Más allá del tipo de cambio: la competitividad como problema estructural

Durante décadas, la Argentina ha recurrido a la devaluación como instrumento privilegiado para recuperar competitividad. Sin embargo, cuando se examina la estructura efectiva de costos y la dinámica externa, emerge una conclusión menos intuitiva: el problema no radica en el tipo de cambio, sino en la configuración productiva, logística y financiera de la economía.

La ilusión de la competitividad cambiaria

En la Argentina, la devaluación ha sido invocada de manera recurrente como mecanismo para "recuperar competitividad". Esta idea supone que un ajuste del tipo de cambio permite abaratar los costos en términos internacionales. Sin embargo, este supuesto resulta problemático cuando se analiza la estructura real de costos de los sectores transables.

En una economía como la argentina, los principales componentes del costo de producción están directa o indirectamente dolarizados: energía, insumos importados, bienes de capital, alquileres de la tierra y buena parte de la logística. En este contexto, la devaluación no reduce el conjunto de costos, sino que actúa casi exclusivamente sobre un componente específico: los salarios medidos en dólares. En términos precisos, implica una reducción del salario real en moneda internacional.

El tipo de cambio opera entonces como un precio de distribución más que como un precio de eficiencia. No altera la viabilidad técnica del sistema productivo ni modifica las relaciones insumo-producto. Lo que redistribuye es el excedente: comprime la participación salarial y eleva la renta de aquellos factores cuyos ingresos están anclados a precios internacionales, particularmente la tierra agrícola.

Precios internacionales y distribución del ingreso

Este mecanismo se observa con claridad en el sector agroexportador, responsable de aproximadamente el 60% de las exportaciones argentinas1. Sus precios se determinan en mercados internacionales —como la Chicago Board of Trade— y no responden al tipo de cambio doméstico.

La devaluación, por lo tanto, no modifica su competitividad externa. Lo que sí altera es la distribución del ingreso: al reducir los salarios en dólares, incrementa la renta de los factores cuyos ingresos están vinculados a precios internacionales. Se trata menos de un instrumento de eficiencia que de un mecanismo de reasignación regresiva.

Lo que la devaluación sí logra, a lo sumo, es reducir las importaciones, pero no por una mejora en la competitividad sino por empobrecimiento: al caer el poder adquisitivo de los salarios, disminuye la demanda efectiva y, por tanto, las compras al exterior. Este ajuste por la vía del ingreso nada tiene que ver con un incremento genuino de la competitividad. Peor aún: la contracción de la demanda interna provoca una caída en la tasa de utilización del capital instalado —particularmente de la infraestructura, que representa aproximadamente el 25% del stock total de capital— elevando el costo fijo unitario de producción. En lugar de volverse más competitiva, la economía se vuelve menos productiva.

La Argentina de las desigualdades provinciales

Un análisis del ingreso per cápita provincial en paridad de poder adquisitivo (2022) revela una estructura territorial profundamente fragmentada2. Mientras la Ciudad de Buenos Aires alcanza niveles comparables a Estados Unidos (USD 79.898), provincias como Formosa (USD 13.377), Corrientes (USD 13.291) o Misiones (USD 12.930) se asemejan a Vietnam, Sri Lanka o Indonesia. Córdoba (USD 28.137) se compara con Chile; Jujuy (USD 17.054), con Turkmenistán; La Pampa (USD 37.186), con Rusia.

Esta heterogeneidad plantea un problema de economía política irresoluble mediante la devaluación. Cuando se argumenta que es necesario "ajustar el tipo de cambio" para desincentivar el consumo externo —particularmente el turismo al exterior—, la pregunta relevante es: ¿qué argentinos viajan? El poder adquisitivo relativo de las provincias sugiere que se trata predominantemente de residentes de jurisdicciones de alto ingreso. Sin embargo, el ajuste cambiario comprime los salarios en dólares de todos los trabajadores, incluidos aquellos en provincias cuyos ingresos per cápita ya son equivalentes a los de economías del Sudeste Asiático.

