El proyecto de la unidad latinoamericana (IV): de la Revolución Cubana a la Guerra de Malvinas
En esta cuarta entrega se recuperan los aportes de la Revolución Cubana, al concebir la emancipación como un proceso continental y revitalizar el internacionalismo. A la par, se desplegaron iniciativas como el Pacto Andino y otros esfuerzos de articulación regional. Mientras tanto el arte y las corrientes de pensamiento crítico —desde la literatura y la música hasta el cine, el teatro y las teorías de la dependencia y la liberación— contribuyeron a forjar una identidad común y a imaginar la unidad más allá de las fronteras estatales. Como respuesta, en los años setenta se impuso una fragmentación impuesta desde arriba —expresada en el terrorismo de Estado coordinado y las recetas neoliberales—. Sin embargo, emergieron redes de apoyo entre los pueblos, así como gestos concretos de unidad, como el respaldo continental a la causa de Malvinas. En ese cruce entre tragedia y resistencia, la idea de la Patria Grande no desaparece, sino que se reconfigura y demuestra su vigencia como horizonte político y cultural.
Internacionalismo y latinoamericanismo
La Revolución Cubana encarnó una vocación integradora y antiimperialista que desbordó las divisiones estatales y proyectó la lucha política en clave continental —e incluso tricontinental—. Desde sus inicios, concibió la emancipación de América Latina como un proceso necesariamente articulado, basado en la solidaridad activa entre los pueblos y en la construcción de frentes comunes frente a la dominación externa. En este sentido, su aporte al proyecto de unidad latinoamericana no se limitó a la dimensión diplomática, sino que introdujo una concepción más profunda de integración, fundada en la convergencia de luchas, experiencias y horizontes emancipatorios compartidos. Como señaló Fidel Castro en el acto de solidaridad con Chile de diciembre de 1972:
Nosotros somos latinoamericanos, pertenecemos a esa gran comunidad, y algún día nos uniremos a ella integralmente, plenamente: el día en que la ola revolucionaria barra las incomprensiones de hoy, los chovinismos de hoy, la balcanización de hoy, los mezquinos egoísmos de hoy; el día en que la ola revolucionaria barra con el dominio imperialista sobre los pueblos de América Latina y, con el imperialismo, su odioso sistema de explotación del hombre por el hombre. A la América Latina pertenecemos. ¡Por ella estamos dispuestos a luchar junto a los demás pueblos de América Latina!
Esta perspectiva se expresó con particular intensidad en las formas de coordinación revolucionaria de los años sesenta y setenta, así como en el impulso al internacionalismo militante, cuya figura más emblemática fue Ernesto Che Guevara. Su trayectoria sintetizó la idea de que la unidad latinoamericana debía construirse también en el terreno de la acción concreta, mediante la articulación de procesos insurgentes y la disposición a trascender las fronteras nacionales en función de una causa común. De este modo, el Che se convirtió en un símbolo de una integración que no se agotaba en acuerdos entre Estados, sino que se encarnaba en la praxis revolucionaria compartida.
Un hito fundamental de esta proyección internacionalista fue la Conferencia Tricontinental, celebrada en La Habana en 1966, que reunió a movimientos y organizaciones de Asia, África y América Latina. La activa participación latinoamericana en este espacio consolidó la idea de que la unidad regional formaba parte de un entramado más amplio de luchas contra el imperialismo a escala global, reforzando los vínculos políticos y estratégicos entre los pueblos del llamado Tercer Mundo.
A su vez, las brigadas de solidaridad con Cuba —y posteriormente con Nicaragua tras el triunfo de la Revolución Sandinista— constituyeron expresiones concretas de esta tradición internacionalista. Estas experiencias, basadas en el trabajo voluntario, el intercambio político y la cooperación directa, contribuyeron a forjar lazos de unidad desde abajo, entre militantes y pueblos. En muchos sentidos, las formas contemporáneas de internacionalismo militante en el siglo XXI se reconocen herederas de ese legado, retomando la idea de que la unidad latinoamericana no es solo un proyecto institucional, sino también una práctica viva de solidaridad, compromiso y acción colectiva.
