Ex-presos políticos enjuician a comandantes de Gendarmería por torturas y homicidios calificados
Por Sergio Ferrari*
Los hechos se remontan al período 1976-1979. El escenario de los crímenes de lesa humanidad: la Cárcel de Coronda en la provincia argentina de Santa Fe. El juicio oral que comienza este 14 de diciembre y que podría extenderse hasta mitad del 2018, convocará durante una veintena de audiencias públicas a casi un centenar de testigos querellantes. Los acusados1 son Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, quienes dirigieron el penal en el momento de los hechos en tanto comandantes de la Gendarmería, fuerza de seguridad de naturaleza militar.
Lo particular y novedoso de este juicio que se abre 40 años después de los eventos que lo motivan, es contar como parte acusadora a la Asociación Civil El Periscopio2, que representa a los presos políticos3 que pasaron por Coronda durante la última dictadura, explica Luis Larpin, uno de los promotores de la causa.
“El inicio mismo de este juicio oral es ya una victoria de la memoria colectiva. Durante mucho tiempo dudamos que se pudiera concretar este proceso, que tiene sus antecedentes en 1984, cuando se dan las primeras declaraciones de algunos de los exdetenidos, denunciando el régimen de terror cotidiano”, recuerda Larpin. Este proceso legal se convirtió en una especie de “maratón jurídico”, con momentos de freno, relanzamientos momentáneos y ahora, la etapa del envión final, precisa.
No faltaron en esta larga carrera obstáculos de todo tipo: burocráticos, para estirar los trámites judiciales en el tiempo; legales, para intentar reducir la responsabilidad de los acusados con el argumento que cumplían órdenes en el marco de una cadena vertical de mandos; o bien pretextos formales como que las pruebas eran difusas.
“Nuestra acusación es clara, directa y tiene rostro humano. Está dirigida contra los responsables del régimen carcelario de tortura cotidiana que soportamos los presos políticos y que llevó a la muerte, en el mismo penal de Coronda, de los compañeros Juan Carlos Voisard, Raúl Manuel San Martín y Luis Alberto Hormaeche”, subraya Larpin.
“Redefinir la tortura”
23 horas de encierro por día; ningún tipo de lectura o entretenimiento permitidos, la actividad física o laboral en las celdas totalmente penalizada; aislamiento absoluto de los detenidos en Coronda del mundo exterior durante casi un año - entre marzo de 1976 y febrero de 1977- ; atención médica y odontológica deplorables; el desprecio grotesco de los guardias como clave de la relación con los detenidos; amenazas sistemáticas de toda índole; golpes corporales como norma; regulares requisas vejatorias; reglas punitivas totalmente arbitrarias que conllevaban a la pérdida de la visita o el recreo… “Sin olvidar el traslado de detenidos hacia comisarías y juzgados para torturarles, cuyo caso más emblemático fue el traslado hacia Rosario y posterior fusilamiento de nuestro compañero Daniel Gorosito”.
Y el relato de Alfredo Vivono, presidente actual de la Asociación Civil El Periscopio, es apenas, como él mismo lo subraya, “una breve radiografía ilustrativa de ese régimen carcelario inhumano al que pudimos sobrevivir solo en base a la resistencia colectiva, la unidad y la solidaridad incondicional que protagonizamos”.
Una parte de esa cotidianeidad represiva y al mismo tiempo resistente, se plasmó en 2003 en el libro “Del Otro lado de la mirilla. Olvidos y Memorias de ex Presos Políticos de Coronda”4. Los relatos, escritos anónimamente por unos setenta de entre ellos - pero en un proceso colectivo que involucró al menos a 150 ex detenidos-, constituyeron también la base de una iniciativa multi mediática que incluyó una obra de teatro participativa y testimonial5, así como un video documental y una exposición de elementos carcelarios.
Para asegurar la redacción-difusión e inscripción legal del libro, se creó entonces la Asociación Civil El Periscopio, que promovió también centenas de intervenciones y actos púbicos, y que ahora es querellante colectiva en el ya denominado Juicio de Coronda. “Un cambio de roles de nuestra asociación que pasó de la sensibilización pública a la tramitación jurídica para lograr el castigo de los responsables”, subraya.
En algún momento, sigue reflexionando Vivono, “en tanto colectivo de expresos tuvimos una idea casi generalizada y errónea sobre lo qué significaba la tortura. Recuerdo que, en presentaciones públicas del libro, contábamos, por ejemplo, que permanecíamos atados, vendados y desnudos y luego éramos torturados…”
Los abogados que nos patrocinaban nos corrigieron radicalmente: las leyes y tratados internacionales consideran que el hecho de estar atado, vendado, incomunicado y ser maltratado, vejado, amenazado, constituyen ya formas de tortura. Y nos explicaban que esas condiciones inhumanas no solo fueron constatadas en centros clandestinos ilegales de detención por donde pasaron miles de detenidos-desaparecidos6, sino también en las cárceles *legalizadas*, una de las cuales fue Coronda.
La justicia reparadora, esencia democrática
Coronda, fue el único establecimiento carcelario en esa época que estuvo dirigido por la Gendarmería y no por personal de Institutos Penitenciarios, recuerda Augusto Saro, otro expreso político activo promotor de Del otro lado de la Mirilla.