Conviene detenerse en una paradoja que la teoría convencional no resuelve: las provincias con salarios e ingresos en dólares más bajos —Formosa, Jujuy, Misiones— no son, en virtud de ello, más competitivas que las jurisdicciones de mayor ingreso como CABA o Córdoba, ni atraen proporcionalmente más inversión extranjera directa. La competitividad territorial no se explica por salarios bajos sino por infraestructura, logística, acceso a mercados y economías de aglomeración. Este fenómeno se verifica tanto al interior de los países como entre países: Detroit no recuperó su centralidad industrial por tener salarios deprimidos, ni Vietnam atrae inversiones únicamente por costos laborales sino por puertos eficientes, energía barata y estabilidad regulatoria.

En términos de eficiencia redistributiva, carece de sentido reducir el poder adquisitivo internacional de un trabajador de Formosa o de Jujuy para desincentivar el consumo externo de un profesional porteño. Este problema debería resolverse mediante política fiscal progresiva —impuestos sobre consumo suntuario, retenciones diferenciadas, tributos a la salida de divisas por turismo— y no mediante un mecanismo cambiario que opera como un impuesto regresivo de alcance nacional.

Además, como muestran los datos del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, el desequilibrio externo no proviene de la balanza comercial. Entre 2003 y 2021, la Argentina acumuló superávits comerciales por USD 168.361 millones3. El déficit se origina en la cuenta capital, particularmente en la formación de activos externos (USD 150.634 millones en el mismo período). Es decir, el problema no es que los argentinos "consuman demasiado del exterior", sino la dinámica financiera de dolarización del ahorro.

Finalmente, la devaluación es un mecanismo directa e indirectamente inflacionario. Por un lado, incrementa inmediatamente los costos en pesos de insumos, energía y bienes de capital importados, trasladándose a precios. Por otro, dispara la puja distributiva: los trabajadores intentan recuperar el poder adquisitivo perdido mediante aumentos salariales nominales, los sectores que vieron incrementar sus rentas en pesos (terratenientes, exportadores) expanden su demanda, y los formadores de precios ajustan márgenes anticipando la próxima depreciación. El resultado es una espiral inflacionaria que erosiona rápidamente cualquier "ganancia de competitividad" que la devaluación pudiera haber generado.

Evidencia histórica: desarrollo sin devaluación crónica

La experiencia internacional ofrece un contraste sistemático. Las economías que lograron procesos sostenidos de desarrollo no basaron su competitividad en salarios bajos en dólares.

Corea del Sur mantuvo una notable estabilidad cambiaria durante su fase de industrialización acelerada. Entre 1964 y 1979, el won se mantuvo en un rango relativamente estrecho, pasando de 255 a 484 unidades por dólar, una depreciación gradual y predecible del 90% en 15 años (aproximadamente 4,3% anual)4. Esta estabilidad contrasta dramáticamente con el patrón argentino de devaluaciones abruptas. Incluso durante los años 80, cuando el tipo de cambio se ajustó de 484 (1979) a 807 (1984), la trayectoria fue predecible y no disruptiva. La competitividad coreana emergió de economías de escala, inversión masiva en infraestructura portuaria y eléctrica, absorción tecnológica planificada y un Estado que utilizó el tipo de cambio como instrumento de disciplina industrial —castigando las importaciones de consumo pero subsidiando las de bienes de capital— sin recurrir a devaluaciones crónicas.

China experimentó una apreciación del yuan de aproximadamente 35% entre 2005 y 2015, pasando de cerca de 8,3 a 6,2 yuanes por dólar5. Este período coincidió con la consolidación de China como primera potencia exportadora mundial. La paradoja aparente se resuelve al observar la estructura de costos: el incremento de productividad derivado de inversiones en infraestructura compensó ampliamente el efecto cambiario. La competitividad china no provino del yuan débil, sino de la reducción drástica de costos mediante infraestructura de clase mundial —ferroviaria, portuaria, energética—, un sistema financiero estatal que provee crédito barato a largo plazo para inversión productiva, y costos de suelo controlados mediante propiedad pública de la tierra urbana.

