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DDHH //// 19.06.2014
Arzobispo procesado por encubrimiento de cura prófugo

Se trata de Guillermo Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca. Está acusado por el encubrimiento del recientemente fallecido ex capellán y capitán de Ejército Aldo Vara, sobre quien pesaban cargos de lesa humanidad.

Por Diego Kenis
El juez federal Álvaro Coleffi resolvió el miércoles 18 de junio dictar los procesamientos del arzobispo de Bahía Blanca Guillermo Garlatti y el empresario Leopoldo Bochile, ambos acusados por el encubrimiento del ex capellán y capitán del Ejército Aldo Vara, quien se mantuvo ocho meses prófugo de la Justicia argentina hasta ser capturado en Ciudad del Este, Paraguay, donde murió el 4 de junio.
Sobre Vara pesaban cargos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército. Si bien era conocida desde varios años antes, la actuación del sacerdote en el marco del terrorismo estatal comenzó a conformar su imputación cuando el Tribunal Oral Federal actuante en el primer juicio por delitos de lesa humanidad de Bahía Blanca, desarrollado entre 2011 y 2012, escuchó testimonios que daban cuenta de su presencia en por lo menos dos Centros Clandestinos de Detención (CCD), el Batallón de Comunicaciones en que actuaba como capellán y la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Por ello, los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava decidieron incluir como uno de los puntos del veredicto de ese juicio la necesidad de abrir una investigación sobre la conducta del cura en la época, al tiempo que marcaron que su presencia en los CCD resultaba un hecho “comprometedor para la Iglesia católica”.
Para entonces, Vara ya llevaba más de un año fuera del país. La orden emanada del fallo de los magistrados del TOF bahiense fue derivada a la Unidad Fiscal que conducen Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes profundizaron la investigación y formularon la imputación contra el ex capellán, solicitando en abril de 2013 su detención y declaración indagatoria.
Tras una apelación de los fiscales a la Cámara Federal, que revocó la denegatoria original de primera instancia por parte del juez Santiago Martínez, su par Coleffi dictó en agosto último la orden de captura internacional del sacerdote, que se produjo recién el 28 de abril. Con ella comenzaría a desenredarse el ovillo de la complicidad institucional eclesiástica, que derivó como última novedad en el procesamiento del arzobispo Garlatti por encubrimiento agravado y desobediencia a la Justicia, lo que convierte a la resolución de Coleffi en un escrito fundante de la igualdad ante la ley de los habitantes del país, más allá de su pertenencia o no a las altas esfera de la jerarquía eclesiástica.
Un feliz miembro de la clase pasiva
Un día después de la detención del ex capellán del Ejército, el sociólogo Fortunato Mallimaci denunció que Vara continuaba percibiendo un haber jubilatorio mensual pagado por la Iglesia católica a través del Arzobispado local, pese a que había permanecido los últimos ocho meses prófugo y el Ministerio de Justicia de la Nación ofrecía una recompensa por datos que pudieran servir para conocer su paradero.
Ante la afirmación de Mallimaci, los fiscales Palazzani y Nebbia concurrieron a la sede del Arzobispado, que debió reconocer el pago del beneficio, que se hacía efectivo a través de un apoderado que resultó ser el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile y formaba parte de un Fondo de Solidaridad (FIDES) de la institución. La confirmación del dato motivó la denuncia de los fiscales al arzobispo por el delito de encubrimiento, causa que continuaron los fiscales Antonio Castaño y Alejandro Cantaro.
El haber previsional jamás fue notificado por las autoridades eclesiásticas bahienses a la Justicia, que en los meses que duró la búsqueda internacional del cura prófugo remitió oficios solicitando toda información relativa a su paradero a varios Arzobispados, incluido el bahiense, y a la Conferencia Episcopal y el Vaticano.
