar a ella se toman en cuenta solamente los casos en los que el hecho derivó en la hospitalización de la mujer en un establecimiento público.

Sin embargo, estimaciones del propio Ministerio de Salud aseguran que por cada aborto con complicaciones que demanda atención hospitalaria, existen otros siete que no son atendidos institucionalmente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas madres llegan a las guardias con cuadros como hemorragias, insuficiencias renales o complicaciones obstétricas que tuvieron su origen en prácticas abortivas mal realizadas, pero que los hospitales no registran como tales.

Estas aclaraciones ponen de manifiesto que esas 80 muertes registradas no pueden tomarse como una referencia del total de mujeres que anualmente sufren las consecuencias fatales de los abortos clandestinos.

Según la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, esa cantidad se sitúa entre las 300 y las 400 muertes anuales producidas como consecuencia de las leyes que penalizan el aborto. En los fundamentos de su proyecto de ley, este grupo señala, además, que el número total de abortos que se practican por año en el país ronda los 800.000, y cerca del 15 por ciento de ellos corresponden a adolescentes menores de 20 años. Para otros estudios, el número total de casos oscila entre los 500.000 y los 700.000.

La legislación actual, que encuadra la interrupción del embarazo como un delito (salvo riesgo para la mujer o cuando la gestación fuera producto de una violación), provoca que en su enorme mayoría estas prácticas se realicen en la clandestinidad y, consecuentemente, de manera insegura. Es precisamente por este motivo que resulta imposible obtener estadísticas fehacientes con respecto a la cantidad total de casos que se producen en el país y de cuántos de ellos provocan muertes.  

Más allá de esos datos poco precisos, lo verdaderamente relevante (y en esto coinciden grupos muy divergentes entre sí) es que el aborto clandestino es la primera causa de muerte materna en el país, ya que representa entre un 25 y un 45 por ciento del total -la proporción varía según la fuente- y la tercera de las mujeres en general. El otro punto en el que no hay discusión es que las más perjudicadas por la peligrosidad del aborto inseguro son las mujeres más pobres, más jóvenes y con menor acceso a educación.