Alemania (posguerra) sostuvo el marco fuerte como instrumento de reconstrucción industrial, obligando a las empresas a competir mediante innovación y calidad en lugar de depreciación salarial. Durante las décadas de 1950 y 1960, el marco experimentó una apreciación sostenida frente al dólar, pasando de aproximadamente 4,2 marcos por dólar a menos de 4 marcos en los años 60, y continuando su fortalecimiento en las décadas siguientes6. Esta trayectoria se mantuvo hasta la reunificación. La apreciación del marco no destruyó la industria alemana; la fortaleció al forzar aumentos de productividad y especialización en segmentos de alto valor agregado.

Taiwán mantuvo el nuevo dólar taiwanés en un rango relativamente estable entre 1960 y 1985, oscilando alrededor de 40 unidades por dólar estadounidense, seguido por una apreciación gradual hacia 25-30 unidades por dólar entre 1985 y 20007. Durante este período de tipo de cambio predecible, Taiwán transformó su estructura productiva de agricultura de subsistencia a manufactura de alta tecnología. La estabilidad cambiaria permitió a las empresas planificar inversiones de largo plazo sin el riesgo de que una devaluación súbita alterara radicalmente los precios relativos.

Japón experimentó una apreciación pronunciada del yen durante sus décadas de mayor crecimiento industrial. De aproximadamente 360 yenes por dólar a principios de los años 70, el tipo de cambio se apreció progresivamente, alcanzando niveles cercanos a 80-100 yenes por dólar en períodos posteriores8. Esta trayectoria no impidió que Japón se convirtiera en la segunda economía mundial durante décadas; por el contrario, forzó a las empresas japonesas a competir mediante calidad, innovación y eficiencia logística.

Bolivia ofrece un caso regional relevante. Desde la estabilización monetaria de 1985, el boliviano ha mantenido una trayectoria controlada y predecible. El tipo de cambio pasó de aproximadamente 3,6 bolivianos por dólar en 1991 a cerca de 6,9 en 20239. A diferencia de Argentina, esta trayectoria ha sido gradual y sin devaluaciones abruptas, proporcionando previsibilidad a los agentes económicos. La estabilidad cambiaria, combinada con inversiones en infraestructura energética y reinversión de rentas extractivas, sostuvo el crecimiento económico boliviano.

En todos estos casos, la infraestructura operó como condición previa de la competitividad, no como resultado posterior del crecimiento. La construcción deliberada de sistemas de transporte, energía y comunicaciones altera la estructura de costos de manera más profunda y permanente que cualquier ajuste cambiario.

El verdadero problema: costos sistémicos y logística

Desde esta perspectiva, el problema argentino no parece ser un "tipo de cambio atrasado", sino una estructura de costos sistémicos elevada. Entre ellos, la logística ocupa un lugar central.

Argentina destina aproximadamente el 27% del PIB a costos logísticos, según datos del Banco Mundial compilados por Jean Paul Rodrigue10. Esta cifra ubica al país entre las economías con mayor peso logístico sobre el producto, comparable a Brasil (~26%) y superior a Chile (~18%), pero dramáticamente por encima de economías desarrolladas como Australia (~10%), Alemania (~9%) o Estados Unidos (~10%).

La anomalía resulta más significativa cuando se considera que países de escala territorial comparable —Brasil, Australia, Canadá— logran costos logísticos sustancialmente menores mediante matrices de transporte más eficientes. En el caso argentino, la dominancia del camión para largas distancias en un territorio de 3.700 km de norte a sur encarece sistemáticamente la producción.

El costo del "no-ferrocarril" no se limita al flete. Incluye: congestión portuaria por arribos descoordinados, pérdidas de cosecha por imposibilidad de evacuar la producción en ventanas óptimas, tiempos de tránsito que duplican o triplican los estándares internacionales, y deterioro de rutas que requiere mantenimiento permanente. La matriz camión-céntrica no es un resultado "natural" de la geografía, sino consecuencia de decisiones políticas: el desmantelamiento ferroviario iniciado en los años 60 y profundizado en los 90 transfirió el transporte de carga a un modo subsidiado (combustible) e ineficiente.