Iniciativas de integración regional
En los fermentales años sesenta se reactivó el impulso integrador en América Latina mediante la creación de instituciones que, con distintas transformaciones, han perdurado hasta el presente. Entre ellas se destaca la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), fundada en 1960 con el objetivo de establecer un área de libre comercio regional. Si bien su alcance fue limitado, sentó un precedente institucional relevante que derivó, dos décadas más tarde, en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), orientada a generar mecanismos más flexibles de convergencia económica entre los países de la región. En paralelo, ese mismo año se constituyó el Mercado Común Centroamericano (MCCA), una de las primeras experiencias subregionales de integración, que buscó articular economías nacionales relativamente pequeñas para potenciar su desarrollo conjunto.
También puede mencionarse la formación del Grupo URUPABOL en 1963, integrado por Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entre sus objetivos se destacan la coordinación de la representación ante organismos financieros internacionales, la promoción del intercambio comercial, cultural y científico, la mejora de la navegabilidad de los ríos y la armonización de sus normativas, así como el desarrollo de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones y la formulación de proyectos y acciones orientadas al interés común y la integración regional.
Un año después, en 1964, se creó el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) como un organismo regional de carácter permanente orientado a fortalecer la cooperación política entre los países de América Latina y el Caribe. Su objetivo principal fue promover la integración regional mediante el diálogo parlamentario, la armonización legislativa y la construcción de consensos sobre problemas comunes, funcionando como un espacio de articulación entre los poderes legislativos de los Estados miembros. De este modo, el Parlatino se propuso contribuir al desarrollo democrático, la paz, la justicia social y la consolidación de una identidad política latinoamericana compartida.
Otro hito significativo en los años sesenta fue el Pacto Andino, creado en 1968 con una impronta desarrollista autónoma, que aspiraba a promover la industrialización coordinada y reducir las asimetrías entre sus miembros. De este proceso surgieron instituciones clave como la Corporación Andina de Fomento —hoy Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, orientada al financiamiento del desarrollo regional, y posteriormente la Comunidad Andina, formalizada en 1996 como continuidad institucional de aquel esquema inicial. En ese marco, fue creado en 1979 el Parlamento Andino, que comenzó a funcionar en 1984, y está integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de Chile como país asociado.
Ya en la década de 1970 surgió la Comunidad del Caribe (CARICOM), creada en 1973 como un mecanismo de integración regional entre países del Caribe anglófono. Su objetivo principal fue promover la cooperación económica, la coordinación de políticas exteriores y el desarrollo social de sus miembros, además de avanzar hacia la integración de sus economías mediante un mercado común. Con el tiempo, CARICOM se consolidó como un espacio clave de articulación regional en el Caribe, incorporando también dimensiones políticas, culturales y de seguridad.
Estas experiencias constituyen aportes significativos al proyecto de unidad latinoamericana en tanto lograron institucionalizar, por primera vez de manera relativamente estable, diversos mecanismos de cooperación e integración regional. Sin embargo, sus resultados han estado por debajo de las expectativas originales, en gran medida porque se mantuvieron fuertemente ancladas en una lógica economicista y orientada al libre comercio, lo que limitó su capacidad para avanzar hacia formas más profundas de integración política, social y productiva. Estas restricciones no pueden comprenderse al margen del contexto de la Guerra Fría, en el que la región se convirtió en un escenario de disputa entre distintas iniciativas de ordenamiento geopolítico.
