Argentina: ¿Un paraíso para el crimen organizado?

Tres definiciones que lo aclaran todo:

“Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”.
“El que evade es un héroe”.
“Vamos a eliminar todas las regulaciones del Estado”.

Parecen afirmaciones amarillistas de un panelista de un programa televisivo de chimentos, lo cual podría calificarse como uno de los tantos prolegómenos de los panelistas a cometer diversos delitos tipificados en nuestro Código Penal pero son palabras del Presidente de la Nación, por eso se convierten es muy peligrosas, trascienden las fronteras y son decodificadas por los grupos criminales.

El crimen organizado para su instalación necesita un Estado débil. No sólo en sus fuerzas policiales sino también en la educación, en la salud, en el orden urbano, en la planificación de las ciudades y en el fomento de la producción y el trabajo.  Son bienes escasos que el crimen organizado puede garantizar para su grupo.

Necesita además ingresar a circuitos legales el dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas, de la venta de órganos, minerales y animales salvajes. Para ello precisa tener bajo control del origen de los fondos y poder invertirlos en la construcción, gastronomía, hotelería, agro, servicios de distintos tipos. 

Una AFIP con bajo poder de contralor, una SIDE ocupada en la política interna y con fondos bajos o nulos en el área de inteligencia del crimen organizado (DNIC). Menos control significa mayor ingreso de dinero narco a los circuitos legales, un verdadero paraíso de inversiones proveniente del crimen organizado.

Eliminadas las regulaciones del Estado en temas sensibles como en productos farmacéuticos y armas permite a los grupos criminales un mayor poder de organización. Hoy Argentina es un país de tránsito, todas las semanas pasan aviones y aterrizan en cualquier provincia del norte, es relativamente fácil salvo que por un hecho fortuito se caiga la aeronave.

De allí ingresa por las rutas 5, 7 y 9 directo a Rosario y AMBA, pero de todo lo que ingresa la mayor parte tiene como destino Europa donde el valor se multiplica por 30, lejos está la Argentina de ser un mercado interesante, pero si hay un presidente que les pone a disposición un RIGI podrían tentarse en instalar sus organizaciones en cualquier urbe de la Argentina. 

El mayor impacto lo tiene el conurbano bonaerense, donde lo que ingresa se rebaja con distintas sustancias y el producto que entra de alta calidad se lo multiplica por 10. Eso permite cooptar en el negocio a cualquier grupo marginal fácilmente desechable, dinero rápido y fácil. 

Hay que recordar lo que sucedió en Tres de Febrero con la venta de cocaína envenenada, rebajada con diversos químicos. Esto ya pasó y fue parte del enorme paquete de desregulaciones que orgulloso mostraba el Ministro Sturzenegger.

Con la desregulación en 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) eliminó la obligatoriedad de que técnicos de la ANMAT viajen a inspeccionar laboratorios extranjeros. Simplemente se aceptan certificaciones de buenas prácticas emitidas por organismos internacionales de control.

Y para terminar el año, dispuso la eliminación de controles de calidad y barreras técnicas al ingreso de diversos productos importados para el sector salud, quitando el control estatal sobre estos insumos.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad quitó a la Policía federal y Gendarmería de las calles del Conurbano. Además de privar a la provincia de Buenos Aires del Fondo de Seguridad, unos 750 mil millones de pesos.

Por un lado, el Estado nacional sostiene a la Policía Metropolitana con la transferencia de recursos que se hizo durante el gobierno de Macri y desfinancia a la policía bonaerense, un despropósito total ya que a región del AMBA es una y el delito no reconoce uno y otro lado de la General Paz o del Riachuelo.

La solución es la contraria, más recursos. Debería haber una policía financiada por el Estado Nacional que abarque los 41 municipios del AMBA y una Policía Federal desplegada en el territorio abocada al crimen organizado. 

Parece ser que, más allá del anuncio de Patricia Bullrich, este no es el camino. El Ministerio de Seguridad tiene como única prioridad la aplicación del protocolo antipiquetes que pareciera ser más efectista y mediático.

Estas acciones de un gobierno que dice querer destruir el Estado ponen en peligro a la Argentina. El crimen organizado cuando se instala definitivamente hace estragos, se convierte en un verdadero subsistema que organiza y controla a la sociedad.

El Presidente Javier Milei deberá reflexionar y el Congreso observar con dedicación este tema, aún estamos a tiempo.