Mar del Plata: "La lucha no se termina hasta que todos los compañeros estén adentro"

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Mar del Plata: "La lucha no se termina hasta que todos los compañeros estén adentro"

17 Julio 2019

Por Estefanía Cendón

Carolina Jara es encargada, aunque prefiere ser definida como “trabajadora de la confitería”. Su lugar de trabajo es un emblemático espacio de encuentro en la ciudad de Mar del Plata: la confitería Boston ubicada frente al Casino de la ciudad balnearia. Tras un año de toma son los mismos trabajadores quienes volvieron a abrir sus puertas el 1 de junio. AGENCIA PACO URONDO dialogó con una de las trabajadoras. 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo fue el proceso que debieron atravesar los trabajadores de la Confitería Boston durante el último año?

Carolina Jara: Fue un año de toma que arrancamos el 3 de junio de 2018 hasta que reabrimos el 1 de junio de 2019, a dos días de cumplirse el año. Con anterioridad a la toma realizamos 14 días de retención de tareas. El motivo por el que llegamos a esa decisión fue que estuvimos dos meses sin cobrar nuestros sueldos, veníamos cobrando en cuotas que se hacían cada vez más largas. Hasta cinco cuotas llegamos a cobrar en enero de 2018, en plena temporada. Frente a este panorama poco favorable en abril realizamos 14 días de retención. Nos terminaron de pagar el mes de marzo con la promesa de que iban a regular los pagos si seguíamos trabajando, porque se acercaba Semana Santa. Trabajamos y no nos pagaron.

APU: ¿Cuándo considera que comenzó el deterioro de la confitería como negocio?

CJ: A partir de que los hermanos Juan Manuel y Pablo Lotero compraron la empresa en 2016. Al principio creíamos tener un mal concepto porque estábamos acostumbrados a trabajar con nuestros patrones anteriores: Boston era una empresa familiar. Con el tiempo entendimos que ellos intentaban desgastarnos psicológicamente. Muchos compañeros se fueron porque no soportaban las presiones que ellos ejercían.

APU: ¿Cuáles eran esas presiones?

CJ: Te cambiaban de sucursal, de horario, de puesto de trabajo de un día para el otro. Era constante, sin previo aviso. Enviaban a un encargado a la bacha, por darte un ejemplo. Se fue bastante gente y después empezaron con los pagos en cuotas, estuvimos casi un año con esta forma de pago. En la última temporada llegamos a cobrar hasta en cinco cuotas.  Si en verano esa era la situación, resultaba  difícil imaginar cómo iba a ser la paga en invierno. Cerraron dos sucursales en el medio.

APU: ¿Cuántas sucursales llegó a tener la marca Boston y dónde estaban ubicadas?

CJ: Cuando los hermanos Lotero compraron la empresa eran cinco sucursales: en el Paseo Diagonal, Los Gallegos Shopping, en Boulevard Marítimo y Urquiza, la sucursal de la Avenida Constitución (donde se encuentra la fábrica y la única que permaneció abierta durante el conflicto), y la que está frente al Casino entre Belgrano y Moreno (la primera sucursal).

APU: ¿Previo a la venta en 2016 cómo era el negocio? ¿Funcionaba bien?

CJ: Siempre funcionó bien. Con altos y bajos y con los clásicos meses del año como mayo y junio que siempre fueron bajos, agosto y septiembre también. Había que pelearla, pero se peleaba de otra forma. Los dueños trabajaban sin descanso, eran personas grandes y creo que ese fue el motivo por el que decidieron vender. Cuando se pensaba en una venta, lo que se necesitaba era un poco de inversión. Sin embargo, nos tocó un grupo de empresarios que para mí sabían desde un principio cuál era el fin: tener la marca y nada más. Compraron la empresa en menos valor porque los anteriores dueños a lo único que apuntaban era a sostener nuestros puestos de trabajo. Pagaron más barato animados por un gobierno que alienta a que se hagan estas cosas: ellos tienen contacto con alguien de la Provincia porque las conciliaciones obligatorias fueron en seguida. Sumado a un Ministerio de Trabajo totalmente inactivo porque ni una multa les han puesto con 17 audiencias. Gracias a Dios ésta vez la Justicia hizo justicia, pero no es usual que pase. La jueza Patricia Gunsberg hizo justicia: siempre investigó, trató de ir a fondo y le sacó la administración a los hermanos Lotero. 

APU: ¿Qué instancias judiciales atravesaron durante el año que duró la toma?

CJ: El 3 de junio de 2018 iniciamos la toma. No teníamos un peso, fue muy difícil. El día 3 de julio comenzaron a llegar los telegramas de despido en forma masiva. No solamente dirigidos a gente de la toma, sino a compañeros que estaban trabajando en la sucursal de Constitución que era la única que estaba abierta. Incluso, fueron despedidas personas que habían pedido carpeta médica o licencia sin goce de sueldo para atravesar este conflicto. Hubo 80 despidos en la empresa. Eso nos desmoronó un poco, pero teníamos la convicción de seguir peleando y con un fuerte apoyo de nuestros gremios como el Sindicato Gastronómico de Mar del Plata, la secretaria general de UTHGRA Nancy Todoroff, y José García y Carlos Vaquero del Sindicato de Pasteleros quienes estuvieron desde un primer momento. Nos ayudaron a cargar la tarjeta del colectivo y también nos traían comida porque no recibíamos plata hacía meses. Así fue que llegaron las vacaciones de invierno y surgió la idea, con el apoyo de ellos, de empezar a vender en la puerta de la sucursal. Lo sostuvimos durante las vacaciones de invierno, después comenzamos los fines de semana hasta que pudimos hacerlo todos los días y con eso fuimos sobreviviendo.

