El INDEC y los límites del simulacro

Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, la disputa por el sentido de la realidad económica ocupa un lugar central en la construcción del poder. La supuesta desaceleración de la inflación aparece como prueba irrefutable del éxito del programa libertario, aun cuando la recesión se profundiza y el salario real y el poder adquisitivo continúan en caída por decisión presidencial. En ese escenario, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dejó de ser un organismo técnico para convertirse en pieza estratégica de legitimación oficial.

La renuncia de Marco Lavagna, director del organismo durante más de seis años, se produjo tras el avance en una actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que no contó con la autorización del Ejecutivo. El cambio buscaba la adecuación de la canasta a los patrones actuales de consumo. La decisión de suspender su implementación se justificó con la necesidad gubernamental de preservar la comparabilidad estadística, pero el episodio dejó expuesta una tensión política que excede lo técnico.

Aquí aparece con claridad el concepto de simulacro del buen gobierno. No se trata de la falsificación de datos sino de la construcción de gobernabilidad sobre el apoyo selectivo en aquellos números que permiten sostener una sensación de orden mientras la realidad muestra una conflictividad social en aumento. El gobierno no manipula el índice, solo necesita que el indicador no lo contradiga.

La magnitud de este simulacro reside en el uso de un termómetro que ya es viejo. Al frenar la nueva metodología, el Estado obliga al INDEC a la utilización de una estructura de gastos de 2004, época en la cual los servicios públicos tenían subsidios y pesaban poco en el presupuesto familiar. La actualización que Lavagna pretendía implementar se basaba en datos de 2018, los cuales ya reflejaban el peso real de las tarifas en el bolsillo. En la Argentina de los tarifazos de Milei, el gasto en alimentos, indumentaria, luz, gas, transporte y comunicaciones es el verdadero motor de la inflación, pero el índice actual le asigna una importancia mínima. De haberse aplicado el sistema actualizado, el impacto sobre el registro mensual habría sido considerablemente mayor.

Esta dinámica se complementa con la administración del dolor. El sacrificio social se presenta como tránsito necesario hacia un equilibrio futuro. El dolor se racionaliza y se convierte en parte del método a través de la omisión estadística porque mide la inflación sobre consumos inexistentes y, por ende, invisibiliza la profundidad del ajuste en los hogares.

A su vez, esta lógica se sostiene en una exaltación cínica de la libertad. La reducción del Estado que se lleva adelante se proclama como expansión de la libertad individual, aun cuando implica la retracción de derechos básicos. La libertad que Milei declama cada vez que viaja al exterior choca con el ejercicio del cinismo sistemático porque se exime de toda responsabilidad por las consecuencias sociales de sus políticas. La narrativa de las fuerzas del cielo celebra la libertad de mercado mientras ignora que, para las mayorías, esa libertad se refleja inevitablemente en más pobreza.

La salida de Lavagna expone, finalmente, un límite institucional. Cuando la producción estadística entra en fricción con la narrativa mileísta, la autonomía técnica estatal pierde autoridad. El conflicto no gira alrededor de una fórmula de cálculo, sino sobre la relación entre verdad pública y poder.

En un contexto de actividad industrial en retroceso, la suspensión del nuevo IPC revela que la legitimidad oficial se reduce a la fragilidad del indicador mensual. Cuando la técnica se subordina a la política y se convierte en recurso de propaganda, el problema pasa a ser una cuestión de confianza pública. Sin confianza en sus estadísticas, ningún gobierno puede sostener una legitimidad duradera.

* Periodista y autor de La descomposición de un Estado. Argentina 2023–2025 (2026), obra recientemente incorporada al catálogo de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y de la UNM.