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Géneros //// 21.07.2022
Todo lo que puede aportar una reforma judicial con perspectiva de género, por Paula Viafora

Según investigadores y agentes del sistema judicial argentino, es el camino para lograr un cambio de paradigma y aplicar con éxito tanto la ley como las políticas públicas ya existentes.

Por Paula Viafora

Desde el fin de 2020, comenzó a circular muy fuerte la consigna que lleva implícita una fuerte crítica hacia los operadores judiciales y sus falencias en la aplicación de la ley en este tema en particular. Estudiosos e investigadores del derecho argentino van avanzando en el abordaje del tema. Si entendemos que es un debate que se está dando en la sociedad, es importante hacer comprender a la población civil de qué sirve una reforma judicial "feminista", y cómo va a repercutir en la vida cotidiana, que se observe un “rol benefactor” en estas transformaciones.

Esto implica asumir que el actual sistema androcéntrico creó patrones sociales y culturales jerarquizados, posicionando a lo masculino como universal. La administración de justicia debe orientarse más hacia los derechos humanos y proporcionar proximidad, escucha, redacción de las sentencias en lenguaje no tan académica y más accesible a los usuarios. La perspectiva de género, presente en muchas resoluciones pero desde allí debería trasladarse por dar un ejemplo no tan evidente, a la estructura edilicia, como un comienzo para empezar a emparejar las desventajas estructurales del sistema. No solo el cambio en el diseño institucional del poder judicial va a lograr su deconstrucción.

Requiere un cambio de perfil en los hombres y las mujeres que lo integran y el rol del Estado en ciertas cuestiones, como las tareas de cuidado que ocupan la vida personal de las mujeres y su carrera profesional, impidiendo dedicar tiempo a la formación profesional para acceder a cargos más importantes. Los cupos y la paridad en cuanto  a postulaciones, también es una obligación de los poderes ejecutivos y legislativos provinciales. Desde el momento de la formación universitaria, los futuros abogados y abogadas, deben completar conocimientos teóricos y prácticos, atravesados por esta perspectiva. La territorialización de los dispositivos de acceso a la justicia implica acercar a la población más afectada en la vulneración de derechos, a la posibilidad de sostener un reclamo judicial y recomponer un lazo social en muchos casos abandonado a su suerte. Si la violencia contra las mujeres es un problema social, son los actores sociales quienes deben articular con el el Estado  estrategias y politicas sobre las cuales tengan corresponsabilidad. Los movimientos sociales, las fundaciones, las ONG deben ser parte de un proceso de concientización y capacitación constante. Una figura relevante es la del referente territorial quien será el nexo entre juzgado y territorio.

El acompañamiento y contención de la mujer en el momento de la denuncia, el correcto asesoramiento y un diagnóstico de la gravedad de cada situación, son factores que van a fortalecer a quien está padeciendo. Estas respuestas no puede darlas la justicia penal en forma exclusiva, sólo se logrará mediante un trabajo coordinado con los tribunales de familia, referentes barriales y los distintos dispositivos de políticas públicas que pueda haber en la región. No todos los hombres que ejercen violencia son casos irrecuperables, sino que se puede trabajar con ellos y resocializarlos. Es recomendable propiciar espacios terapéuticos de abordaje individual; promover la conformación de grupos de varones; poner a disposición las distintas herramientas; facilitar la concreción de actividades de promoción de derechos y formación en género, etc para que puedan establecer relaciones no violentas.

Un repaso del marco legal regional, nacional y las políticas generadas por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, demuestran que en materia de herramientas legales como para detener y disminuir los casos de mujeres que sufren algún tipo de violencia, discriminacion, exclusión o que le impida alcanzar o gozar de derechos. Este organismo parte del Ejecutivo provincial, fue creado por el Gobernador Axel Kicillof al día siguiente de asumir su mandato. Son innumerables las propuestas y programas  que apuntan a la reparación y prevención de las violencias. Las políticas abordadas desde un enfoque multidisciplinario, tanto de prevención como de erradicación de las violencias, pero también de supervivencia y capitalización de esas situaciones para alcanzar un mejor nivel y calidad de vida y haciendo efectivo el goce de derechos. Vamos a nombrar algunos que nos parecen novedosos y pasibles de lograr resultados muy interesantes:

- Concurso Literario “Ellas no fueron contadas” Concurso literario que convoca mujeres y diversidades.

- Programa “Nosotras Producimos”: que acerca a quienes integran la comunidad productiva para la generación de alianzas estratégicas, el fortalecimiento de contactos comerciales e institucionales, y nuevas articulaciones para potenciar el desarrollo y la circulación de los productos y servicios que cada actor posee, a los fines de ampliar las oportunidades de negocios.

- Plan de Igualdad Bonaerense para la Inclusión y la Justicia Social PiBA 

- El programa “Comunidades sin Violencias” apunta al fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención de las violencias; el segundo aborda la refacción y construcción Hogares de Protección Integral que son parte de la Red de Hogares provincial y Casas abiertas en cada municipio, como objetivos principales

- “Mar para Todas”, con el objetivo de garantizar el derecho al tiempo libre y de descanso a mujeres y LGBTI+ que se encuentran acompañadas en el proceso de salida de las violencias por razones de género.

La reforma judicial feminista puede ser el camino para lograr un cambio estructural y de raíz en el modo, no solo de administrar justicia sino también en la composicion del poder judicial. El mismo debe funcionar como un servicio público accesible a todos y que sus fallos actúen limitando las decisiones de los otros dos poderes del Estado cuando no se gobierna en función de las mayorías.

Por su parte, la sociedad debería tener un rol más activo en este reclamo, no hay una demanda masiva, peticiones o grandes movilizaciones al respecto, sin esperar que sea desde el estado que se genere el debate y no sea tan utópico pensar que en poco tiempo podamos tener una “nueva Justicia” con perspectiva de género y defensa de los más débiles y desaventajados social y económicamente en relación al acceso a derechos.