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Opinión //// 21.11.2011
Aerolíneas: la patronal es el Estado, los trabajadores-pilotos son gerentes

Este mediodía, tres ministros nacionales (De Vido, Tomada y Meyer), el secretario de transporte Juan Pablo Schiavi y el presidente de Aerolíneas Argentinas (AA) dieron una conferencia de prensa. Anunciaron nuevas medidas en la gestión de la empresa y en relación a los pilotos de la empresa.

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Por José Cornejo I El conflicto de Aerolíneas se remonta a su escandalosa privatización durante la presidencia de Carlos Menem en 1990 y denunciada en Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky. La gestión de Iberia se basó en el vaciamiento de aviones y traspaso de clientes a la línea española, hasta que estalló la huelga con movilización de 2001. El gobierno de Fernando De la Rúa cambió el concesionario por el Grupo Marsans, cuyo eje central fue endeudar la compañía y fugar capitales. La lucha sindical en defensa de la compañía fue una constante del periodo.
Fue Cristina Fernández de Kirchner quien tomó la decisión política y económica de recuperar la línea de bandera. Política, porque los trabajadores que lucharon por la empresa se organizan en siete gremios, algunos con encuadramientos superpuestos y consecuentes disputas. Además, tienen una gran gimnasia sindical por las luchas de estos últimos 21 años. Económica porque requirió una refundación financiera de la compañía, mil millones de dólares de déficit en 2008, 500 millones anuales en los años subsiguientes (según Clarín y Fortuna –Grupo Perfil).
En julio de 2009, el ex intendente platense Julio Alak fue sucedido al frente de AA por el abogado laboralista Mariano Recalde. Como Recalde milita en el grupo juvenil La Cámpora, afín al hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, los medios opositores comenzaron a asediar que AA era un caos. El Grupo Clarín, en palabras del ex piloto y cineasta Enrique Piñeyro, llegó a igualar a La Cámpora (es decir, al titular de la empresa, Recalde) con el genocida López Rega.  
¿Quién es Recalde? (ver entrevista parte uno y parte dos) Es hijo de un reconocido abogado laboralista que en los 90 eligió luchar con el MTA de Hugo Moyano contra el modelo neoliberal, hoy asesor letrado de la CGT. Ese origen obrerista ortodoxo no le impidió al hijo fundar una agrupación universitaria en la Facultad de Derecho de la UBA, NBI. En el ocaso del menemismo y durante el delarruismo, los militantes de NBI colaboraron en las causas de los organismos de Derechos Humanos, en especial H.I.J.O.S. De ahí se remonta su relación Eduardo “Wado” De Pedro, víctima directa de la última dictadura y otro de los blancos favoritos de los oligopolios mediáticos. Sin embargo, Recalde recién se hizo conocido cuando filmó y dio difusión un intento de soborno a su padre por parte de empresas de tickets - salario.
El conflicto actual tiene dos frentes. Uno con APLA, el gremio de los pilotos conducido por Jorge Pérez Tamayo, y otro con los controladores aéreos, encuadrados en APTA de Eduardo Cirielli. APLA tiene capacidad para frenar los vuelos, generando pérdidas multimillonarias para la empresa estatal. El salario mínimo de los pilotos (por un solo vuelo) iguala al del presidente de la compañía (entre 8 y 10 mil dólares mensuales, en palabras de Schiavi) pero en los gerentes del área puede duplicarse. Entre las exigencias de APLA se encuentran ejemplos como el tipo de desayuno en los hoteles cinco estrellas donde descansan (americano o continental) o exigir pasajes y alojamiento para su personal doméstico. Muchos de esos pasajes son revendidos por los pilotos y con ello refuerzan sus salarios. Se genera la paradoja entonces de una patronal financiada por recursos públicos versus un sector de los trabajadores cuyos ingresos supera la media de los gerentes del sector privado en la Argentina. La conferencia de hoy estaba orientada claramente a disciplinar a los pilotos.
Un capítulo más sombrío es el que tiene que ver con los controladores aéreos. El gobierno decidió regresarlos al área militar, basándose en un decreto de la dictadura genocida y solicitó a la Justicia que se le retire la personería gremial a APTA. Las dos primeras medidas fueron repudiadas por el kirchnerista APA, el gremio de donde proviene el diputado K Ariel Basteiro y la tercera fue rechazada por la CGT oficialista. En este aspecto, el gobierno nacional deja un precedente ominoso.