Los derechos vacíos o el vacío del derecho

Tal vez desde el retorno de la democracia en 1983, no hayamos vivido otro momento histórico en el que más claramente ciertos derechos -que desde siempre entendimos como esenciales- parecen haber perdido toda eficacia real. La Constitución misma se nos presenta como algo abstracto y lejano, y hasta veces, como algo optativo o condicional para aquel que debe cumplirla.

No me refiero a grandes utopías. El salario digno, el trabajo en blanco, la protección sindical, la jubilación digna, la educación y salud públicas, gratuitas y de calidad -entre otros- son derechos que no solo no se cumplen de manera efectiva para una gran parte de la población sino que el gobierno nacional simplemente desconoce a través de su indiferencia. Como también desconoce los mecanismos democráticos y republicanos destacados como fundamentales por nuestro sistema jurídico.

¿Era un cuento eso de la Constitución? ¿Nos mintieron en la escuela? Podemos decir que sí y que no. La propia teoría constitucional liberal entiende que el poder supremo en todo estado de derecho es la letra de la ley. En este marco, el ordenamiento jurídico —el conjunto de normas que rigen una sociedad— sería el encargado de estructurar un sistema justo y reconocer a cada persona los mismos derechos. Asimismo, establece varios mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo de estos derechos. De esta manera, todos estaríamos bajo los designios de la ley y nadie podría situarse por encima de ella. Y aquí podemos observar la principal falencia de la teoría constitucional liberal: desconocer parte de la realidad. En la realidad material -nuestra cotidianeidad- la ley no es el poder supremo. Lamentablemente es un poder más que convive con otras fuerzas mucho más potentes y que exceden al sistema jurídico.

De allí que ciertos derechos se cumplan más que otros y que otros derechos directamente no se cumplan nunca. Una persona en situación de calle y una persona que vive en un barrio privado tienen, según la Constitución, exactamente el mismo derecho a la vivienda digna. La diferencia es que la persona del barrio privado tiene la fuerza necesaria para motorizar su derecho, el poder económico, el dinero para comprar el terreno y construir su casa. La persona que vive en la calle tiene el mismo derecho a la vivienda digna, no hay duda. Pero tiene un derecho vacío, un derecho que, sin esa fuerza que lo motorice, no llega a hacerse realidad. Es que en la realidad material, todo derecho necesita una fuerza o si se quiere, un poder para ser ejercido de manera plena. El simple reconocimiento legal no basta, por más suprema que sea la ley que lo reconozca.

Los derechos laborales son un gran ejemplo para explicar esto. El nivel salarial de un país - lo que cobra un trabajador promedio por trabajar una determinada cantidad de tiempo- se explica mucho mejor por la puja que sus sindicatos puedan hacer en la negociación salarial que por las necesidades propias de los trabajadores -que es como la ley ordena-.

Lamentablemente, desde hace ya varias décadas, somos los trabajadores los que venimos perdiendo en esa puja. Y esto se debe a que cada vez tenemos menos fuerza. Nuestras históricas organizaciones, los partidos políticos y los sindicatos, han entrado en crisis y son cada vez más impotentes para defender los derechos que nos quedan.

Lamento de muchos, consuelo de tontos, debemos aclarar que el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores es un fenómeno a nivel mundial. La clase trabajadora de todo el mundo está siendo cada vez más explotada y cada vez tiene menos poder para defenderse. Grabois fue uno de los primeros en advertir, incluso antes de 2015, que el fuerte aumento de trabajadores sin patrón, marginados del empleo formal —visible en el plano local desde la crisis de 2001— no era un fenómeno nacional y pasajero, sino un proceso de alcance global que había llegado para quedarse.

Es que uno de los mayores miedos de los trabajadores -el ser reemplazado por las máquinas- viene ocurriendo ya desde comienzos de la década de 1970. El aumento de la productividad que desde aquella época se da una y otra vez sin cesar, ha provocado que el sistema capitalista deje de necesitar a una cantidad creciente de la población para producir cada vez más mercaderías y servicios. Cada vez se produce más con menos gente. Sumado al proceso de desindustrialización emprendido por los gobiernos neoliberales a nivel local -y que los gobiernos populares no han podido revertir-, el resultado es una baja pronunciada de la ocupación efectiva de la clase trabajadora y el aumento del subempleo, el multiempleo o los trabajos informales.

La ocupación total de la clase trabajadora, el pleno empleo, es lo que hace funcionar una huelga. Es la fortaleza del trabajador porque se torna necesario para el sistema. Si ante una huelga el patrón puede echar con facilidad a todos los trabajadores que participan en ella y contratar otros sin mucho costo -como sucede en el caso del empleo en negro y como sucederá para los trabajadores en blanco si se aprueba la reforma laboral- no hay mucha posibilidad de hacer fuerza. Lamentablemente, el capitalismo parece haberle encontrado la vuelta a los medios de lucha de los trabajadores, que son cada vez más explotados, más pobres y se encuentran cada vez más fragmentados.

Quiero creer que no todo está perdido. Aún nos queda la vieja y confiable protesta -en todas sus variantes: movilización, piquete, medida de fuerza, etc- para darle contenido a nuestros derechos vacíos. La clase trabajadora es muy populosa hoy en día, podemos decir que cada día más. El poder popular, que no es más que el poder que emana de un conjunto de personas que se unen y organizan para lograr un fin determinado, también es una fuerza plausible de darle contenido a nuestros derechos. En el estado actual de las cosas, parecería ser la única manera de poder ejercerlos en plenitud.

No es mi intención restarle importancia a la ley como herramienta para defender el derecho de los trabajadores. Mucho menos a dos instituciones de extrema importancia en un sistema democrático: el partido y el sindicato. Pero en este momento histórico, esperanzarse con que otros van a salvarnos es sumarse a la desmovilización y al quietismo general. Posiblemente, la tarea del ahora sea innovar en nuestras formas de organización y de protesta. Eludir lo simple, lo previsible, lo ya establecido. Juntarnos a discutir qué hacer con gente que nunca nos habíamos juntado. Contradecir a nuestros líderes que nos dicen que no es el momento. Salir de nuestra casa, de la unidad básica, de lo seguro. Resistir aún en aquellos casos que tengamos la batalla perdida. Hasta que ganemos alguna.