Impuesto a la riqueza: "Este tipo de medidas solo se pueden tomar gracias al respaldo social"

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuándo entra en comisión el proyecto de ley para que las grandes fortunas de la Argentina colaboren con la situación actual?

Fernanda Vallejos: Es una medida necesaria que finalmente pueda ver la luz. Creo que la posibilidad de que hoy este proyecto sea efectivamente una ley tiene que ver con la expectativa y el apoyo que se construyó en el seno de la sociedad argentina. Este tipo de políticas y de medidas que implican la afectación de intereses poderosos, tanto en Argentina como en cualquier país del mundo donde se lo quiera implementar, solo puede ser posible en la medida en que exista un consenso social que lo avale, lo ampare y lo fortalezca.

APU: ¿Considera que la mayoría de la población está de acuerdo con esta contribución? 

F. V.: Es impactante el grado de consenso social que se construyó en torno a esta iniciativa desde que se lanzó al debate público hasta el momento. Esto también ha contribuido en el diálogo entre el oficialismo y ciertos sectores de la oposición para poner sobre la mesa no solo los argumentos técnicos y políticos, sino también lo que forma parte de la realidad social argentina. Esto es que los argentinos y argentinas estaban esperando que este anuncio se produzca, que el recorrido parlamentario del aporte extraordinario se inicie y que finalmente sea ley, y por supuesto que el Estado pueda contar esos recursos. Estimamos que serán $300 mil millones de pesos o más los que se puedan recaudar a partir de la aprobación de la norma, a modo de contribución de los sectores mejor posicionados y que, además de ser “privilegiados”, constituye un universo muy pequeño de personas. Es decir, nos referimos a las 12.000 personas más ricas del país, con los patrimonios declarados más extensos, lo que representa apenas un 0,02% de la población argentina.

APU: ¿Podría explicarnos cómo varía el porcentaje de la alícuota según el monto del patrimonio? 

F. V.: Esta medida permite tener una alícuota entre los 2,5 a 3 % y va escalando desde los 200 millones de pesos conforme se va incrementando el stock patrimonial. Los que pagan la alícuota máxima del 3,5 % son los que tienen más de 3 mil millones de pesos de patrimonio declarado. Resalto el término “declarado” porque no se nos escapa el hecho de que estos sectores en la Argentina y en el mundo no declaran todo lo que tienen, con lo cual, en términos efectivos, la alícuota sería incluso menor a la que mencioné anteriormente, si la pudiésemos aplicar sobre la totalidad del patrimonio declarado y no declarado.

Asimismo, hicimos estimaciones para los activos declarados en el exterior, y cabe señalar que para los que participan de los tramos superiores de riquezas de acuerdo a las declaraciones juradas de AFIP, los tres tramos superiores, en el 80% de la totalidad de los bienes que se declaran, están en el exterior. Esto significa que el 80% de los más ricos de Argentina está en el exterior de forma declarada. Además, hay que señalar que del cruzamiento de los datos de las declaraciones juradas de AFIP con la contabilidad que lleva el INDEC se puede inferir que más de dos tercios de la totalidad de los activos externos no se declaran ante el fisco.

APU: ¿Cuáles serían los usos que se le va a dar a este dinero en caso de que se apruebe la ley?

F. V.: Es una ley que plantea una afectación específica de los recursos, pero hay que aclarar que es una contribución solidaria que se va a realizar por única vez. Específicamente, se consignaría un 20% para la compra y elaboración de equipamiento médico para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, lo que abarca vacunas, insumos, equipamiento para todo el personal de salud, como también para todo el desarrollo que se llevó adelante en nuestro país. Acá hay que destacar, por supuesto, la capacidad de respuesta de nuestro sistema científico-tecnológico que no deja de sorprendernos.

Otro 15% se destinaría a fortalecer procesos de integración urbanas, es decir infraestructura, la mejora de la calidad de vida en los barrios populares.

Un 20% iría destinado al apoyo de pequeñas y medianas empresas, pensando particularmente en el cuidado del trabajo como sector fundamental de la recuperación y reconstrucción económica luego de la lucha contra el Coronavirus.

Un 25% se destinaría al desarrollo en materia de producción, explotación y distribución de gas natural.

Por último, un 20% sería para el relanzamiento del programa Progresar, que es el programa de becas para jóvenes que estudian. Esto es importante porque garantiza, de la mano del Estado, la posibilidad de continuar y terminar sus estudios y, además, que puedan contar con las herramientas para hacerlo y no se vean limitados en este derecho básico y fundamental. 

APU: ¿Qué hay de cierto sobre la rumores de los medios de comunicación hegemónicos de aumentar el impuesto a las ganancias a un 35 a 40%? 

F. V.: Lejos de estar pensando en incrementar la carga de ganancias para los trabajadores, todas las declaraciones del Presidente van en sentido contrario. Es decir, están direccionadas hacia la intención de generar una reforma tributaria integral que permita alivianar la carga tributaria sobre los sectores trabajadores y los más vulnerables de nuestra sociedad.