En ese marco, se entrecruzaron el proyecto hemisférico impulsado por Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso —como expresión diplomática del llamado “desarrollismo” bajo tutela imperial—, el impacto político e ideológico de la Revolución Cubana como horizonte de ruptura con la hegemonía norteamericana, y las iniciativas integradoras latinoamericanas que buscaban cierto margen de autonomía regional. Estas últimas, en parte inspiradas en experiencias como la Comunidad Económica Europea (creada en 1957), intentaron construir esquemas de cooperación propios sin romper abiertamente con la influencia de Estados Unidos, lo que explica en buena medida su tolerancia relativa por parte de Washington. En este equilibrio inestable entre dependencia y autonomía se inscriben tanto los avances como los límites estructurales de los procesos integracionistas de las décadas de 1960 y 1970.
Un arte latinoamericano
Entre las décadas de 1950 y 1970, el arte desempeñó un papel decisivo en la construcción de una sensibilidad común latinoamericana, acompañando y, en muchos casos, anticipando los proyectos políticos de integración. En el terreno literario, el llamado “boom” —con figuras como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti o Carlos Fuentes, y autores posteriores como Eduardo Galeano—, contribuyó a proyectar una imagen de América Latina como un espacio cultural compartido, atravesado por problemáticas históricas, sociales y políticas comunes. Sus obras circularon ampliamente por la región y el mundo, consolidando un imaginario latinoamericano que trascendía las fronteras nacionales y permitía reconocerse en experiencias y lenguajes afines.
De manera paralela, la canción comprometida —expresada en movimientos como la Nueva Canción Latinoamericana— reforzó esa trama cultural común desde una perspectiva explícitamente política. Artistas como Violeta Parra, Víctor Jara, Alredo Zitarrosa, Mercedes Sosa o Silvio Rodríguez pusieron en circulación repertorios que apelaban a la unidad de los pueblos latinoamericanos, denunciaban las injusticias sociales y la dependencia externa, y reivindicaban una identidad cultural propia. A través de festivales, grabaciones y redes de solidaridad artística, estas expresiones contribuyeron a tejer vínculos entre países y movimientos, configurando un espacio simbólico compartido.
A este proceso se sumó con fuerza el aporte de las artes visuales, que contribuyeron a forjar diversas iconografías con identidad latinoamericana, atravesadas por la historia, el sufrimiento social y las aspiraciones emancipatorias. El muralismo mexicano, impulsado tras la Revolución Mexicana de 1910, extendió su influencia a lo largo de gran parte del siglo XX. Asimismo, la proyección de la llamada Escuela del Sur de Joaquín Torres García —creador de la emblemática América Invertida, con el Sur en la parte superior del mapa, y promotor de una articulación entre el arte precolombino y el arte moderno— constituyó una de las contribuciones más relevantes a la construcción de lenguajes plásticos propios en la región. Por otra parte, la obra del ecuatoriano Oswaldo Guayasamín resulta emblemática en este sentido: sus series, centradas en el dolor humano, la violencia y la opresión, trascendieron lo nacional para expresar una sensibilidad latinoamericana compartida, interpelando a los pueblos del continente desde una estética profundamente comprometida. Su pintura no solo denunció las injusticias, sino que también contribuyó a construir una memoria visual de las heridas históricas de la región.
En Argentina, esta articulación entre arte y compromiso político alcanzó una expresión particularmente radical con la experiencia de Tucumán Arde, una intervención colectiva que desbordó los límites tradicionales del campo artístico para denunciar la situación social en la provincia de Tucumán tras el cierre de ingenios azucareros. Vinculada a figuras como Ricardo Carpani, esta iniciativa combinó arte, investigación y acción política, proponiendo una estética de la denuncia que buscaba incidir directamente en la realidad. En sintonía con otras experiencias latinoamericanas, Tucumán Arde reforzó la idea de que el arte podía ser una herramienta de articulación y concientización continental, contribuyendo a una identidad común basada en la visibilización de las injusticias estructurales compartidas.
