Pergamino: otra masacre policial con responsabilidad política y judicial

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Siete personas detenidas en una comisaría murieron ayer y otras tres fueron trasladadas al hospital por quemaduras e intoxicación con monóxido de carbono, tras un incendio originado durante una presunta pelea entre detenidos. La comisaría en cuestión es la Primera de la ciudad de Pergamino, una ciudad de 91 mil habitantes, al norte de la provincia de Buenos Aires.

Las versiones policiales, propaladas rápidamente por el periodismo parapolicial, las conocemos de memoria… “todo empezó con una supuesta pelea entre los internos que derivó en la quema de colchones”. De todas maneras no necesitamos mucha información  para saber que no estamos ante una tragedia sino ante otra masacre. Más aún, los familiares ya desconfían de la versión policial y denuncian que el incendio fue precedido por golpizas policiales. 

La masacre en Pergamino es consecuencia directa de las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, implementadas por el ministro Cristian Ritondo. Una gestión que no busca tomar distancia de la “pesada herencia” sino continuar con el trazo grueso de la anterior gestión, la de Alejandro Granados, hoy muy cercano a Cambiemos. Prueba de ello es la presencia de Pablo Bressi y otros comisarios generales en la jefatura de policía, pero también en las persistentes políticas de saturación policial y control poblacional, en el lenguaje pirotécnico que usan para pavonearse los funcionarios frente a las cámaras de TV. Todas medidas de alto impacto mediático, que se hacen sentir rápidamente, sobre todo en el cuerpo de los más jóvenes: objeto de rigor del hostigamiento policial. Un continuismo que buscan disimular con algunas denuncias a comisarios que empiezan a enojarse, algunos por el desmadre existente, otros porque no pudieron seguir subiendo para beneficiarse con la torta de plata que sigue recaudando para la corona de turno la Policía Bonaerense.  

Sabemos que más policías en la calle no necesariamente implican más delitos esclarecidos, sino más gente encerrada, la mayoría de las veces de forma preventiva. Sabemos que los procedimientos de flagrancia contribuyeron a que la justicia penal mejorara su performance, puesto que le permitió a los fiscales comenzar a extorsionar a las personas “agarradas in fraganti” a tener que aceptar una pena más baja a cambio de su confesión, es decir, de laburar menos. De esa manera, tanto los funcionarios judiciales como sus empleados jerárquicos, más papistas que el papa, pueden continuar disfrutando del ocio bien pagado por todos nosotros. No importa lo que diga la Constitución, que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario: los jueces van a certificar rápidamente el pedido de los fiscales que compraron rápidamente las “investigaciones” policiales.

Cuando hay que hacer números, cuando la clase dirigente tiene que mandar mensajes al electorado, demostrarle a la "vecinocracia" que estamos ganando la lucha contra el delito, cuando la justicia tiene que levantar su imagen, entonces, todos se recuestan sobre la selectividad policial.   Producto de estas políticas fue el aumento exponencial de la población encerrada en la Provincia de Buenos Aires. Según los datos del RUD (Registro Único de Detenidos) de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, en 2014, antes de la emergencia sciolista había 35.979 personas privadas de libertad en las alcaidías y cárceles, casi dos años después, en diciembre de 2015, al finalizar la gestión, la cifra ya alcanzaba los 39.927. Son datos que hay que tomar con pinzas, porque la procuración solo mide los ingresos, no los egresos. Datos que la procuración ni siquiera cruza con los que producen el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Seguridad que, dicho sea de paso, dejaron de hacer públicos hace bastante tiempo. 

Hoy, después de un año de “reformas progresistas” en materia penitenciaria, la población encarcelada, según datos extraoficiales, estaría ascendiendo a 41.000. El reciente aumento hay que buscarlo según nos dicen, en el aumento de la población detenida en comisarías que, siempre extraoficialmente (porque tampoco Cambiemos produce datos, mal que le pese al Presidente Macri) estaría rondando alrededor de las 3000 personas. No está de más recordar que Granados había dictado una resolución (642/2014) que permitía el alojamiento de personas en comisarías. Esa resolución fue declarada inconstitucional por Luis Arias, juez en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de La Plata, a instancias de una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Pero según parece las cosas siguieron su rumbo. Prueba de ello es la Comisaría Primera de Pergaminos, donde había 19 personas alojadas en el sector calabozos.

Según nos dijeron, como las alcaidías no tienen más cupos, las comisarías tienen que hacerse cargo del alojamiento de las personas que detienen diariamente. Digo, el “progresismo” declamado desde la cartera de Justicia, que tanto entusiasma a alguna gente vinculada a los derechos humanos, se estrella con el populismo punitivo del Ministerio de Seguridad. 

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo “Verbitsky” en 2005, se había verificado una disminución de la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo de las personas alojadas en las comisarías. Pero con las sucesivas declaraciones de emergencia en seguridad no sólo se disparó el encarcelamiento, sino que la situación en las Comisarías estaría desmadrándose otra vez. Más aún, se desmadró porque el poder judicial no controla nada, no sabe ni siquiera cuántos personas privadas de liberad existen hoy en la Provincia, ni dónde están alojadas.  

No hace falta imaginar demasiado para entender que 10 o 20 personas encerradas en calabozos de 3 x 3, sin condiciones sanitarias, sin agua potable, sin ventilación, sin colchones ignífugos, sin tener garantizadas las mínimas condiciones higiénicas, mal alimentadas, maltratadas y verdugueadas constantemente por el personal policial son una bomba de tiempo. Hagan ustedes el ejercicio de imaginarse encerrados, en esas condiciones, durante apenas una semanita adentro de uno de estos calabozos con 40 grados de sensación térmica como hemos tenido los últimos días! Ni siquiera un monje budista podría mantener la paciencia en esas condiciones.  

En definitiva, la sobrepoblación y hacinamiento es la consecuencia de esta masacre. Pero también, insistimos, la vigencia de las políticas de tolerancia cero. Detrás de estas políticas no están solamente las condiciones estructurales sino las decisiones políticas, pero también la incapacidad o comodidad de los funcionarios,  y por supuesto la indolencia y el espíritu clasista que impera en la familia judicial. Tarde o temprano esto iba a llegar, y como siempre, a los muertos los ponen los jóvenes de los sectores más pobres.

*Docente e investigador de la UNQ, director del Laboratorio de estudios sociales y culturales sobre violencias urbanas (LESyC). Integrante del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica). Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad.