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DDHH //// 08.09.2021
A 42 años de la visita de la CIDH en plena dictadura

Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, la Argentina fue visitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por Paula Viafora

Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, la Argentina fue visitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El año anterior, con la concurrencia de público extranjero al Mundial de Fútbol, se habian, no solo intensificado las denuncias por violaciones sistemáticas a los DDHH por parte del gobierno de la dictadura, sino que se habían visibilizado reclamos directos de grupo afectados, como fuera el conocido pasaje a la notoriedad de las Madres de Plaza de Mayo.

Los diarios más importantes del momento intentaban plantarse en una postura neutral y pretender que el gobierno aprobaba la visita de la cual saldría airoso. Tanto los titulares como el cuerpo de las noticias publicadas en esos días, daban cuenta de las actividades de sus miembros. Aunque los editoriales de La Nación del 6 y del 19 de septiembre se animaron a un poco más: “(..). Es también una forma responsable y seria de tratar el tema de los derechos humanos, que muestra una sincera preocupación por el cumplimiento de los mismos, frente a aquellos que los utilizan como un arma en la lucha política. Pero, sobre todo, la decisión del gobierno argentino de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos importa reconocer la existencia de una comunidad internacional a la que el país pertenece y a cuyos convenios está comprometido”.

Las diversas actividades planificadas por la CIDH durante su estadía en el país fueron vigiladas y perseguidas por los organismos de inteligencia. Los horarios de llegada, los lugares donde se alojarían, las visitas a cárceles y unidades penales en todo el país, las entrevistas con organismos y referentes nacionales y una descripción detallada de los antecedentes personales de cada uno de los miembros fueron minuciosamente detallados e informados ante los órganos de inteligencia.

Durante su estadía en el país, la CIDH visitó las cárceles de Villa Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, Unidad 9 de La Plata, Olmos y los centros militares de Magdalena y la Ribera en Córdoba. También estuvieron presentes en la cárcel de Córdoba, la Unidad 21 (Instituto de Resocialización), la Superintendencia de Seguridad Federal, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la comisaría 9 de La Plata. En cada cárcel o unidad penal, los integrantes de la CIDH se reunieron con los máximos referentes de cada establecimiento, realizaron una inspección ocular de las celdas y los lugares de detención, se entrevistaron con las personas detenidas, particularmente aquellas bajo la calificación de “DT” (delincuentes terroristas), y hacían un relevamiento exhaustivo de las condiciones generales de detención de cada lugar.

A pocos días de dar a conocer el informe final en mayo de 1980, ingresaron al país 500 ejemplares. Dos integrantes de la APDH, Emilio Mignone y Aldo Etchegoyen, fueron los encargados de ir a buscar el material a Ezeiza. Los relatos del episodio no dejan de ser asombrosos. El objetivo era ingresar al país un material sumamente sensible, que declaraba públicamente que en la Argentina se cometían crímenes de forma sistemática. Los 500 informes lograron saltar los controles de seguridad, ingresar al país y ser distribuidos entre los organismos y las víctimas. La repercusión fue amplia en el exterior y ratificó las denuncias de las víctimas. Para la dictadura argentina fue un duro golpe. Fue el paso que terminó de quebrar la pretendida imagen que buscaba el gobierno militar para dar paso a la realidad de las torturas, desapariciones, centros clandestinos, asesinatos y secuestros.

El párrafo que introduce las conclusiones es una acotada síntesis de lo que se desarrollará en distintos apartados que van enumerando los derechos incumplidos y a continuación, una lista de recomendaciones: "A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.