A este proceso se sumaron también el teatro y el cine, que desempeñaron un papel central en la construcción de una conciencia crítica y una sensibilidad compartida en América Latina. En el ámbito teatral, emergieron experiencias fuertemente comprometidas con la realidad social y política de la región, que buscaron interpelar al público y romper con las formas tradicionales de representación. Propuestas como el teatro del oprimido del brasileño Augusto Boal o las dramaturgias del argentino Osvaldo Dragún impulsaron un arte participativo, pedagógico y de denuncia, orientado a visibilizar las desigualdades y promover la acción colectiva. Estas experiencias contribuyeron a tejer redes culturales a escala regional, reforzando la idea de un destino común latinoamericano.
En paralelo, el cine vivió un período de renovación profunda con el surgimiento del llamado Nuevo Cine Latinoamericano, que se propuso romper con los modelos comerciales dominantes y construir una mirada propia sobre las realidades del continente. Alcanzó una de sus expresiones más reconocidas con la filmografía del brasileño Glauber Rocha; además de obras y manifiestos como los de Fernando Solanas y Octavio Getino —particularmente a través de La hora de los hornos— o las producciones del cubano Tomás Gutiérrez Alea, que apostaron a un cine político, antiimperialista y de vocación continental. Estas obras no sólo denunciaban las estructuras de dependencia y opresión, sino que también buscaban generar una toma de conciencia y fortalecer los lazos entre los pueblos latinoamericanos.
Tanto el teatro como el cine, al igual que la literatura, la música y las artes visuales, contribuyeron así a la construcción de un imaginario común, en el que América Latina continuó pensándose a sí misma como una unidad histórica, cultural y política. A través de lenguajes accesibles y de fuerte impacto colectivo, estas expresiones ampliaron el alcance del proyecto integrador, llevándolo más allá de las élites intelectuales y consolidándose como una experiencia compartida en amplios sectores sociales.
Dicho esto, no queremos transmitir una imagen monolítica del arte latinoamericano de estas décadas. Por el contrario, las artes en América Latina atravesaron orientaciones estéticas muy diversas y, en muchos casos, se han visto atrapadas en intensas polémicas teóricas y disputas de sentido sobre el rol del arte, la tradición y la modernidad. En estas tensiones convivieron corrientes vanguardistas, realismos sociales, indigenismos, abstracciones y propuestas de fuerte anclaje político o identitario.
Sin embargo, lejos de constituir un campo fragmentado sin puntos de contacto, esta diversidad ha ido conformando, a lo largo del tiempo, una urdimbre compleja de símbolos, imaginarios y representaciones que contribuyen a la construcción de identidades latinoamericanas múltiples, en permanente diálogo y disputa. En ese entramado, el arte no solo refleja la realidad social y cultural de la región, sino que también participa activamente en su elaboración simbólica, dando forma a sentidos compartidos sobre la historia, la memoria y las aspiraciones de sus pueblos.
Avance de las ideas unionistas
En el plano intelectual, el latinoamericanismo adquirió una densidad teórica y política singular a partir de diversas corrientes que, desde distintos enfoques, convergieron en la idea de pensar a América Latina como un sujeto histórico colectivo. Entre ellas se destacan la Teología de la Liberación, la Filosofía de la Liberación, la Pedagogía del Oprimido, la Izquierda Nacional, el Revisionismo Histórico, el Estructuralismo económico, la Teoría de la Dependencia y el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo.
