El Partido Intransigente y la política que falta

Durante años se instaló la idea de que la Ciudad de Buenos Aires funcionaba, que había encontrado un modelo basado en la gestión eficiente, el orden y la previsibilidad: el modelo PRO. Pero en ese proceso ocurrió algo más profundo: la gestión dejó de ser una herramienta para convertirse apenas en un slogan. Se vació de contenido y se transformó en una marca, repetida incluso cuando la realidad empezó a desmentirla.

Hoy invocar la “gestión” dice poco sobre lo que efectivamente sucede. Funciona como una coartada: una forma de evitar la discusión de fondo mientras se administra la inercia. Ya no describe capacidad, ni dirección, ni resultados consistentes. Nombra, más bien, una forma de administrar la inercia, de sostener lo existente sin hacerse cargo de los problemas nuevos. Lo que alguna vez fue un instrumento de modernización terminó convertido en un dispositivo para no discutir el poder

Hoy la Ciudad ya no es ese laboratorio de innovación que alguna vez quiso ser. Se parece más a una estructura que administra lo existente, pero que perdió capacidad de iniciativa. Funciona, sí, aunque cada vez con menos dirección. Mantiene lo que tiene, pero dejó de proyectar hacia adelante. 

El PRO hizo de la gestión su núcleo identitario y, en ese movimiento, terminó atrapado en su propio relato solo para sostenerse. Lo que comenzó como una promesa de modernización derivó en una lógica cada vez más rutinaria, donde la repetición reemplazó a la innovación y el branding comunicacional reemplazó a la política. La gestión ya no organiza un proyecto, sino que lo sustituye. Se gestiona lo que hay, pero se dejó de discutir hacia dónde ir. La gestión se convirtió en una marca vacía que solo se sostiene con costosísimos gastos en publicidad.

Del otro lado, la respuesta tampoco logró consolidarse. El peronismo, con presencia fragmentada y sin una narrativa consistente en la Ciudad, quedó atrapado entre la denuncia y la nostalgia. Señala con acierto lo que no funciona, pero no logra traducir ese diagnóstico en una propuesta capaz de interpretar este tiempo. Reivindica derechos, pero muchas veces lo hace con herramientas pensadas para una estructura económica que ya no existe.

A esto se sumó el experimento libertario, que irrumpió con una promesa de ruptura pero que, en la práctica, se reduce a una lógica de demolición. Allí donde el PRO administra sin imaginar y el peronismo critica sin construir, el libertarismo propone retirar al Estado como si el problema fuera su mera existencia. El resultado no es una modernización, sino una renuncia anticipada a disputar poder en un contexto donde ese poder se está reconfigurando aceleradamente.

En ese marco, la palabra “gestión” funciona hoy como un dispositivo defensivo. Se la invoca para evitar la discusión de fondo, para desplazar el debate estratégico hacia una zona más cómoda, donde todo se mide en términos operativos y nada se discute en términos de poder. Pero una ciudad, y mucho menos un país, no se gobiernan solo con gestión. Se gobiernan con dirección, con lectura del contexto y con capacidad de anticipar transformaciones.

Ninguno de estos actores está abordando el núcleo del problema. La política argentina, y la porteña en particular, sigue discutiendo categorías viejas frente a transformaciones nuevas, mientras el mundo reorganiza el poder en torno a los datos, las plataformas y la inteligencia artificial. No se trata de una discusión abstracta, sino de quién define las reglas en esta nueva etapa.

Las grandes plataformas digitales ya no son solo empresas. Funcionan como infraestructuras de organización social:, intermedian trabajo, consumo e información, y acumulan datos a una escala que les otorga una capacidad de coordinación inédita. En los hechos, construyen sistemas de gobernanza que operan en paralelo a los Estados, muchas veces con mayor eficacia y siempre con poco o nulo control democrático.

Frente a ese escenario, el Estado argentino aparece desactualizado, no por exceso sino por falta de inteligencia. No alcanza con defenderlo en abstracto, como hace parte del peronismo, ni con reducirlo, como proponen los libertarios. Tampoco alcanza con gestionarlo eficientemente, como insiste el PRO. El problema ya no es solo cuánto Estado hay, sino qué tipo de capacidades tiene y para qué se utiliza.

Un Estado que no comprende el funcionamiento del capitalismo digital no puede regularlo. Un Estado que no desarrolla capacidades propias en inteligencia artificial queda subordinado a sistemas que no controla. Un Estado que no produce ni procesa datos en escala pierde capacidad de decisión y, con ella, pierde soberanía.

Sin embargo, estos temas siguen prácticamente ausentes del debate político. El PRO habla de eficiencia sin discutir poder, el peronismo habla de derechos sin actualizar sus instrumentos, y los libertarios hablan de libertad mientras naturalizan niveles extremos de concentración privada. Ninguno está pensando de manera sistemática cómo se construye poder público en el siglo XXI.

En ese contexto, el relanzamiento del Partido Intransigente no es un gesto nostálgico, sino la posibilidad de recuperar una tradición política que supo leer los cambios estructurales antes de que se volvieran evidentes. Se trata de volver a poner en el centro una idea básica, pero hoy casi olvidada: que la política no es solo administrar lo dado, sino intervenir sobre lo que está emergiendo.

Esa intervención exige una agenda concreta. Implica regular plataformas digitales como parte central de la política económica, discutir la tributación de las grandes corporaciones tecnológicas que operan en el país sin un correlato fiscal adecuado, desarrollar infraestructura pública de datos e impulsar sistemas de inteligencia artificial con orientación estatal. No se trata de futurismo ni de retórica tecnológica, sino de construir herramientas efectivas para disputar capacidad en un nuevo escenario.

Al mismo tiempo, la cuestión social ya no puede pensarse en los términos tradicionales. La precarización del trabajo, la fragmentación de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo están directamente vinculadas a un modelo productivo que combina alta concentración tecnológica con baja generación de empleo de calidad. Sin una intervención inteligente, esa dinámica no se corrige, sino que tiende a profundizarse.

Por eso, discutir el trabajo hoy implica discutir plataformas, y discutir salarios implica discutir productividad tecnológica. De la misma manera, discutir derechos implica discutir datos y su apropiación. La política que no incorpore estas dimensiones no solo queda desactualizada, sino que pierde capacidad de incidir, queda fuera de juego.

El problema es que buena parte de la dirigencia sigue más cómoda discutiendo el pasado que construyendo el futuro. Se debate sobre lo que fue el Estado, pero no sobre lo que tiene que ser. Se discute cuánto ajustar o cuánto sostener, pero no cómo rediseñar sus funciones en un contexto completamente distinto.

En ese vacío, la reaparición del Partido Intransigente puede ser algo más que un dato partidario. Puede ser una señal de que hay un espacio dispuesto a volver a pensar la política con densidad, sin consignas fáciles y sin aceptar que las únicas opciones disponibles sean administrar la inercia o celebrar el desmantelamiento. Es necesario construir poder para intervenir en lo que viene.