Esta estructura genera, además, una presión adicional sobre la balanza energética. El gasoil y otros combustibles importados figuran recurrentemente entre los principales rubros de importación, lo que resulta paradójico en un país con superávit energético potencial gracias a Vaca Muerta, capacidad hidroeléctrica y radiación solar excepcional en el noroeste. Una electrificación ferroviaria masiva revertiría la ecuación: de importador neto de combustibles fósiles a autosuficiente energético, con la matriz eléctrica alimentada por gas doméstico y renovables.

La competitividad, en este marco, no depende del tipo de cambio sino de la organización del sistema productivo y territorial. Es infraestructura como política industrial.

Restricción externa y dinámica financiera

Los datos del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina permiten precisar el diagnóstico. Entre 2003 y 2021, la Argentina registró un superávit comercial acumulado de USD 168.361 millones. Sin embargo, el resultado global del sector externo fue deficitario en USD 15.525 millones11.

La explicación no se encuentra en el comercio de bienes. El déficit proviene de dos partidas de la cuenta capital: las rentas de la inversión (pagos de intereses, utilidades y dividendos por USD 69.487 millones acumulados) y, de manera aún más significativa, la formación de activos externos (USD 150.634 millones). Esta última categoría —habitualmente denominada "fuga de capitales"— representa la colocación de ahorros argentinos en activos denominados en moneda extranjera.

El desequilibrio, entonces, no es comercial sino monetario-financiero. La restricción externa no proviene de una incapacidad para exportar bienes, sino de una dinámica persistente de dolarización del ahorro. El problema no es "real" (vinculado a la capacidad productiva) sino de confianza en la moneda nacional.

Esta observación invierte la causalidad convencional. No es que la Argentina deba devaluar porque "faltan dólares para importar"; faltan dólares porque los agentes económicos anticipan la devaluación y se posicionan en consecuencia. La devaluación, lejos de resolver la restricción externa, la alimenta: al validar las expectativas de depreciación, refuerza los incentivos a la dolarización preventiva. La restricción externa es, en última instancia, una crisis de confianza en la moneda nacional que se autoalimenta mediante la política cambiaria que pretende resolverla.

La trampa del capital fijo

Existe un efecto adicional, raramente discutido, que vincula la devaluación crónica con la estructura productiva. La depreciación recurrente desincentiva la inversión en capital fijo por al menos tres mecanismos:

Primero, encarece la maquinaria importada precisamente cuando los márgenes operativos están comprimidos, haciendo prohibitiva la renovación tecnológica. Segundo, acorta el horizonte de planificación empresarial: ninguna firma invierte en proyectos de maduración larga si anticipa que el próximo ajuste cambiario alterará radicalmente los precios relativos. Tercero, y más estructuralmente, sesga la rentabilidad hacia actividades extractivas —agricultura, minería, pesca— que operan con capital natural (no reproducible) en lugar de capital producido.

El sistema de precios relativos que genera la devaluación crónica favorece sectores de baja composición orgánica del capital —aquellos donde la relación capital/trabajo es reducida— en detrimento de actividades manufactureras de escala. Este sesgo no es neutral: perpetúa una especialización primario-exportadora que, paradójicamente, es la que se invoca para justificar nuevas devaluaciones. El círculo se cierra.

Hacia una estrategia alternativa

En este contexto, una estrategia distinta podría orientarse hacia la estabilización y apreciación gradual del tipo de cambio, bajo condiciones macroeconómicas consistentes: acumulación de reservas, reducción de pasivos externos de corto plazo, desendeudamiento y fortalecimiento de la credibilidad monetaria.

Una trayectoria previsible de apreciación moderada tendría varios efectos simultáneos. Primero, desincentivaría la dolarización al revertir las expectativas de depreciación perpetua. Segundo, elevaría el poder adquisitivo interno sin recurrir a aumentos nominales de salarios, facilitando la coordinación distributiva. Tercero, abarataría ciertos insumos y bienes de capital en pesos, favoreciendo la inversión productiva. Cuarto, expandiría la demanda efectiva al incrementar el salario real en términos internacionales.

En este marco, el tipo de cambio dejaría de ser un instrumento de ajuste recurrente para convertirse en un ancla de estabilidad. La competitividad, entonces, no dependería de comprimir salarios cada vez que emergen desequilibrios, sino de transformaciones estructurales que reduzcan genuinamente los costos de producción: infraestructura ferroviaria, integración energética, logística portuaria eficiente, desarrollo territorial equilibrado.

