La Justicia se pone en tus zapatos

Oculta por los grandes escándalos de su cúspide, pasan por debajo de las suelas de la agenda pública botones de muestra sobre la percepción que la Justicia argentina tiene respecto de la realidad que la circunda. Son expresiones sutiles, perdidas en la maraña de fallos y presiones mediáticas, que se deslizan sin ser advertidas. En algunos casos, expresan además el sitio que cada segmento social encuentra en la disposición de los Poderes públicos.

En Bahía Blanca, la Cámara Federal de Apelaciones puso punto final a un dilema en torno al secuestro de casi tres mil pares de zapatillas y zapatos cuyas marcas habían sido adulteradas para la venta en una prestigiosa cadena de zapaterías de la ciudad.

El máximo tribunal de la jurisdicción confirmó que no había delito, porque se trataba de “burdas imitaciones” que no podrían engañar a la clientela de los céntricos locales, pero entró en contradicción al resolver que pese a eso el material permanecería incautado y sería destinado a los sectores vulnerables afectados por la inundación que sufrió el distrito el 7 de marzo.

El sentido común puede concluir, con atendible criterio, que es mejor que se aproveche el calzado trucho en lugar de proceder a su destrucción.

Sin embargo, ese razonamiento no implica omitir la lectura transversal respecto de la historia completa: un material apócrifo que iba a ser ofrecido en la vidriera de una cadena que se ufana de vender calzado de primeras marcas es, descubierta su falsedad, destinado a los sectores vulnerables.

Compartimentada, la resolución de la Cámara para el destino del calzado puede parecer razonable. Expuesta en el marco de una estructura, como el Poder Judicial como parte del Estado y la organización social de un país, ilustra un modo de concebir la protección de cada estamento de la pirámide social.

En este caso, se presenta con nitidez la que la Justicia asegura para unos y otros. Para las marcas, su capital. Para la cadena comercial, su presunción de inocencia. Para quien consulta la vidriera, el producto que –si puede- comprará. Para quien tiene los pies descalzos en la ciudad inundada, su abrigo con el sobrante de los peldaños protectorios previos.

Al menos, la Cámara determinó que el material se entregue a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (mal llamado en el fallo como de Desarrollo Social) y el Municipio, los dos estamentos encargados de coordinar el socorro tras la inundación. Al cierre de esta nota, la notificación judicial no había llegado al Ministerio.

En cambio, según reseña el fallo, el dictamen del fiscal Santiago Martínez había propuesto el destino de los casi tres mil pares al centenar de ancianos que residen en el hogar “Adelino Gutiérrez”. Lo dirige Nidia Moirano, ex candidata a la intendencia municipal por el PRO en la línea de la actual ministra Patricia Bullrich.

El Suplemento Único para la Reconstrucción que su Ministerio de Seguridad implementó no consideró grados de vulnerabilidad social previa a la catástrofe, sino que dividió en dos cifras redondas según la ubicación del hogar en zonas de mayor o media afectación. Al comienzo de esta semana, quedaban por abonar poco menos de 1 de cada 4. En tanto, los comerciantes bahienses aún aguardan por novedades en torno a los anuncios de Bullrich del 7 de abril, cuando se cumplió el primer mes de la atroz inundación.