En cuanto a la Teología de la Liberación, esta corriente emergió en el seno del catolicismo latinoamericano a partir de la década de 1960, con figuras centrales como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y Hélder Câmara, entre otros. Su punto de partida fue la “opción preferencial por los pobres”, entendida no solo como un principio pastoral, sino también como una clave teológica para interpretar la historia desde las condiciones concretas de opresión y exclusión de los pueblos latinoamericanos. Entre sus derivaciones se destaca la llamada Teología del Pueblo, con referentes como Lucio Gera, Rafael Tello, Juan Carlos Scannone y Alberto Methol Ferré, corriente que tuvo una influencia significativa en la formación teológica y pastoral del Papa Francisco. Estas perspectivas implicaron una profunda renovación de la teología tradicional, al vincular la fe con la praxis liberadora y con la transformación de las estructuras sociales injustas, lo que quedó reflejado en los documentos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
La Filosofía de la Liberación constituyó otro aporte decisivo en el plano del pensamiento crítico latinoamericano. Surgida en la década de 1970, especialmente a partir de la obra de autores como Enrique Dussel, Leopoldo Zea, Arturo Andrés Roig, Mario Casalla, Rodolfo Kusch, Carlos Cullen, Dina Picotti, Juan Carlos Scannone y Amelia Podetti, entre otros, esta corriente elaboró una crítica radical al eurocentrismo filosófico y a las formas de dependencia intelectual que habían estructurado la producción de conocimiento en la región. Su propuesta consistió en pensar desde la exterioridad de los sujetos oprimidos de América Latina, recuperando las experiencias históricas propias como punto de partida para una reflexión filosófica situada.
En este entramado de corrientes críticas que emergieron con fuerza en los años sesenta, resulta fundamental incorporar el aporte de la pedagogía latinoamericana, particularmente a través de la obra de Paulo Freire. Su propuesta de educación popular, desarrollada en textos como Pedagogía del oprimido, planteó una profunda crítica a los modelos educativos tradicionales, a los que caracterizó como “bancarios”, por su carácter vertical y reproductor de la dominación. Frente a ello, Freire propuso una pedagogía dialógica, centrada en la conciencia crítica (concientización) y en la capacidad de los sujetos de transformar su realidad.
El aporte de la educación popular al proyecto de unidad latinoamericana radica en haber concebido la formación política y cultural de los pueblos como una condición indispensable para la emancipación. Al igual que la Teología y la Filosofía de la Liberación, el pensamiento de Freire partía de la experiencia histórica concreta de América Latina, reconociendo en los sectores populares no solo a los destinatarios, sino a los protagonistas del cambio social. De este modo, la integración regional dejaba de ser un proceso exclusivamente estatal o diplomático para pensarse también como una construcción desde abajo, basada en la participación activa, la toma de conciencia y la solidaridad entre los pueblos.
En paralelo, la llamada Izquierda Nacional —entendida como una síntesis entre socialismo y nacionalismo antiimperialista— desarrolló una lectura crítica del colonialismo cultural y económico en la región, subrayando la inseparabilidad entre la liberación social en la sociedad de clases y la emancipación nacional. Esta perspectiva fue anticipada por figuras precursoras como Manuel Ugarte y Carlos Quijano, quienes ya habían planteado tempranamente la necesidad de una unidad política y social de América Latina frente a las formas de dominación imperial.
En esta línea, intelectuales como Jorge Abelardo Ramos, Juan José Hernández Arregui, Vivian Trías y Alberto Methol Ferré sostuvieron que la construcción de la Patria Grande no constituía una aspiración meramente retórica, sino una estrategia política imprescindible frente a la dependencia estructural. En sus obras, la unidad latinoamericana aparece inscripta en una perspectiva histórica concreta, vinculada a los procesos de formación nacional inconclusos y a la necesidad de articular proyectos soberanos a escala regional. Por su parte, el concepto de “socialismo moreno” propuesto por Darcy Ribeiro puede entenderse como una variante brasileña, de proyección latinoamericana, del socialismo nacional y de la izquierda nacional rioplatense.
Desde el revisionismo histórico, figuras como Fermín Chávez aportaron una relectura de los orígenes de la identidad latinoamericana, rastreando en las expresiones de la cultura popular de fines del siglo XVIII un sustrato americano, nacional, mestizo y multígeno. Esta perspectiva permitió resignificar episodios como las invasiones inglesas de 1806 y 1807 al Río de la Plata como momentos de afirmación de un sujeto colectivo en gestación.