“Elemento adicional que prueba que nuestro penal se convirtió, como parte de un plan fríamente elaborado por los militares, en un laboratorio de prueba de los más diversos métodos de destrucción física, psíquica y moral de la persona”. En más de una oportunidad el hoy enjuiciado comandante Kushidonchi afirmó con arrogancia: “de aquí saldrán muertos o locos”, recuerda Saro.
Y de allí el valor esencial de este proceso en marcha. “Arribar a esta instancia de juicio oral después de cuadro décadas de producidos los hechos demuestra claramente la decisión de la sociedad civil argentina de no cesar en la búsqueda de la verdad y la justicia”. Y enmarca este juicio en el complejo contexto político actual que vive Argentina. “Se trata de un momento en que el poder político y los medios hegemónicos de comunicación intentan persuadir a la opinión pública de la necesidad de no mirar más hacia el pasado, de cerrar la etapa horrenda de la dictadura militar de 1976 a 1983”. Actitud que se explicita, por ejemplo, “en presiones sobre algunos magistrados que siguen promoviendo, ejemplarmente, investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, una tipología que no admite ni perennidad ni impunidad”.
Los que promovemos el Juicio Coronda estamos convencidos que “no se puede hablar de Estado de derecho sin independencia de los diversos poderes. Pero, sobre todo, que es imposible construir una sociedad realmente democrática sin llegar a una justa condena de todos los responsables del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar”, subraya. Porque está comprobado que la impunidad envalentona a los genocidas que no dudan en justificar sus crímenes e inclusive conspiran contra la vida democrática, acota.
“Por los que no están”
A los que participarán como testigos en los próximos meses, “nos mueven ideales de justicia verdadera y definitiva. Es decir, un ejercicio curativo, sanador, no solo de los que estuvimos presos en Coronda. Sino también de nuestras familias que soportaron de igual forma vejámenes sistemáticos7”, subraya Guillermo Martini, quien será uno de los primeros en declarar en la segunda semana de diciembre.
“Pensamos también en todos los presos que vivieron tormentos en numerosos centros de detención, legales o clandestinos, durante esa horrorosa etapa de la vida institucional del país”, enfatiza.
Sin olvidar en especial, “al Gringo Voisard, dirigente sindical de pueblo chico con su gorrito ladeado y su risa franca. Al Palito Gorosito, con sus convicciones innegociables y su gran humildad. Al Negro Hormaeche, con su militancia sindical y su música. A Raúl San Martín, obrero metalúrgico a quien los carceleros dejaron morir con un cuadro agudo de meningitis”.
Y el recuerdo-homenaje no puede limitarse a nombres individuales, insiste Martini. “A nuestro lado estarán nuestros hermanos y familiares que ya no viven y los miles de compañeros y compañeras que se jugaron por una patria inclusiva, para todos, y que perdieron su vida o su libertad en el intento de realizarla…En su memoria, nuestro compromiso por la Memoria y la Verdad, con Justicia”, concluye.
*Sergio Ferrari, periodista, así como el fotógrafo José Cettour, autor de las imágenes, son expresos políticos del Penal de Coronda y miembros de la Asociación Civil El Periscopio
[1] El tercer involucrado en la causa, el también comandante de Gendarmería Octavio Zirone, falleció en 2014
[2] El nombre de la Asociación viene de “periscopio”, instrumento de vital utilidad para la resistencia en Coronda. Consistía en un minúsculo trozo de vidrio, pegado sobre masa de pan oscurecida con ceniza y encapsulado parcialmente en plástico verde obtenido de las tapitas del tubo de dentífrico. Era sostenido por una paja de escoba. Se sacaba por los agujeros de la parte inferior de la puerta de la celda, para controlar los movimientos de los guardia- cárceles.
[3] Se calcula que 1.153 presos políticos pasaron por Coronda entre 1974 y 1979, fecha de su cierre en tanto centro de detención para detenidos por causas políticas, gremiales y estudiantes.
[4] El escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en 2015, escribió en el epílogo del libro: “Este testimonio de los presos de Coronda es otro aporte al rescate de la memoria colectiva. Ella respira, escondida bajo la amnesia obligatoria”. El libro fue presentado a partir del 2003 en más de un centenar de actividades públicas realizadas tanto en Argentina como en el exterior: Suiza, Francia, Canadá, Perú
[5] «Coronda en Acción», propuesta por la periodista María Moreno, dirigida por Graciela Camino y contó con el apoyo del artista plástico Julio Flores. Fue presentada en diversas salas en el 2005 y 2006.
[6] Organismos de derechos humanos calculan en 30 mil la cifra de detenidos-desaparecidos. Según diferentes fuentes los presos políticos reconocidos oscilaron en 10 mil. En tanto hubo decenas de miles de exiliados externos e internos.
[7] Los vejámenes contra los familiares fueron tan brutales como contra los detenidos. A pesar que a partir de 1977 en las visitas de escasos 15 minutos cada 45 días no había ningún contacto físico, a las esposas y madres de los presos políticos se les obligó en muchas ocasiones a desnudarse y ser objeto de requisas corporales que incluían el tacto vaginal. En miles de casos se enteraban al llegar a Coronda que no podrían ver a su familiar por estar “castigado”.