Tasa de natalidad, trabajo y economía

El Gobierno nacional y sus adláteres de redes sociales tocaron de oído hace algunas semanas sobre la problemática caída de la natalidad, acusando al feminismo y las políticas reproductivas y de planificación familiar como culpables de la baja estrepitosa de la tasa.

Más allá del fenómeno subterráneo de los autodenominados incels, la paradoja de que las diatribas provengan de personas sin hijos y la posible táctica de desviar la atención de la economía rumbo a otras indignaciones, el escenario es real. El censo nacional de 2022 demostró que, como sucede en otros países, la base de la pirámide es más angosta y va formando un rombo.

El diagnóstico de las causas, en cambio, es eludido. Como el incipiente rombo se conforma por franjas etarias, que responden a las diversas épocas de nacimiento, no puede ignorarse la correlación con cada etapa político económica de la sociedad. El relato oficial omite detalles como que la generación conocida como baby boom, por la explosión de la tasa de natalidad, coincidió con el periodo de posguerra y la reconstrucción basada en los Estados de Bienestar. Los y las babys del boom son los abuelos y las abuelas de las capas de base de la otrora pirámide.

La generación intermedia es la que debe sostener la jubilación de las franjas etarias de más de 65 años, con una expectativa de vida en alza. Un programa de gobierno puede sostener ese esquema generando empleo registrado y de calidad, o depreciando las condiciones de vida. La destrucción sostenida de puestos de trabajo y la negativa del Gobierno a otorgar mejoras previsionales y de prestaciones de salud a la clase cada vez menos pasiva parecen brindar pistas sobre la opción escogida.

De ese modo, el problema no debería estar en condenar discursivamente a las personas que deciden no tener hijos, sino en no impedir la realización de ese deseo a quienes sí lo sienten.

Lo cierto es que, más allá de paliativos temporales, el retroceso de las últimas siete décadas es notorio: las franjas etarias económicamente activas ya no pueden proyectar una vivienda propia ni otros horizontes abiertos hasta las bombas de 1955. Todo ello, pese a la incorporación de la mujer al llamado mercado de trabajo y la expansión de los estudios superiores. En el plano económico aplica un chascarrillo no tan paradojal: antes, que estábamos peor, estábamos mejor que ahora.  

El panorama amenaza agravarse para las próximas décadas, un largo plazo que obligan a pensar tanto el carácter generacional de la problemática como el grillete de la deuda externa, que condicionaría incluso las mejores intenciones durante varios mandatos presidenciales.

Si la jubilación mínima se mantiene en los valores actuales, quienes se incorporen a ella deberán afrontar el costo diario de sus vidas con un monto que no equivale al pago del alquiler que necesitarán por carencia de vivienda propia. Si deben continuar trabajando para completar sus meses, algo que ya ocurre, se ingresaría en el tironeo de la manta corta: su ocupación retrasaría la incorporación laboral de jóvenes que podrían sostener las jubilaciones de sus mayores. Casi un tercio de la población se encuentra, según estadísticas oficiales, en buscar un empleo, cambiar el que tienen o complementarlo con otro.

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, que monitorea periódicamente el comportamiento del empleo formal, da cuenta de que para el cuarto trimestre del año pasado el 68% de asalariados y asalariadas de entre 16 y 24 años trabajaban en condiciones de informalidad. Ese porcentual coloca a la franja etaria 26 puntos por encima de la global. Entre los 25 y los 44 años es ya del 41,3%. Extender la edad jubilatoria engrosaría esas incidencias y la tasa de desempleo, cuyo último dato ya evidenció un rebote.

Una vieja ley de la oligarquía y la burguesía refería que las terceras generaciones dilapidan lo construido por las dos anteriores. El axioma se aplica también a la clase media actual, pero no por derroche de manteca al techo, sino al contrario: la abolición del derecho a herencia, postulada en 1848 por un Karl Marx que en 1869 relativizó su utilidad, se da de hecho en la economía liberal financiera de 2025, cuando para su sostén diario las familias deben quemar lo legado por la parte del árbol genealógico que vivió el Estado de Bienestar.

En un país que en las últimas décadas acentuó su distribución metropolitana y unitaria, la desvalorización de los bienes de familia afecta primero a las viviendas ubicadas en localidades donde ya no es posible proyectar futuro. Esas casas permanecen vacías, mientras en las ciudades crece la burbuja de alquileres, y sus propietarios deben malvenderlas cuando el bolsillo aprieta.

Como siempre es posible estar peor, la erosión de la modesta acumulación familiar puede llegar antes. Durante el gobierno de Mauricio Macri habían comenzado a aparecer publicidades en que se proponía a los adultos mayores vender sus inmuebles a cambio de un ingreso mensual vitalicio.  

La propuesta era cambiar ingresos mensuales que sustituyesen o complementasen magras jubilaciones, a cambio de despojar a hijos y nietos de la posibilidad de volver a la entrañable casita de sus viejos.