Asimismo, diversos historiadores latinoamericanos llevaron adelante una revisión crítica de la Guerra de la Triple Alianza, cuestionando las interpretaciones liberales tradicionales y proponiendo una lectura del conflicto desde una perspectiva latinoamericanista y antiimperialista. En esta línea se inscriben los trabajos de León Pomer, José María Rosa, Roberto Ares Pons, Carlos Machado y Julio José Chiavenato, entre otros, quienes interpretaron la guerra como una tragedia continental vinculada a los intereses del imperialismo británico y a las oligarquías locales, más que como un enfrentamiento meramente interestatal.
Por su parte, en el campo económico y del pensamiento del desarrollo, las discusiones impulsadas en torno a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resultaron fundamentales para comprender la inserción subordinada de la región en la economía mundial. Autores como Raúl Prebisch, fundador de la escuela estructuralista, junto con economistas y sociólogos como Celso Furtado, Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, contribuyeron a formular la idea de la relación centro-periferia como clave explicativa del desarrollo desigual. Posteriormente, los teóricos de la dependencia, entre ellos Theotonio dos Santos, André Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, entre otros, profundizaron estas categorías, permitiendo pensar el subdesarrollo no como una etapa previa al desarrollo, sino como una condición estructural producida y reproducida por el sistema capitalista internacional.
Estas perspectivas dialogaron estrechamente con el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED), que planteó la necesidad de construir capacidades científico-tecnológicas propias, orientadas a las necesidades sociales de la región y no subordinadas a las lógicas de los países centrales. En esta línea, autores como Oscar Varsavsky, Constantino Vaitsos, Amílcar Herrera, Jorge Sabato, Miguel Wionczek, Francisco Sagasti, entre otros, impulsaron la idea de un desarrollo científico autónomo, vinculado a proyectos nacionales y regionales de transformación, cuestionando la neutralidad del conocimiento científico y su inserción en estructuras de dependencia.
Asimismo, la creación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 1967 contribuyó a consolidar un espacio intelectual regional dinámico, articulando centros de investigación, universidades y redes académicas en distintos países de América Latina. Bajo la influencia de figuras como Ruy Mauro Marini, Florestan Fernandes, Enzo Faletto y Theotonio dos Santos, entre muchos otros, CLACSO promovió un intercambio fluido de ideas y una reflexión de escala continental sobre las problemáticas sociales, políticas y económicas de la región.
En conjunto, estas corrientes —filosóficas, teológicas, pedagógicas, históricas, económicas, científico-tecnológicas e institucionales— contribuyeron a dotar al proyecto de unidad latinoamericana de un andamiaje conceptual sólido, capaz de articular identidad, diagnóstico y estrategia. Más allá de sus diferencias, todas coincidieron en afirmar que la integración regional no es solo un horizonte deseable, sino una condición necesaria para la emancipación efectiva de los pueblos de América Latina.
Una geopolítica desde el sur
En las décadas de 1960 y 1970 comenzó a delinearse con mayor nitidez una reflexión geopolítica propiamente latinoamericana, orientada a pensar la región no como un mosaico de Estados aislados, sino como un espacio estratégico integrado con intereses comunes en el escenario internacional. En este marco, el pensamiento integracionista encontró una elaboración teórica profunda en Alberto Methol Ferré, quien, en diálogo con Vivían Trías, analizó la historia rioplatense, sudamericana y latinoamericana desde la perspectiva de la construcción de un gran espacio geopolítico unificado. Para estos pensadores, la emancipación de las semicolonias balcanizadas sólo sería posible a través de su inserción en un proyecto superior de unidad, que debía culminar en la formación de un Estado continental latinoamericano, en continuidad con la tradición bolivariana.