Esta propuesta que estamos llevando adelante cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional y rescata el mismo espíritu. Es una iniciativa que apunta a restaurar, en parte, los profundos desequilibrios que se han agudizados en los últimos cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, donde la profundización de la desigualdad en nuestra sociedad, además del conjunto de las políticas económicas que se aplicaron a partir de la política, también estuvo dado el avance por la política tributaria, donde se recortaron los impuestos que pesan sobre los sectores con mayor capacidad contributiva. Como contracara de ese proceso profundamente regresivo en materia tributaria, el mayor peso de la recaudación terminó recayendo sobre los impuestos más regresivos, que pesan con más énfasis sobre los sectores mayoritarios de la sociedad: los sectores populares, los consumidores y los trabajadores.

Hay solo un aspecto verdadero en lo que publica Clarín y es que el Poder Ejecutivo Nacional está trabajando en un proyecto de reforma tributaria, pero en el sentido opuesto a lo que los medios clásicos manifiestan.

APU: ¿La reforma tributaria tendrá en cuenta las cuestiones vinculas a la evasión fiscal?

F. V.: Claro, porque acá se ve otro aspecto que hace a la recaudación y a la justicia social pero que excede lo específico del diseño de un sistema tributario, y es el problema de la fuga y la evasión. Por eso debemos trabajar para tener el mejor sistema tributario y apuntar a ampliar la base imponible y entonces los que más tienen tributen por lo que tienen y no por una parte.

Esto hace de fondo a una de las cuestiones más profundas en materia de justicia fiscal a efectos de lo que necesitamos en la Argentina, ya que este problema termina despojando al Estado de una cantidad importantísima de recursos, restándole capacidad de recaudar y de llevar adelante políticas públicas que son fundamentales, además de erosionar la progresividad de cualquier sistema.

APU: ¿Existe formas de poder saber sobre las cuentas de personas en el exterior?

F. V.: En realidad, podemos conocer una porción. La estimación más conservadora, que proviene de INDEC, nos habla de alrededor de 400 mil millones dólares de activos externos de argentinos, pero las estimaciones privadas, tanto locales como internacionales, son bastante más altas. Cuando cotejamos esto con las declaraciones juradas de la AFIP, lo que se declara representa apenas un 30% de ese total.

Este es un punto importante en el que hay que trabajar arduamente, e incluso las economías más desarrolladas del mundo que hace años vienen trabajando en esta problemática, por lo que aún no encontramos una solución definitiva a este flagelo. Esto se debe, entre otras cuestiones, al tironeo de intereses y que hay países que tienen un negocio importante en base a la fuga y la evasión, y esto es algo sobre lo que no podemos hacernos los distraídos. 

Esta problemática es muy compleja de abordar y exige la cooperación internacional, ya que todo el mundo se ve afectado por la problemática, pero también amerita la aplicación de las inteligencias locales para el desarrollo de mejores políticas legislativas y ejecutivas. En este sentido, desde que asumió Mercedes Marco del Pont al frente de la AFIP, se ha puesto esta tarea a la cabeza y las últimas resoluciones que hemos podido observar van en este sentido. Claramente, Marco del Pont se deja traducir en las políticas que vienen llevando adelante que también tiene el mismo objetivo prioritario en su administración, y esto es algo saludable.

APU: ¿Qué posibilidades hay de bajar el IVA a los alimentos y que esto genere una baja en el índice de precio al consumidor?

F. V.: Lo que pudimos observar de este lado de la teoría económica, con basamento teórico y empírico, y observando los datos de experiencias históricas que hubieron en Argentina, cuando hay ciertos tributos en determinados nivel realmente es muy poco probable que una reducción de esos niveles alicuotarios termine traduciéndose en una reducción de los precios. Más bien, lo que termina ocurriendo es que hay una ganancia de rentabilidad de los sectores más poderosos que tienen la capacidad de apropiarse de esa diferencia por la baja impositiva.

Por eso, soy mucho más partidaria de políticas como la devolución del IVA en forma directa y segura a los consumidores en las compras con tarjeta que una reducción impositiva, porque cuando se produce la devolución es un monto de dinero que va directamente al consumidor y de manera más segura. Sí, en cambio, tal vez se pueda realizar sobre algunos productos puntuales, siempre y cuando exista la capacidad de estricto control del Estado para que eso finalmente llegue al consumidor, sino terminamos teniendo una ganancia de rentabilidad sin ningún beneficio directo para el consumidor. Y además, un potencial de financiamiento por parte del Estado que, a su vez deja de recaudar, con lo cual los sectores más vulnerables a los que se intenta beneficiar con este tipo de políticas, por lo menos en el discurso, terminan siendo perjudicados. Esto último, porque no acceden al beneficio de la reducción de los precios y encima se pierden de acceder a bienes y servicios públicos que el Estado deja de poder proveer por haber recaudado menos como consecuencia de esa reducción impositiva.

Creo que son temas que hay que tratarlos con mucha seriedad, fuera de que suenen políticamente correctos en los discursos, porque luego, en la práctica, los resultados no terminan siendo los que se expresan en esos discursos políticos.