fbpx Bahía Blanca: organismos de DDHH reclamaron por demoras en juicio de lesa humanidad
DDHH //// 16.08.2016
Bahía Blanca: organismos de DDHH reclamaron por demoras en juicio de lesa humanidad

Lo hicieron a través de un crítico comunicado, remitido al TOF bahiense. Cuestionaron las demoras en el inicio de un nuevo debate oral tras nueve meses de concluido el anterior, solicitaron unificar causas por economía procesal y subrayaron su pedido a los jueces para que continúen en el camino de Memoria, Verdad y Justicia, “que parecería están abandonando”. El documento completo.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense, la regional de H.I.J.O.S. y la filial local de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer en la mañana de este martes 16 un crítico comunicado público remitido además al Tribunal Oral Federal (TOF) que en Bahía Blanca llevó adelante tres juicios por delitos de lesa humanidad hasta 2015 pero hace nueve meses demora el comienzo del cuarto, que involucra a acusados septuagenarios a la espera del debate oral o el beneficio de la impunidad biológica.
El documento recuerda que los integrantes del TOF, los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, “dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio” para el nuevo debate oral. La última de las que extraoficialmente se manejaron desde el TOF fue para el mes pasado, pero a este momento los organismos no cuentan con “fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse”.
Además, las entidades de derechos humanos recordaron que varias veces han solicitado “la unificación de causas por una cuestión de economía procesal ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumando a las dificultades que las audiencias son insuficientes”.  Todo ello se traduce en “impunidad biológica para los imputados, y un avance del burocratismo judicial”, lo que “atenta contra la aplicación de justicia que buscamos hace más de cuarenta años, pero que los jueces parecen no entender”.
El comunicado también denuncia que “las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad” y subraya que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia “han sido vaciadas por el gobierno nacional, (o) van en ese camino, pero de las que no claudicaremos porque sabemos y vemos como el Poder Judicial Federal acomoda sus sillones hacia la derecha”. “Todo señala la intencionalidad de frenar los enjuiciamientos, para después cerrar todos los caminos para su continuidad”, concluyeron.
“Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia”, reclamaron los organismos firmantes, que instaron “a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca, a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia”.
Hasta 2015, el Tribunal bahiense había emitido tres sentencias ejemplares, donde no sólo condenó  a prisión perpetua a dos docenas de genocidas sino que además abrió causas por responsabilidad en el plan criminal a civiles como el empresario Vicente Massot y el fallecido sacerdote Aldo Vara. En su último veredicto, leído tres días después del balotaje presidencial, el TOF incluyó la disposición que obliga a que el diario La Nueva Provincia, al que se imputa participación en operaciones psicológicas, rectifique públicamente la información con que difamó a las víctimas y convirtió en enfrentamientos a las masacres nocturnas del Ejército y la Armada. Por aquel fallo se condenó a prisión perpetua al ex secretario general de la Armada Eduardo Fracassi, la puerta inicial con que contó la familia Macri para el acceso a los negocios de la “Patria contratista”.
Sin embargo, después del 10 de diciembre la disposición judicial comenzó a mostrar signos de cambio que se agudizaron cuando dos de los integrantes del TOF, el marplatense Ferro y el pampeano Triputti, se hicieron además cargo de asientos subrogantes en la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.
De ese modo, mientras en un casillero se demoraba el comienzo de un cuarto juicio y se negaba la posibilidad de unificar causas, desde el otro los jueces comenzaron a emitir fallos adversos a sus propios planteos previos y dieron lugar a sanciones contra magistrados que rompieron la línea de la Cámara que hasta mediados del año pasado dirigió el ex espía del Ejército Néstor Montezanti. Ejemplos de ello son la recusación contra el juez Alejo Ramos Padilla que el tribunal de alzada aceptó extemporáneamente y las medidas disciplinarias adoptadas contra secretarios judiciales que debieron ejercer como jueces ad hoc, como Iara Silvestre o Álvaro Coleffi, el único magistrado local que se atrevió a llevar a indagatoria a Massot. Mientras tanto, el Estado ha pasado de exigir a La Nueva Provincia una rectificación a escribir en sus páginas, como hace una quincena hizo el presidente Mauricio Macri.
 
El documento completo de los organismos de derechos humanos
Comunicado por retrasos de inicio de juicios y situación actual
Hace nueve meses finalizó el último juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en nuestra ciudad. Hace nueve meses y después de más de un año de desarrollo para juzgar a una veintena de genocidas. Extraoficialmente los integrantes del el TOF local, dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta llegar a que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo. Sin embargo a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse. 
Hemos planteado, así como varias veces la Fiscalía de Lesa Humanidad, la unificación de causas por una cuestión de economía procesal ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumando a las dificultades que las audiencias son insuficientes.  Eso significa por un lado impunidad biológica para los imputados, y un avance del burocratismo judicial. El ejemplo es el caso del Juzgado Federal de Instrucción N° 1 que suma al haber desmantelado la Secretaría de DDHH del Juzgado, con la excusa del pedido del Tribunal Oral Criminal de supuesta necesidad de personal. 
Esto atenta contra la aplicación de justicia que buscamos hace más de cuarenta años, pero que los jueces parecen no entender.
Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles. Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad, y hoy se confronta al fallecimiento de víctimas, familiares y testigos de todo orden generando otras graves dificultades judiciales más, que no deben suceder a esta altura del inicio de políticas de estado de Memoria, Verdad y Justicia.
Esas políticas hoy sino han sido vaciadas por el gobierno nacional, van en ese camino, pero de las que no claudicaremos porque sabemos y vemos como el Poder Judicial Federal acomoda sus sillones hacia la derecha. Lo hacen como cuando se silenciaron en tiempos de las leyes de impunidad. Otorgar detenciones domiciliarias a mansalva, incluso a condenados a cadena perpetua, muestra en sus conductas irregulares la instalación de la sinrazón de las condenas. En ese escenario aparecen también otros elementos, como la ratificación de recusaciones con los fundamentos brutales de los defensores, hacia jueces o fiscales. Todo señala la intencionalidad de frenar los enjuiciamientos, para después cerrar todos los caminos para su continuidad.
En todo el país, los genocidas han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos. 
La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. 
Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia.
Instamos a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca, a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia.
 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca
H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca
Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca