Denuncian el traslado intempestivo de la cárcel de Devoto al nuevo penal de Marcos Paz

De forma intempestiva y sin previo aviso, se inició el operativo de traslado gradual de los 1502 internos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, construido en convenio entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La medida, denunciada por familiares y organismos de derechos humanos, fue confirmada y celebrada en redes sociales por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que publicó: “Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada. Seguimos”, y remató con “Ley y orden”.

Cabe mencionar que el operativo se dio después de que el Papa León XIV anunciara su pronta visita a la histórica y sobrepoblada cárcel porteña, antes de tener que someterse a una intervención quirúrgica, lo cual puso en duda su llegada al país. Además, que se trata de un predio altamente codiciado por el negocio inmobiliario. El traslado fue llevado a cabo por el Comando Unificado integrado por las fuerzas federales, con la participación de la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense en carácter de “invitados”.

A poco de conocerse la noticia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la decisión y denunció que la medida se realizó de forma intempestiva y sin aviso previo a las familias de los internos, sus defensores y organismos de control. Desde el organismo, señalaron que no cuentan con precisiones sobre los tiempos, la modalidad ni el destino exacto de cada movimiento. Además, advirtieron que estos operativos no deben afectar la continuidad de los estudios universitarios que muchos internos cursan en Devoto ni romper los vínculos familiares.

Por otra parte, denunciaron que el vaciamiento responde a un objetivo de negocio inmobiliario con los terrenos de la cárcel en la Ciudad de Buenos Aires. “Los gobiernos incumplieron los compromisos que habían asumido en las conversaciones previas”, advirtieron, y agregaron: “Aceleraron los plazos y no se aseguraron que las instalaciones del nuevo penal estuvieran listas para recibir a las personas detenidas, garantizando camas y comida”. A su vez, remarcaron que tampoco se garantiza la continuidad de los estudios, ya que en Marcos Paz “no hay instalaciones preparadas”. Para peor, el antiguo predio quedó con “menos personal penitenciario, con poca infraestructura, sin visitas y sin actividades recreativas, laborales y educativas”.   

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que debía hacer el seguimiento y control del traslado, no pudo entrar a Devoto ni a Marcos Paz. Tampoco le permitieron, a la PPN y al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, hacer el monitoreo en el nuevo penal. La PPN presentó un habeas corpus, que acompañaron desde el CELS, pero lo rechazaron bajo el argumento de que no afecta los derechos de los detenidos ni, sin hacer ninguna visita ni monitoreo, se agravaban las condiciones. De esa manera, quedaron sin ninguna protección judicial.  

El CELS también se presentó como “amicus curiae” en el habeas corpus de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, a quienes además de no darles información les suspendieron las visitas. Eso implica que a los detenidos “no les llega la comida que les envían las familias ni los elementos de higiene. Las ropas y el resto de sus pertenencias todavía no se las entregaron”, denunció el organismo.   

A lo largo del proceso, se hicieron presentaciones en distintos habeas corpus ya existentes en los juzgados de Daniel Rafecas, María Servini y Sebastián Casanello, por cupo y condiciones de detención, para que se constaten los lugares de estudio y sobre las obras en Marcos Paz. Por todos ellos había medidas pendientes que no fueron contempladas al acelerar el traspaso.  

En paralelo, en las comisarías de la Ciudad hay alojadas cerca de 2.200 personas en condiciones inhumanas, que no fueron contempladas aún en todo este proceso. Se prioriza el desarrollo inmobiliario. La mejora de la infraestructura penitenciaria es un avance. Sin embargo, el hermetismo con el que se realizaron los traslados, que se justificó en nombre de la seguridad, vulnera el derecho de las personas privadas de su libertad y de sus familias.