APU: ¿Qué hubiese pasado de no llevarse adelante la toma?

CJ: El vaciamiento iba a ser mucho peor, no íbamos a encontrar nada. Los últimos días que estábamos trabajando no había materia prima porque los proveedores no la dejaban, tampoco les pagaban a ellos. No fue con nosotros solos, esta gente no le pagó a nadie. La intención fue el vaciamiento desde el principio. Ellos argumentan, poniéndose en papel de víctimas, que llegamos a esta instancia por las medidas gremiales tomadas. ¡Es mentira!, evidentemente existió la voluntad de hacer las cosas mal. No  querían reactivar la empresa. La quita de la administración nos dio la razón.

APU: ¿Cuál fue la respuesta una vez iniciada la toma?

CJ: Una vez que recibimos el 3 de julio los telegramas de despido el 11 de julio de 2018 presentaron el Concurso Preventivo de Crisis. Nosotros nos hemos presentado a partir de ahí en varias audiencias defendiendo nuestra postura, argumentando por qué sosteníamos la toma. Nos quedaron debiendo tres meses de sueldo y las indemnizaciones. Estábamos en todo nuestro derecho, ellos no pagaban nada. Parece que su idea era que nos vayamos a nuestras casas a esperar que algún día nos paguen.

APU: ¿Quién administra actualmente la Confitería Boston?

CJ: Tras la quita de la administración a los hermanos Lotero, el manejo de Boston está en manos de la jueza Patricia Gunsberg y de un síndico. El 1 de junio reabrimos esta sucursal después de un año de toma. El 11 de julio del año pasado comenzó el Concurso Preventivo de Crisis y el 27 de mayo de este año, aproximadamente, les quitaron la administración a los hermanos Lotero.

APU: ¿Qué sucedió con el resto de las sucursales?
CJ: Las ubicadas en el Shopping de los Gallegos y el Paseo Diagonal fueron cerradas. En la sucursal de Boulevard Marítimo y Urquiza comenzaron la toma junto a nosotros. En Diciembre tuvimos un primer intento de desalojo ahí que resistimos con mucho apoyo político, de agrupaciones sociales, sindicatos y la CGT de Mar del Plata. En enero se llevó a cabo el desalojo, previo acuerdo, porque el local no era propio y lo estaban reclamando. 

APU: ¿Cúal es la situación actual de los trabajadores?

CJ: Se habló con la Justicia para reincorporar a los 11 trabajadores que participamos de la toma. Comenzamos trabajando seis, luego se sumó otra compañera a la semana siguiente. Esta semana se incorpora nuevamente una compañera y nos quedarían tres más para completar los 11. La empresa recién ahora se está empezando a reactivar.

APU: ¿Existe la posibilidad de conformar una cooperativa?

CJ: Todavía no sabemos en qué puede terminar porque los dueños están apelando. Todos le estamos poniendo lo mejor. Volver a abrir las puertas de la confitería es mucho, al principio llorábamos todos los días. Para esta fecha pensamos que nos iban a desalojar. Vale la pena luchar, por eso tenemos expectativas de mejorar las ventas, apostar a que la gente vuelva al local. 

APU: El contexto que atraviesa el país no es el más favorable. ¿Cómo lo sobrellevan?

CJ: Hoy estamos evaluando cómo se va a pagar la luz. En este momento no tenemos gas, pero sí en la fábrica. Es imposible pagar. No hay una a favor. El nuestro es un caso especial porque está judicializado, pero… ¿Qué pasa con el café de la esquina? ¿Las Pymes que no pueden pagar? No todo el mundo tiene la misma suerte. Lo mismo sucede con la gente que consume, nuestros clientes, la gente tiene miedo de perder el trabajo. Nadie está seguro.

APU: ¿Tuvieron diálogo con autoridades del Municipio de General Pueyrredón o de la Provincia?

CJ: Tratamos de comunicarnos con la gobernadora Vidal, le enviamos cartas pero no obtuvimos respuesta. El intendente Arroyo nos recibió, por intermedio de la concejal Mercedes Morro, y hablamos con él. Desde el Municipio nos permitieron vender en la puerta del negocio, sin molestar, eso fue lo máximo que conseguimos. 

APU: ¿Cómo fue en lo personal participar de la toma?

CJ: Con muchos altibajos. Muchos nos criamos acá adentro: yo empecé a los 21 y ya van 15 años de trabajo. Siento que hubo maldad, saña en este proceso. Fue injusto. 

APU: ¿Qué expectativas tienen a futuro?

CJ: Levantar el negocio. La lucha no se termina hasta que todos los compañeros estén adentro. En primera instancia los tres que faltan. Creo que conseguimos un montón, pero los 80 despidos fueron injustos. Estamos en un contexto difícil, aun así tenemos ganas de salir adelante. El apoyo de la gente es incondicional.