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Cultura //// 12.04.2020
Migrantes: solidaridad en tiempos de emergencia sanitaria

APU entrevista a Zulema Montero, presidenta de la Asociación Yanapacuna (“ayudar” en Quechua) e integrante del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM). Desde que llegó en 2001 a Argentina, es protagonista de la lucha por los derechos de quienes migran. Por Gabriela Costanzo.

Por Gabriela Costanzo *

Agradecemos la colaboración de Pablo Cossio (BTM)

Entrevista a Zulma Montero

AGENCIA PACO URONDO: ¿Quiénes forman el BTM? ¿Cómo se organizan?

Zulema Montero: El BTM está formado por varias organizaciones migrantes latinoamericanas. Nos organizamos en comisiones de, por ejemplo, acompañamiento en casos de detención, cursos de español, asesoramiento permanente para quienes lo precisen, y también tenemos una comisión territorial, vamos a barrios de CABA y AMBA en donde estamos impulsando una Red de Consultorías Migrantes. A su vez, el BTM es parte de la campaña Migrar no es Delito, que también la componen otras organizaciones barriales, sociales y políticas.

 

APU: ¿Cuáles son las demandas que el Bloque viene sosteniendo desde la gestión de Mauricio Macri y que continúan hasta la actualidad?

ZM: Desde la sanción del decreto 70/2017, las y los migrantes nos venimos organizando en conjunto con organizaciones de derechos humanos, como CAREF y CELS para lograr la nulidad de este decreto que ha afectado grandemente a los migrantes. Este DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) procedió con la expulsión de migrantes por sólo tener un procesamiento, sin siquiera una sentencia condenatoria, incluso provocó la revisión de condenas caducadas (cumplidas), y, en concreto, se han separado familias, quedando el padre o la madre acá y uno de ellos expulsado, dejando a sus hijos en situación de vulnerabilidad. Frente a esta situación las y los migrantes nos hemos reunido, con varias organizaciones de distintos países, bajo la campaña Migrar no es delito, y desde allí, hemos realizado diferentes movilizaciones pidiendo la nulidad de este decreto. Por otra parte, en conjunto con ONGs y organismos de derechos humanos hemos presentado un amparo, pidiendo la nulidad del decreto. En una primera instancia conseguimos la nulidad del DNU, pero luego el gobierno anterior apeló, y actualmente, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin ninguna resolución hasta la fecha. Entonces, como está vigente el decreto, se continúa con los procedimientos de expulsión.

 

APU: ¿De qué manera la denominada Agenda Migrante 2020 colabora en la sistematización de demandas en forma conjunta con otras organizaciones migrantes, organismos de derechos humanos e instituciones académicas?

ZM: Cuando visualizamos un cambio de gobierno, organizaciones de migrantes y organismos de derechos humanos nos reunimos para preparar una agenda del migrante para presentar al actual presidente y que fuera prioritario en los primeros meses de este año. Tiene varios puntos primordiales: la nulidad del decreto 70/2017, la revisión de las expulsiones y el retorno de las personas expulsadas para que puedan volver a vincularse con sus familias y se cumpla con la Ley de Migraciones, que establece la reunificación familiar; el derecho a la migración que es concomitante con lo establecido por la Constitución Nacional, tanto en su preámbulo como en los artículos 14 y 20. Con este DNU prácticamente se vulneran todos estos derechos establecidos en estas normas nacionales y también en las internacionales.

Uno de los puntos de la Agenda 2020 es que cesen las persecuciones a los trabajadores migrantes, especialmente a los senegaleses, que diariamente son objeto de detenciones indebidas y arbitrarias, allanamientos y el secuestro de la mercadería, que jamás es devuelta. Ellos trabajan el día a día para alimentarse y la venta ambulante para la subsistencia, según el código contravencional de la Ciudad, no constituye un delito. Hemos pedido que estas arbitrariedades se suspendan, incluso tenemos videos que atestiguan la persecución y la violencia institucional ejercida por la policía del gobierno de la ciudad sobre estos migrantes.

Otro de los puntos planteados en la Agenda ha sido la regularización migratoria, tenemos conocimiento que hay 75.000 expedientes en trámite. Es decir, esto implica que estas personas no tienen DNI para poder acceder a sus derechos, fundamentalmente al derecho al trabajo. Asimismo, hemos criticado severamente el sistema de regularización migratoria a distancia, RADEX, que implica la realización de trámites por internet. Entonces, las personas que no tienen acceso a un dispositivo tecnológico o a internet, quedan excluidas de hacer trámites por sí mismas. Hemos pedido que haya una mesa de entrada en la Dirección de Migraciones para la atención directa de estas personas, y sobre todo, para que se agilicen estos trámites.

