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DDHH //// 10.02.2022
Las denuncias de ciudadanos ante la CIDH: las deudas de la democracia argentina

El docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Internacional, Sebastíán Rey, dialogó con AGENCIA PACO URONDO y expresó múltiples reflexiones sobre su flamante libro “La Argentina en el banquillo”, en cual realiza una narración de las principales denuncias provenientes de la Argentina ante la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos).

Por Juan Borges

El docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Internacional, Sebastíán Rey, dialogó con AGENCIA PACO URONDO y expresó múltiples reflexiones sobre su flamante libro “La Argentina en el banquillo”, en cual realiza una narración de las principales denuncias provenientes de la Argentina ante la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos).

AGENCIA PACO URONDO: ¿Por qué el disparador de su libro son las denuncias contra el Estado argentino?

Sebastián Rey: Con el equipo de investigadores e investigadoras que dirijo venimos estudiando las decisiones y sentencias del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos desde el 2012, pero siempre nos interesó conocer la cocina. Y no existía ningún libro a nivel nacional o regional que indagara sobre ese cómo se había llegado a adoptarlas. Entonces en 2016 decidimos iniciar ese trabajo. Es decir, analizar todas las denuncias contra la Argentina que fueron tramitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 1976 y 2020. Fue una excusa para reflejar la situación de los derechos humanos en nuestro país en los últimos 40 años, en un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por cualquier persona. Buscamos reflejar el impacto de las decisiones a nivel nacional, los diferentes contextos y gobiernos y las reformas legislativas e institucionales que generaron. El valor agregado de este libro es que recoge las entrevistas a más de 350 cincuenta protagonistas de los casos (las víctimas que ubicamos en el centro de la escena, sus abogados/as y los del Estado y los miembros de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que van ideológicamente de la izquierda a la derecha.

APU: ¿Que hechos llevados a cabo por el Estado nacional en los últimos veinte años pueden ser puestos en el banquillo?

S.R.: La característica de los sistemas internacionales de protección es su carácter complementario de las jurisdicciones nacionales. Entonces, para denunciar a la Argentina ante la CIDH primero hay que agotar los recursos judiciales existentes en nuestro país, o intentarlo y no poder hacerlo. Y el Poder Judicial en Argentina es lento, así que en general a la víctima eso le demora una década. Si se le añade el tremendo atraso que tiene la CIDH para tramitar miles de denuncias que recibe de todo el continente. Las decisiones del Sistema Interamericano siempre se refieren a hechos que ocurrieron hace diez o veinte años. Aclarado eso, se puede denunciar al Estado por violaciones de los derechos reconocidos en los tratados regionales de derechos humanos que le otorgan competencia a la CIDH (Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención de Belém do Pará, entre otros) cometidas por agentes estatales (ya sea que integren el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tanto a nivel federal o provincial) o por no prevenir e investigar las cometidas por particulares.

APU: ¿Qué impacto tuvieron las denuncias en la CIDH por los crímenes contra la humanidad cometidos por la última dictadura?

S.R.: Las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado y sus consecuencias ocupan varios capítulos del libro. La CIDH tuvo un rol fundamental para las víctimas y sus familiares. Fue uno de los pocos lugares a donde podían concurrir a denunciar las desapariciones y torturas que ocurrían en la Argentina. La visita que hizo en 1979 a nuestro país fue importante para minar la credibilidad internacional de la dictadura y le otorgó un gran respeto al organismo que se mantiene hasta el día de hoy. Ya en democracia la CIDH también tuvo que pronunciarse sobre la situación de aquellas personas que habían sido condenadas durante la dictadura en fragante violación del debido proceso y sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los decretos de indulto. Además, a partir de denuncias ante la CIDH surgieron los juicios por la Verdad, se sancionaron las leyes reparatorias para las víctimas y se produjeron modificaciones legislativas para la toma de muestras de ADN de niños y niñas apropiados durante la dictadura. El exitoso proceso de juzgamiento que arrancó durante el gobierno de Néstor Kirchner generó que la Argentina recién el año pasado -y en un caso bastante particular- fuera condenada por no haber investigado y sancionado a algunos responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos, cuando Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia hace más de diez años que vienen recibiendo sentencias en contra sobre este tema.

APU: ¿El caso de Walter Bulacio estableció un punto de inflexión en el tratamiento de la violencia institucional?

S.R.: Creo que una de las virtudes del libro es que también analiza las violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia. Y el caso de Walter fue paradigmático a nivel nacional e internacional. La causa tuvo visibilidad mediática porque logró la empatía de la clase media, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia institucional. La identificación con Walter de muchísimos jóvenes durante los años ‘90 se tradujo en movilizaciones inéditas para esa época.

El Sistema Interamericano estaba esperando un buen caso para tratar de poner en crisis la violencia de la policía contra los jóvenes en la región, por lo que el litigio del caso de Walter a nivel internacional fue rapidísimo. La sentencia de la Corte Interamericana remarcó la necesidad de que se realice un control judicial inmediato de las detenciones, que en caso de menores de edad inmediatamente se notifique a sus familiares, que exista un registro de detenidos en las comisarías y, principalmente, destacó que las “razzias”, las detenciones por averiguaciones de identidad y las detenciones por edictos contravencionales de policía son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales. A partir del fallo se generaron numerosas reformas legislativas tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual no significa que al día de hoy no sigan existiendo casos de violencia institucional.

APU: ¿Que trascendencia tuvieron las violaciones a los Derechos Humanos llevados a cabo sobre las víctimas de la represión en La Tablada?

S.R.: El caso del ataque al Regimiento de La Tablada es uno de los más interesantes del libro porque atraviesa dos décadas, diferentes gobiernos peronistas y radicales y sus consecuencias siguen hasta el día de hoy, como lo demuestra la condena en abril de 2019 al ex general Alfredo Manuel Arrillaga por el homicidio de José Alejandro Díaz.

No hay que olvidar que en 1997, cuando la CIDH aprobó el informe donde declaró que el Estado argentino había desaparecido a miembros del MTP (Movimiento Todos por la Patria), torturado a sobrevivientes y violado el derecho a la doble instancia en el juicio que les hicieron. Los presos del MTP eran parias. Hasta los organismos de derechos humanos les daban la espalda, con contadas excepciones. Por eso digo que se dio la paradoja de que fue un salvavidas que les llegó desde Washington, en el corazón del imperio. El informe les dio herramientas para empezar a discutir la conmutación de penas, los indultos y tratar de avanzar con el juzgamiento de los militares.

APU: En estos días hay un fuerte cuestionamiento de la sociedad hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es su postura al respecto?

S-R: El libro refleja con claridad que las víctimas de violaciones de Derechos Humanos no han sido oídas en la Argentina, y hasta ninguneadas y maltratadas en algunos casos. Sus críticas incluyen a la Corte, pero se extienden a todos los integrantes del Poder Judicial, que se encuentran muy desprestigiados. Si bien cada tanto aparece algún fallo interesante, la formación en derechos humanos dentro del Servicio de Administración de Justicia es una deuda que se va saldando más lento que lo que uno pretende. Destaco que el “Ni Una Menos” y los avances en los últimos años sobre cuestiones de género sirvieron para que muchos operadores descubrieran la Convención Belém Do Pará, pero no hay que olvidar que la Argentina ratificó este tratado en 1996, así que se tomaron su tiempo para leerla.