Asimismo, el general argentino Juan Enrique Guglialmelli aportó, desde el campo de la geopolítica como ciencia, una reflexión sistemática sobre la integración sudamericana, destacando la importancia de la articulación territorial, la infraestructura y la complementariedad económica como bases para la construcción de poder regional. Desde su perspectiva, la integración no constituía únicamente un ideal político, sino una necesidad estratégica frente a un orden mundial estructurado por grandes bloques de poder. En este sentido, concebía la construcción de la unidad regional no desde la lógica restringida de la Cuenca del Plata, sino a partir de una visión más amplia del Cono Sur bioceánico y patagónico-antártico como espacio geopolítico integrado.
En diálogo con estos aportes, emergió en el campo de las relaciones internacionales una corriente teórica latinoamericana conocida como la Escuela Autonomista. Esta buscó pensar la inserción internacional de la región a partir de sus condiciones históricas específicas y no como mera aplicación de paradigmas elaborados en los centros de poder. Uno de sus principales referentes fue Juan Carlos Puig, académico y diplomático argentino, que desarrolló una tipología de las formas de dependencia. Desde esa perspectiva, planteó la necesidad de avanzar hacia mayores grados de autonomía mediante políticas exteriores activas, selectivas y orientadas a la defensa del interés nacional, entendido en clave de ampliación del margen de decisión frente a los condicionamientos del sistema internacional.
En diálogo con estas ideas, el sociólogo y politólogo brasileño Helio Jaguaribe desarrolló una reflexión convergente sobre la noción de “autonomía posible”, en la que buscó pensar los márgenes reales de acción de los países periféricos dentro del sistema internacional. Desde su perspectiva, el desarrollo y la inserción internacional no dependían únicamente de factores económicos, sino de la articulación entre Estado, proyecto nacional y contexto global, lo que implicaba la necesidad de construir capacidades estatales y estrategias políticas consistentes. En este marco, la autonomía era entendida como un proceso gradual y no lineal, condicionado por restricciones internas y externas, pero al mismo tiempo indispensable para superar las formas estructurales de dependencia y ampliar el margen de decisión de los países de la región en el escenario mundial.
La escuela autonomista aportó así una mirada estratégica que vinculó política exterior, desarrollo e integración regional, reforzando la idea de que ningún país latinoamericano podía alcanzar niveles significativos de autonomía en soledad. En consecuencia, la unidad regional dejó de ser solo un ideal histórico o cultural para convertirse en una condición concreta de posibilidad para una inserción internacional más justa y soberana. Estas elaboraciones teóricas contribuyeron a consolidar un pensamiento propio en relaciones internacionales, enraizado en la experiencia latinoamericana y orientado a la construcción de mayores márgenes de decisión en el sistema mundial.
En paralelo, Juan Domingo Perón, en sus obras del exilio Latinoamérica: ahora o nunca (1967) y La hora de los pueblos (1968), también puede ser considerado un precursor del pensamiento geopolítico latinoamericano. Desde una perspectiva estratégica, sostuvo allí que el mundo tendía a organizarse en grandes espacios continentales y que América Latina debía necesariamente integrarse para evitar su fragmentación y subordinación en el sistema internacional. En ese marco, planteó la idea de la Patria Grande como un proyecto político y geopolítico, no solo cultural o simbólico, en el que la unidad regional aparecía como condición de supervivencia y de autonomía frente a los bloques de poder dominantes.
En conjunto, estas contribuciones dieron forma a una incipiente ciencia geopolítica latinoamericana que buscó pensar el destino de la región en clave autónoma, articulando historia, territorio, economía y política. En ese proceso, se distanciaron de las bases epistemológicas socialdarwinistas propias de la geopolítica clásica e imperial, proponiendo en su lugar una lectura histórica y política centrada en las tensiones de dependencia, integración y emancipación características de América Latina. Al hacerlo, reforzaron la idea de que la unidad latinoamericana no constituye solo un proyecto cultural o político, sino también una condición de posibilidad para la existencia de naciones efectivamente soberanas en un mundo crecientemente organizado en grandes espacios de poder.