Replantear la pregunta

La cuestión de la competitividad, entonces, cambia de naturaleza. Ya no se trata de definir qué tipo de cambio permite compensar ineficiencias, sino de identificar qué transformaciones estructurales permiten eliminarlas.

Formulada en estos términos, la pregunta deja de ser cambiaria y pasa a ser productiva. Y con ello, también más exigente políticamente. Porque no se trata de determinar qué precio del dólar necesita la economía, sino qué economía puede prescindir de devaluar para funcionar.

Esa pregunta, sin embargo, no es meramente técnica. Requiere identificar qué coalición social puede sostener una estrategia de apreciación estabilizadora y transformación infraestructural de largo plazo. La experiencia histórica de las industrializaciones exitosas —Corea, Taiwán, China— sugiere que demanda un Estado capaz de coordinar la inversión a escala y una alianza entre sectores cuya rentabilidad dependa del mercado interno dinámico, no de la compresión salarial recurrente.

¿Quiénes se benefician del statu quo? Los sectores vinculados a la renta agraria, que capturan el diferencial cambiario; los importadores que especulan con stocks anticipando devaluaciones; el sistema financiero que intermedia la dolarización; y ciertos segmentos industriales de baja productividad que subsisten gracias a la protección que otorga el peso débil. En ausencia de una articulación política capaz de desplazar esa coalición, la Argentina seguirá resolviendo sus desequilibrios mediante el expediente regresivo de la devaluación, perpetuando el ciclo que dice combatir.

La pregunta final, entonces, no es económica sino política: ¿existe en la Argentina contemporánea una fracción de clase dirigente dispuesta a asumir los costos de transición hacia un modelo de desarrollo basado en infraestructura, productividad y salarios crecientes en dólares? La historia sugiere que ese proyecto requiere algo más que voluntad tecnocrática: demanda una refundación de las bases materiales y territoriales sobre las que se organiza la economía. Y eso, inevitablemente, pasa por el ferrocarril, la energía y la integración regional. No por el tipo de cambio.

NOTAS

1: Estimación basada en la composición de exportaciones argentinas. El complejo oleaginoso-cerealero y productos del agro representan consistentemente entre 50-65% de las exportaciones totales según datos del INDEC.

2: Fundación FUNDAR, "Desagregación provincial del valor agregado bruto de la Argentina", base 2004. CEPAL; Ministerio de Economía. Banco Mundial. Los datos de PBI per cápita en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA) del año 2021. El cálculo considera diferencias en costo de vida entre países y entre provincias argentinas.

3: Datos del Balance Cambiario, Banco Central de la República Argentina, período 2003-2021. Elaboración propia.

4: Datos históricos del tipo de cambio won/dólar basados en estadísticas del Bank of Korea y Bank for International Settlements (BIS), 2024.

5: Datos del tipo de cambio yuan/dólar del People's Bank of China y Federal Reserve Economic Data (FRED).

6: Datos históricos del marco alemán basados en BIS y Bundesbank. El marco pasó de aproximadamente 4,2 DM/USD en los años 50 a niveles cercanos a 1,5-2,0 DM/USD en los años 90.

7: Datos del tipo de cambio del nuevo dólar taiwanés basados en estadísticas del Central Bank of the Republic of China (Taiwan) y BIS (2023).

8: Datos del tipo de cambio yen/dólar del Bank of Japan y BIS. El yen pasó de 360 JPY/USD (sistema Bretton Woods) a niveles de 80-120 JPY/USD en décadas posteriores.

9: Datos del tipo de cambio boliviano del Banco Central de Bolivia, período 1991-2023.

10: Rodrigue, Jean-Paul, compilando datos del Banco Mundial. "Logistics Costs as a Share of GDP" en The Geography of Transport Systems. Los datos reflejan el costo total de la logística (transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, administración) como porcentaje del PIB.

11: Balance Cambiario, Banco Central de la República Argentina, período 2003-2021. Elaboración propia sobre datos oficiales del BCRA.