En todos los casos la respuesta fue negativa, con la única excepción de la obtenida de la arquidiócesis de La Plata, que informó que Vara había residido en la capital provincial bonaerense entre 2006 y 2007 y solicitado dos años más tarde su radicación allí, lo que le fue denegado. El titular de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, contestó por su parte que la entidad no poseía registro de sacerdotes aunque añadió que había trasladado la consulta al Arzobispado de Bahía Blanca, lo que arrojaba claridad respecto de quiénes eran los superiores jerárquicos inmediatos del ex capellán del Ejército.
Tanto a la Justicia como a los organismos de derechos humanos bahienses, la jerarquía eclesiástica local siempre respondió que ningún dato poseía respecto del paradero de Vara, al que sin embargo pagaba mensualmente un beneficio previsional no denunciado en ninguna de las respuestas. En la remitida al Juzgado, el Arzobispado incluyó además un agregado: indicó que Vara no había elevado a él ninguna solicitud para trasladarse al exterior. El dato, que podría configurarse además en una maniobra para descartar una búsqueda fronteras afueras, confirmó la jerarquía permanente de Garlatti sobre Vara. Prófugo de la Justicia argentina, el cura se encontraba por entonces al resguardo de la Diócesis paraguaya de Ciudad del Este, que informó que había llegado allí a pedido de “su Obispo”.
Verdad- Consecuencia
La omisión deliberada de datos en su respuesta al juez fue confirmada por los documentos hallados durante el allanamiento que, con demoras, se realizó en la sede del Arzobispado el viernes 9 de mayo, mientras la Conferencia Episcopal Argentina integrada por Garlatti daba a conocer un documento en que protestaba contra la impunidad de los delincuentes y la lentitud de la Justicia, sin mencionar a los pecadores propios. La pesquisa en la Curia arrojó nuevos descubrimientos: como apoderado de Vara, Bochile incluso participó en 2003 en una operación de compraventa de inmuebles. La parte compradora era el Arzobispado local, que planeaba destinar el lugar a Cáritas Arquidiocesana. Su representante era, naturalmente, el arzobispo: monseñor Guillermo Garlatti.
Menos de un mes después del allanamiento, el 11 de junio, Garlatti debió prestar declaración indagatoria como imputado por el delito de encubrimiento. Previamente, el administrador de la Curia Bruno Cuchetti había confirmado la existencia del pago previsional a favor de Vara y a través del apoderado Bochile.
Las explicaciones del arzobispo durante la indagatoria no dejaron conforme a Coleffi, que no tuvo en cuenta sus relatos de anécdotas que lo acercaban al ex senador Eduardo Duhalde y el ex cardenal Jorge Bergoglio, que se había convertido en Papa Francesco pocas horas antes del pedido de detención de Vara por parte de los fiscales Palazzani y Nebbia.
Por ello, una semana después de escucharlo y mientras su colega Martínez seguía en España la pista de la Ruta del Vino ibérico, el juez decidió procesar al titular del Arzobispado bahiense y al apoderado Bochile por el delito de encubrimiento, agravado por efectuarse en favor de un imputado por delitos de lesa humanidad, y a ello agregó en el caso del arzobispo el cargo por la desobediencia judicial que Garlatti hizo evidente al omitir el aporte de datos respecto de Vara.
El magistrado decidió no dictar la prisión preventiva de los acusados, debido al carácter excarcelable del delito, pero fijó la responsabilidad civil de Garlatti en un monto de siete mil pesos. La histórica decisión abre varios interrogantes. Una de las grandes incógnitas hoy es si, con la nunca revisada contribución estatal a las arcas de la Iglesia, la suma no será indirectamente aportada por el mismo Estado que ofreció una recompensa para atrapar al cura genocida prófugo que Garlatti ocultó y financió en su huida.  A ella se suma otra, no menor: qué comentario merecerá la noticia por parte del Obispo de Roma, a quien el procesado involucró en su indagatoria al mencionar el secular nombre de Jorge Mario Bergoglio.