Desde la Agenda Migrante, en los últimos meses, hemos tenido varias reuniones con funcionarios de la actual gestión, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Migraciones, con los asesores del Presidente de la Nación, con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y presentamos las inquietudes, tuvimos buena recepción pero no tuvimos ninguna respuesta positiva hasta al momento. Al contrario, seguimos viendo con mucha preocupación expulsiones en esta gestión.

APU: ¿Cómo impactó la pandemia de COVID-19 en los migrantes? ¿Qué actividades están realizando desde el Bloque para atenuar las consecuencias económicas inmediatas producto del aislamiento social preventivo obligatorio?

ZM: En relación al tema anterior, entre los problemas que genera la pandemia entre las y los migrantes, estamos viendo las grades dificultades de quienes no pueden acceder a los beneficios que está otorgando el gobierno por no tener el documento nacional de identidad, ya que con una precaria (tipo de constancia de residencia provisoria) no se puede acceder a ellos. Incluso algunos migrantes ni siquiera tienen una precaria y pasan años sus trámites en la Dirección de Migración, o los que están realizando el trámite para cambiar de categoría para acceder a la residencia permanente, pero como tampoco tienen el DNI vigente, entonces no pueden acceder a los beneficios del gobierno.

Creo que los más vulnerables son las y los migrantes ya que sabemos que están en la mayor informalidad, no tienen trabajo registrado, muchos de ellos viven de la venta ambulante o la venta del día a día. Desde mi organización “Yanapacuna” hemos estado prestando colaboración directa a las mujeres víctimas de violencia, que además ahora son jefas de hogar, para conseguir algún cupo de alimentos. Hemos coordinado con el Ministerio de la Mujer que les ha hecho llegar algunos alimentos. Y también con la Red de Migrantes y Refugiados.

Hemos tropezado siempre con el problema de los migrantes que no tienen el DNI. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia no les está llegando a una gran parte de los migrantes por no tener documento y/o los dos años de residencia en el país. Incluso esas personas están viviendo en el país hace más de dos años, incluso seis y ocho años, pero como no tienen el DNI, ya sea por la burocracia de migraciones o por el descuido de algunos migrantes (pese a que se les insiste para que regularicen su condición). En consecuencia, muchos no podrán acceder a este beneficio, que les hubiera sido favorable en estas circunstancias. Otra situación es la de los que trabajan de manera informal y están siendo despedidos o no están trabajando, entonces, no se les paga. Estamos recibiendo muchas llamadas de personas carenciadas que estamos derivando a los comedores, para que, aunque sea, tengan un plato de comida al día.

 

APU: ¿Qué sucedió con el micro de migrantes que llegó el domingo 5 a la Ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Jujuy con 61 personas?

ZM: Desde el BTM queremos manifestar nuestra indignación por la actitud que tuvo el gobernador Gerardo Morales que prácticamente expulsó a 61 personas migrantes desde Jujuy a la Ciudad de Buenos Aires. No se consideró su situación de riesgo, creemos que fue una actitud inhumana. Morales, quien ha tomado otras medidas contra los migrantes, trató de justificar su accionar diciendo que tomó contacto con embajadores de Colombia y de Perú, que fue desmentido por estos, incluso por carta. Nosotros hemos pedido que se investigue, y ya ha tomado cartas en el asunto el juez federal Julián Ercolini, para que se determinen las responsabilidades y las sanciones que correspondan porque no puede ser que se haya puesto en riesgo a personas, que lo único que pretendían era regresar a sus países de origen.

 

APU: ¿En qué consiste la campaña de “solidaridad con lxs trabajadorxs excluidxs” que lanzó el bloque en marzo pasado?

ZM: Desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes estamos en permanente contacto con nuestros hermanxs migrantes, en este sentido y para colaborar frente a la emergencia sanitaria estamos impulsando una campaña de solidaridad recolectando alimentos y dinero para ayudar a lxs migrantes en situación de vulnerabilidad. Así organizamos esta campaña, con nuestros compañeros, que creo que está yendo bien. Estas colectas que se están realizando están llegando a los que realmente necesitan y a los que no reciben nada de parte del gobierno.

*Esta nota contiene lenguaje inclusivo por decisión de la autora y la entrevistada.

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