La realidad del sistema carcelario al desnudo

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó un nuevo informe sobre la situación de encierro en el país, el cual arrojó cifras inéditas respecto a la cantidad de presos en unidades penales. A fines de 2024, la población penitenciaria ascendió a 121.443 internos, lo que representó un incremento del 7,1% en comparación con el año anterior. Se trata de un nuevo récord histórico, que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. El documento detalló que la tasa de encarcelamiento fue de 258 detenidos por cada 100.000 habitantes, la más alta también de la que se tenga registro.

A excepción de la pandemia, el crecimiento poblacional en las cárceles se mantuvo. Al contrastar con la evolución demográfica general, se notó que la persecución penal creció a un ritmo mucho más acelerado. La cantidad de habitantes aumentó en promedio un 1% anual durante la última década, mientras la cifra de presos subió cerca del 6% cada año en ese mismo período. Asimismo, el reporte destacó una desconexión entre el aumento del encierro y la criminalidad: las estadísticas oficiales se mantuvieron relativamente estables sin acompañar el alza constante de las detenciones.

Uno de los puntos centrales del relevamiento es la sobrepoblación. El sistema operó con un nivel de ocupación del 130,2%, lo que implicó que hubo un 30% más de internos que plazas disponibles. En otras palabras, se alojaron 130 personas por cada 100 lugares habilitados. La situación varió según la región; Salta registró el índice más crítico con un 245% de ocupación, seguida por San Juan y Buenos Aires. Aunque la capacidad de alojamiento se expandió un 17,5% a nivel nacional, gracias a obras en jurisdicciones como Jujuy, Tucumán y en territorio bonaerense, no logró resolver el hacinamiento existente, según concluye el informe del CNPT.

Sin condena

El 62% de la población contaba con una condena firme, mientras que el 37,3% se encontraba en calidad de procesado, es decir, bajo prisión preventiva a la espera de una sentencia. Si bien la proporción de condenados aumentó, el uso de la detención previa al juicio siguió siendo elevado en términos absolutos, sumando más de 45.000 casos en 2024. Neuquén se destacó por tener casi la totalidad de sus internos con sentencia, a diferencia de Córdoba y Formosa, donde cerca de la mitad de los reclusos no la tenían. 

El análisis de los tipos de delitos reveló que la mayoría de los encarcelamientos, un 36,4%, respondió a ilícitos contra la propiedad, como robos o hurtos. En segundo lugar, aparecieron los hechos contra las personas, con un 21,7%, seguido muy de cerca por aquellos contra la integridad sexual, que representaron el 20,5%. Hay diferencias notables según el género: en varones predominaron las causas por robo, entre mujeres y la población transexual la principal se vinculó a estupefacientes, alcanzando el 36,3% y el 34%, respectivamente, en esos grupos.

Otro dato relevante fue el crecimiento de las penas cortas. El 17% de los condenados recibió sentencias de hasta tres años de prisión. Este porcentaje se incrementó respecto a 2022, cuando representaba el 13,5%. Se trata de delitos que, por su menor gravedad, la legislación permite en ciertos casos que sean de ejecución condicional, pero que en la práctica terminaron engrosando el sistema carcelario. San Juan, el Servicio Penitenciario Federal y Mendoza mostraron los porcentajes más altos de reclusos con este tipo de condenas. La edad promedio, a su vez, evidenció una población mayoritariamente joven: casi siete de cada diez internos tenían entre 21 y 39 años. 

Por otra parte, los extranjeros representaron el 4,5% de los detenidos, cifra proporcional al porcentaje de inmigrantes que residen en el país según el último censo, siendo la comunidad paraguaya la más numerosa. Por último, el informe mencionó la presencia de 256 individuos alojados bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental, lo que constituyó el 0,2% del total. La mayoría de estos casos se concentraron en Buenos Aires, Misiones y Salta.

Torturas

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) presentó en noviembre de 2025 sus observaciones sobre Argentina. Instó al Estado a adoptar una política de tolerancia cero y expresó su preocupación por el aumento, desde 2024, de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales. La grave situación y la falta de sanciones a los hechos denunciados muestran una continuidad de las prácticas de violencia estatal y de patrones de impunidad. 

Además, el Comité registró un agravamiento de las formas en que se manifiestan la tortura y los malos tratos, como ocurre en el régimen de “alto perfil” y el mal uso de las llamadas armas menos letales en protestas. Estas escenas muestran que la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica reiterada en la Argentina. Luego de evaluar el séptimo informe presentado por el país, el CAT destacó positivamente la vigencia de leyes y políticas como la del acceso al aborto, asistencia a víctimas y prevención de violencias, pero advirtió que conviven con retrocesos que impactan directamente tanto en las personas privadas de la libertad como en el ejercicio del derecho a la protesta.

El informe alertó sobre denuncias de tortura y malos tratos en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, Santa Fe, que incluyen simulacros de ahogamiento, golpes, abusos sexuales y descargas eléctricas. Destacó también la medicalización forzada y represalias ante denuncias internas. Además, advirtió deficiencias estructurales en la investigación judicial de este tipo de casos, donde rara vez se actúa de oficio, las pericias resultan insuficientes y los procesos se demoran, lo que contribuye a reforzar la impunidad y representa una habilitación judicial a la tortura. El CAT señaló la falta de designación de cargos del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y la insuficiencia presupuestaria para mecanismos locales. Marcó las restricciones para el acceso a centros de detención y pidió garantías para participación de la sociedad civil.

Por otra parte, remarcó las limitaciones educativas como un problema para la reinserción y señaló la existencia de violencia obstétrica, falta de insumos básicos y alejamiento de su núcleo familiar. Las Reglas de Nelson Mandela constituyen el modelo universalmente reconocido para la gestión penitenciaria en el siglo XXI. Esbozan las condiciones penitenciarias mínimas, proporcionan orientación y establecen puntos de referencia claros para el personal penitenciario sobre cómo mantener la seguridad y la dignidad humana. El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

También reparó en la situación de detención de niños, niñas y adolescentes. Observó los encierros prolongados, la distancia geográfica respecto a sus familias y la convivencia con adultos. Además, rechazó la reducción de la edad de responsabilidad penal y exigió medidas alternativas a la privación de la libertad, que exista una atención especializada y que se termine con las detenciones de menores de edad en comisarías.

Conclusión

Es una discusión profunda y estructural como para agotarla en una sola nota, tiene innumerables aristas. Sin embargo, es necesaria y urgente. La situación es alarmante y se hace cada vez más evidente. La dominación ejercida por el Estado, en tiempos de nuevos paradigmas que hacen del control y la vigilancia de los cuerpos y las mentes, expresa un mecanismo perverso y flagrante.

El trabajo denodado de familiares y organizaciones de Derechos Humanos es inagotable. Son los centinelas que incesantemente velan por la seguridad de aquellos atrapados sin salida del sistema. Aquellos que poco a poco van perdiendo sus restos de humanidad en centros de hacinamiento y tortura permanente. Son los mismos que atraviesan condenas o, en algunos casos, la esperan aún y tal vez mueran en esa resolución que nunca llega.

La problemática carcelaria se torna cada vez más crítica, es transversal a todos los gobiernos sin delimitar connotaciones ideológicas. Los sectores desposeídos siempre ponen el cuerpo y los dueños de todo construyen las leyes y las cárceles. Mientras la balanza siga asimétrica de una manera contundente, será imposible construir una sociedad realmente justa en materia de justicia y Derechos Humanos.