Solidaridad frente al Terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas
Los golpes de Estado instaurados en las décadas de 1970 y 1980 marcaron un quiebre profundo en los procesos de articulación latinoamericana, al imponer regímenes que combinaron represión interna, reconfiguración económica y alineamiento externo. En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, estas dictaduras promovieron la persecución sistemática de militantes, intelectuales, artistas y científicos, generando exilio, dispersión y, en muchos casos, muerte y desaparición. Este vaciamiento de las capacidades críticas y creativas de la región se combinó con la imposición de políticas económicas de corte neoliberal y con la adopción de la doctrina de seguridad interior, que redefinió a amplios sectores de la sociedad como “enemigos internos”.
En este contexto, las Fuerzas Armadas fueron progresivamente desnacionalizadas en su doctrina y en su orientación estratégica, subordinándose a los lineamientos de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. La coordinación represiva alcanzó una escala continental a través del Plan Cóndor, que articuló a los regímenes del Cono Sur en una red de persecución, secuestro y eliminación de opositores más allá de las fronteras nacionales. En este sentido, puede hablarse de una forma de “integración negativa”: una integración del terrorismo de Estado, que operó como contracara siniestra de los proyectos históricos de unidad latinoamericana. El neoliberalismo, como doctrina social y económica, se constituyó en el correlato del modelo represivo y neocolonial impuesto en la región, funcionando como su dimensión estructural al promover la desregulación, la apertura indiscriminada y la subordinación de las economías latinoamericanas a los centros de poder global.
Sin embargo, incluso en ese escenario de fragmentación y sometimiento, emergieron signos de una persistente conciencia regional. Por un lado, se desplegó una densa y muchas veces invisible red de solidaridad continental que buscó proteger a las víctimas de la represión. Esta trama solidaria expresó una forma de integración desde abajo, sostenida por organizaciones sociales, iglesias, sindicatos, organismos de derechos humanos y comunidades de exiliados. Países como México, Venezuela y, en ciertos períodos, Perú, Ecuador y Costa Rica, se convirtieron en destinos clave para miles de perseguidos políticos provenientes de Argentina, Chile, Uruguay y otros países de la región. Allí se organizaron redes de recepción que brindaban alojamiento, trabajo, contención y posibilidades de reconstruir la vida en condiciones de destierro. En muchos casos, estas redes operaron de manera clandestina o semiclandestina, sorteando los mecanismos de coordinación represiva entre las dictaduras adheridas a la doctrina de seguridad nacional.
Por otro lado, la Guerra de Malvinas constituyó un momento paradójico en el que, más allá de la naturaleza del régimen argentino, la reivindicación de la soberanía sobre las islas despertó una amplia solidaridad en América Latina. Desde distintos países de la región —como Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Cuba, Nicaragua, México, Uruguay y Ecuador— se registraron expresiones de apoyo y ofrecimientos de hombres y mujeres dispuestos a sumarse al conflicto, en un gesto que trascendía las fronteras nacionales y expresaba una fuerte identificación con la causa. Este apoyo evidenció que, aun en contextos adversos, la idea de la Patria Grande seguía presente en el imaginario de los pueblos latinoamericanos, capaz de reemerger frente a desafíos que interpelaban la soberanía y la dignidad colectiva de la región.
Cabe destacar que, a lo largo de las décadas posteriores, la mayoría de los países latinoamericanos han respaldado diplomáticamente el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, una causa de carácter descolonizador que ya contaba con apoyos desde comienzos del siglo XX. Asimismo, la guerra evidenció las limitaciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), al mostrar que su funcionamiento efectivo tendía a responder a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Durante el conflicto de 1982, el gobierno de Washington brindó, al menos, apoyo logístico e inteligencia a las fuerzas británicas, lo que fue interpretado por diversos países como una violación del tratado. Este hecho contribuyó a intensificar la conciencia antiimperialista en América Latina y llevó, progresivamente, a que varios Estados cuestionaran su vigencia e incluso se retiraran o dejaran de aplicarlo activamente.