El “robo de trapos” institucional y el desarme de la conciencia nacional

La reciente remoción de la bandera desplegada en el Operativo Cóndor en el Museo Malvinas se suma a la realizada en la Casa Rosada en 2025, configurando una sistemática de desmalvinización institucional. Al igual que el arbitrario traslado del Sable de San Martín por decreto presidencial a comienzos de este año, despojando al Museo Histórico Nacional de su patrimonio civil, y las recurrentes proscripciones de la iconografía popular de Bettanin, el ocultamiento de las insignias patrias bajo la excusa de "restauración" responde a una matriz histórica de entrega denunciada por Scalabrini Ortiz, Galasso y la épica de nuestros líderes proscriptos como Rucci: criminalizar y enfriar los símbolos de la legítima defensa nacional para adormecer la conciencia del pueblo.

En el folklore del fútbol argentino existe una ley no escrita, brutal pero transparente: el robo de las banderas. En las tribunas, quitarle el «trapo» al adversario no es un simple hurto de tela; es arrebatarle su identidad, desarmarle el símbolo de su pertenencia y humillarlo en su propio territorio para demostrar dominio. El vencido se queda sin su emblema y el vencedor exhibe el trofeo como prueba de una soberanía conquistada por la fuerza. Cuando el poder político decide mudar esa lógica de tablón a los altares de la Patria, lo que presenciamos no es un reordenamiento técnico de museos: es un despojo cultural planificado.

A escasos días de conmemorarse el 60° aniversario del Operativo Cóndor, la decisión de las autoridades de Cultura de la Nación de retirar la emblemática bandera que flameó en nuestras Islas Malvinas del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur opera bajo esta misma perversión. El argumento oficial de que fue removida para ser "restaurada" repite con sospechosa exactitud el libreto de la burocracia desmalvinizadora.

El inventario del olvido voluntario

El vaciamiento simbólico no es un hecho aislado. Responde a una ingeniería quirúrgica orientada a borrar las marcas de la resistencia nacional en los espacios de representación pública:en febrero de 2025, el Gobierno ya había descolgado del Patio Malvinas de la Casa de Gobierno la otra insignia histórica del Operativo Cóndor, aquella que el militante Dardo Cabo izó en suelo soberano en 1966. En aquel momento, la vocería de Balcarce 50 alegó un "notable deterioro". Transcurridos diecinueve meses sin rastros de su reposición, en septiembre de 2026 un bloque de diputados nacionales debió presentar un proyecto de ley exigiendo conocer su paradero real y el estado de su conservación.

Por otro lado, quienes rastreamos las grietas del relato oficial sabemos que esta purga estética se encadena con los vaivenes políticos que históricamente persiguieron a las grandes obras de nuestro arte popular. El emblemático cuadro “San Martín, Rosas, Perón”, pintado por Alfredo Bettanin en 1972, sintetiza este derrotero de censuras. Desterrado de la mirada pública masiva en 2015 al ser retirado del Museo del Bicentenario, la obra sobrevivió confinada hasta su reciente rescate institucional.

Ocultar el trapo o descolgar el cuadro persiguen el mismo fin: fragmentar la línea histórica del pensamiento nacional.

Del Decreto 81/2026 a la criminalización de la Defensa Nacional

Este mecanismo de confinamiento patrimonial reconoce un hito reciente y nefasto en nuestra historia historiográfica. A comienzos de este año, mediante el arbitrario Decreto 81/2026, el Poder Ejecutivo ordenó retirar el Sable Corvo del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional (un espacio civil, público y democrático) para confinarlo bajo custodia militar en el Regimiento de Granaderos a Caballo, provocando incluso la inmediata renuncia de la directora de la institución cultural. Al quitar las armas y los símbolos soberanos de la vista pública para confinarlos a los cuarteles o a los depósitos de la burocracia reservada, los regímenes de entrega buscan enfriar el fervor patriótico, reducir la memoria colectiva a meras efemérides controladas por la academia y edulcoradas por decisiones partidarias.

Esta estrategia de desarme material y simbólico es la continuación conceptual de la criminalización de las estructuras de la Defensa Nacional. No es casual que esta embestida museológica coincida cronológicamente con un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. Cuando las balas de la sinarquía acribillaron al entonces secretario general de la CGT el 25 de septiembre de 1973, no solo buscaban quebrar la columna vertebral del movimiento obrero organizado; buscaban reventar el Pacto Social Justicialista, que constituía la base económica y estratégica para una Argentina soberana, industrializada y con capacidad de proyectarse hacia el Atlántico Sur de forma autónoma.

Criminalizar a los líderes que sostenían la arquitectura de la liberación nacional responde a la misma matriz que hoy busca vaciar de politicidad a Malvinas. El imperio y el cipayismo vernáculo necesita una nación sin fábricas, sin sindicatos fuertes y sin memoria de sus resistencias. Al igual que el descabezamiento de la conducción obrera en los setenta, la actual "limpieza" de las vitrinas apunta a lo mismo: clausurar la capacidad de reacción del pueblo argentino y presentar las acciones de legítima defensa (sea un paro general en defensa del salario o el desvío de un avión para plantar bandera) como meros delitos comunes aislados.

Como nos enseñaran Arturo Jauretche y Fermín Chávez, el imperialismo necesita, antes que nada, de la colonización pedagógica. Raúl Scalabrini Ortiz desnudó con precisión quirúrgica este mecanismo al advertirnos que «todo lo que no hagamos por nosotros mismos, será hecho en nuestro detrimento», demostrando cómo la entrega económica de la soberanía es precedida siempre por el silenciamiento de nuestros hitos históricos. Robarle las banderas a la memoria es el paso previo para entregar la plataforma continental y los recursos del Atlántico Sur.

En esta misma línea, Norberto Galasso y Pablo Hernández nos invitan a comprender que la desmalvinización actual no es un error de gestión aislada, sino una política de Estado deliberada, orientada a desarmar la conciencia nacional de los sectores populares. Esconden los trapos de Dardo Cabo y María Cristina Verrier porque les temen a los símbolos que recuerdan que la soberanía se defiende con el cuerpo y la dignidad, no con comunicados tibios ni con admiraciones veladas a potencias extranjeras.

El Operativo Cóndor de 1966 no fue una simple acción audaz; fue la demostración fáctica de que un grupo de dieciocho jóvenes podía plantar bandera frente al invasor británico y rebautizar la capital usurpada como Puerto Rivero. Las siete banderas que llevaron representaban la memoria viva de una causa irrenunciable que se encadenaba con la doctrina de la soberanía política y la independencia económica por la que Rucci dio la vida.

Las banderas del Operativo Cóndor no necesitan de una restauración que las oculte en un depósito; necesitan el aire, los ojos de las nuevas generaciones y el cielo de la Patria. El patrimonio del Pueblo no se confisca bajo argumentos de conservación. Seguiremos exigiendo saber dónde están, porque la memoria de Malvinas, al igual que los conductores de nuestra identidad trabajadora, no se retiran jamás.