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DDHH //// 18.03.2016
Dossier: el primer 24 de marzo de Macri

Mientras el gobierno prepara la recepción patagónica a Obama y las Madres de Plaza de Mayo denuncian hostigamiento estatal, la primera reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos de la era macrista concluyó con una docena de provincias firmando un documento en disidencia del cosmético oficial. Preocupantes definiciones del ministro Garavano sobre el rol de los organismos de derechos humanos y su participación en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, tres banderas que, para el secretario Avruj, el kirchnerismo exacerbó por demás.

SUMARIO

Por Diego Kenis
Más de medio centenar de funcionarios y profesionales se reunieron en Capital Federal del 2 al 4 de marzo pasados, veinte días exactos antes del cuadragésimo aniversario del último golpe cívico militar, para concretar la primera reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos de la era macrista.
El ente reúne a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que lo preside, y a sus similares o equivalentes de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sesiona periódicamente con los objetivos de “concertación, apoyo y articulación para las políticas públicas” en la materia, en todos los niveles federales y “desde una perspectiva federal, progresiva e integrada”.
Los antecedentes del nuevo gobierno, la confirmación de la visita del presidente estadounidense al país para el 23 y 24 de este mes, los distintos episodios de represión política, la detención ilegítima de Milagro Sala, la situación de Infojus, los despidos a trabajadores del área  y el hostigamiento estatal a organismos de derechos humanos como el que el jueves 10 volvieron a denunciar las Madres no prefiguraban una sesión fácil.
No lo fue. De hecho, la clausura del encuentro arrojó dos documentos. Ambos se comparten por separado en este dossier especial de AGENCIA PACO URONDO (ver aparte), que también incluye una entrevista con el representante de Santiago del Estero en el plenario.
La provincia norteña fue una de las doce que impulsaron y suscribieron una declaración en disidencia de la oficial, incluyendo aquellos puntos que la Secretaría del Consejo de negó a incluir pese a que la moción era mayoritaria:

  • el pedido por la liberación de Milagro Sala, cuya privación ilegal de la libertad subrayan los firmantes.
  • el cese de los despidos entre los trabajadores estatales, que se producen sin causa ni proceso administrativo y conducen a “graves consecuencias familiares y sociales”.
  • el rechazo al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad elaborado por la ministra Patricia Bullrich, que –enfatizan- lesiona derechos constitucionales como los de petición y reunión y “habilita la institucionalización del abuso de las Fuerzas de Seguridad sobre los ciudadanos y ciudadanas”. 

El documento fue suscripto por las autoridades de Derechos Humanos de Santa Cruz, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Tucumán. Ninguna es macrista, pero lo variopinto de sus gobiernos ilustra una disconformidad en expansión a sólo tres meses de la asunción del nuevo gobierno nacional.
Derechos y humanos
La declaración oficial, más cosmética, excluía todos los puntos señalados por no haber sido unánimes y apenas consignaba aquellos a los que nadie se podría negar: la caracterización negativa del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la esperanza de que sirva de aprendizaje para la defensa de la democracia y el repudio a la liberación de diez represores de las causas por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en La Pampa y Entre Ríos.
Pese al “sentido homenaje” que el documento final destina a los organismos de derechos humanos y al súbito interés de Macri por interiorizarse en el tema visitando la ex ESMA, las definiciones de su ministro de Justicia Germán Garavano causaron sorpresa e incertidumbre entre muchos de aquellos que escucharon su presentación ante el plenario del Consejo Federal.
El funcionario se manifestó por una política que sea “no tanto de lesa humanidad y más de otros derechos”, lo que supone un desconocimiento de todo lo hecho hasta 2015 por la cartera, e indicó que los organismos de derechos humanos deberían tener menor injerencia en el rumbo del área. La analogía de ocasión fue con la injerencia que no deben tener las empresas en la decisión de las políticas económicas del país. Una comparación poco feliz: ni la lucha por los derechos humanos es comparable a los intereses creados del mercado, ni las grandes firmas se privaron de colocar como funcionarios del actual gobierno a sus CEOs.
La citación a los profesionales que forman parte del Programa Verdad y Justicia para formar parte del plenario, por su parte, parece entrar colisión con el “férreo compromiso en la lucha contra la impunidad y el rol de la Justicia para tal fin”, que el Consejo expresó en su declaración.
Creado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, el Programa surgió en 2007 como respuesta gubernamental a la desaparición de Julio López, y con los objetivos de “fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia”, garantizar la “contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales”, brindar apoyo a las investigaciones de delitos de lesa humanidad y proponer nuevas normativas que contribuyan a estos fines.
Con esos roles y su trato cotidiano con testigos y víctimas, el pasaje del Programa a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos podría significar su vaciamiento definitivo. Como la cartera es querellante en las causas, su campo de acción se vería notoriamente disminuido porque podría ser objetado su contacto con las causas y sus testigos, que sin esa asistencia quedarían desprotegidos. Con ello se completaría un cuadro que empezó a configurarse a partir de los despidos de once de los profesionales del Programa, lo que lesionó a un colectivo federal que en todo el país desarrolló notables informes e investigaciones como la que permitió llevar a juicio a aviadores del Ejército acusados de participar en vuelos de la muerte o la que, en conjunto con otros organismos y entes estatales, determinó la responsabilidad empresaria en la aplicación del plan criminal tras el golpe de Estado del que este 24 se cumplirán cuarenta años.