GCBA: A 10 años del plan para reemplazar un área protegida por estacionamientos

El 11 de junio de 2015 fuerzas de seguridad de la Policía de la Ciudad, de uniforme y de civil, reprimieron a personas vinculadas a la Ecoaldea Velatropa, declarada zona de reserva natural, en el predio de Ciudad Universitaria en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue parte de un proceso que buscaba la instalación de estacionamientos en el lugar y la antesala del desalojo llevado a cabo en 2018. A su vez, se enmarca como parte de la política de espacios verdes y de vivienda que caracteriza a las gestiones del Pro.

La historia de Velatropa 

La década de 1970 comenzó con la creación y el avance de distintos espacios para la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, la dictadura militar impidió la construcción del Pabellón V en Ciudad Universitaria -inicialmente destinado para la Facultad de Psicología- y el predio quedó abandonado. Con el tiempo se fue cubriendo de vegetación y se fue usando como basural. Desde 1990 hubo intentos de abordaje territorial -a partir del caso Gaia, en Navarro- y también ocupaciones, como la formación de la llamada “La Aldea Rosa”, un grupo de asentamientos organizados por y para personas del colectivo LGBTIQ+.

El proyecto Velatropa arrancó a pensarse en 2006, tras el desalojo de dicha comunidad, a partir de la idea de un profesor para frenar la poda de árboles y extinción de aves en más de cuatro hectáreas con costa al río. El nombre, inspirado en un principio astronómico maya, es el término -luz que gira- para denominar a las estrellas. En ese entonces el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ya quería avanzar con los estacionamientos, pero la ecoaldea siempre estuvo planificada dentro del espacio abierto universitario, involucrando estudiantes de 18 a 30 años, graduados y docentes que se propusieron mejorar la zona.

Con un sistema rotativo de permanencia, alumnos de biología empezaron a quedarse en carpas y durante años limpiaron el predio, incluyendo bosque y pantano, plantaron árboles nativos y frutales, armaron huertas y construyeron casas de adobe. Al no haber electricidad de día, crearon una heladera que funcionaba con arena y macetas que se recargaban con agua de lluvia, tenían un horno con paneles solares y además una única canilla con agua potable que les proporcionó la UBA. No llegaban a ser autosustentables, pero la experiencia convocó a cientos de personas de otros ámbitos, tanto locales como de otros países.  

Se distinguía de otras ecoaldeas por sus integrantes transitorios, en su mayoría extranjeros, a partir de pasantías semanales y evaluaciones de convivencia en comunidad. Al mismo tiempo, se organizaban de forma horizontal para llevar a cabo no sólo Velatropa sino también el Vivero y el Huerto Medicinal Comunitario de Ciudad Universitaria. Desde el inicio contaron con actividades educativas gratuitas y proyectos de investigación vinculados a la agricultura y el cuidado del ambiente. Recuperaron la biodiversidad del lugar y organizaron visitas guiadas para jardines infantiles, escuelas primarias y secundarias, en coordinación con el Ministerio de Educación, y para estudiantes de otras facultades y casas académicas. 

Disputa legal

La iniciativa Velatropa se había convertido, según lo llamaron, en un verdadero centro interdisciplinario de educación ambiental, e incluso llevaron a cabo festivales para ir tejiendo relaciones con otras organizaciones. El proyecto crecía, a partir del trabajo conjunto de estudiantes, graduados, docentes, vecinos y asociaciones sin fines de lucro, hasta que reaparecieron los históricos conflictos con la Universidad y con el Gobierno de la Ciudad.

Según la Ley N° 4096, sancionada en 2011, la delimitación de la zona de amortiguación que rodea al núcleo de la Reserva Ecológica Costanera Norte, que incluía el sector donde estaba Velatropa, era declarada un área protegida y prohibía alteraciones que degraden la biodiversidad. A su vez, establecía que las decisiones debían estar a cargo de un administrador elegido por concurso público. Sin embargo, al año siguiente fue modificada por la Ley N° 4467 para validar convenios de urbanización y dejar el manejo en manos del GCBA y de la UBA. Un cambio inconstitucional por la violación al principio de progresividad de la Ley 25.675 General del Ambiente, que indica que una vez que se estableció una distancia de protección ya no se puede reducir. 

En febrero de 2015, mediante un convenio entre el GCBA y la UBA, se acordó una serie de obras como parte del proyecto de creación de una reserva natural, pero los integrantes de Velatropa se opusieron, demandando que se efectúen los estudios de impacto ambiental correspondientes. Como consecuencia, autoridades de la UBA realizaron una denuncia por usurpación que cayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello. Llevaba la firma del por entonces rector, Rubén Hallú, y del director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Mouriño -hoy subsecretario general-. Además, fue respaldada por Jorge Aliaga, en ese momento decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), tal como expresa en esta publicación en la que contradice a Velatropa.   

En paralelo, ya había iniciado el desmonte para la construcción de dos estacionamientos y, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, instalaron mediáticamente que en el lugar había personas que vivían “de forma precaria” y otras que “delinquían”. No obstante, Casanello consideró que los integrantes no habían sido ni eran violentos, por lo que postuló una mediación para establecer pautas de convivencia y que el predio debía destinarse a la totalidad de la comunidad, pero nunca se concretó. La UBA insistía en recuperar el control y, a través del entonces secretario general, Juan Pablo Más Vélez, menospreciaba la función social de Velatropa. El desalojo siempre fue una amenaza inminente.
 
El G20 como excusa

Durante todo noviembre de 2018 la cumbre del Grupo de los 20 (G20) monopolizó la agenda mediática en el país, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Desde sus redes sociales Velatropa había informado que todas sus actividades estaban suspendidas desde el día 18 del mes ya que todo el predio de Ciudad Universitaria había quedado dentro de la delimitada “área de circulación restringida” dispuesta por la organización.

La mañana del miércoles 28 de noviembre, tal como relata uno de los miembros del colectivo, topadoras destruyeron casas y huertas. El operativo, en cumplimiento de una resolución de Casanello, estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y además, según testigos, contó con la presencia de varios directivos universitarios, personal de seguridad privada y funcionarios de Espacio Público y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Los once miembros que estaban se retiraron de forma pacífica y sin ser agredidos. La noticia comenzó a ser difundida por algunos grandes medios recién dos semanas después, a partir de la relocalización de algunas personas y del aumento de la presencia policial en la zona.

Apenas se produjo el desalojo ingresó un grupo con bordeadoras, por lo que otros tantos se quedaron resistiendo en cada entrada, custodiadas por seguridad privada que usualmente hacia tareas de vigilancia. Bajaron carteles del proyecto y comenzaron a alambrar. El 30 de noviembre el predio ya estaba todo cercado y parte del bosque arrasado, sin estudios previos hechos. De esa manera finalizaban once años de Velatropa, ya que desde entonces no pudieron volver a entrar, salvo, eventualmente y custodiados, para retirar algunas de las pertenencias. La mayor parte permaneció bajo custodia de las distintas autoridades.  

Los representantes de Velatropa presentaron un recurso de amparo, reclamando el cese del desmonte y del daño ambiental, ya ocasionado, bajo el argumento de que el lugar sea reconocido como parte de la zona de amortiguación y por la inconstitucionalidad de las leyes modificatorias, según planteó el abogado Fernando Cabaleiro. No hubo respuestas positivas, de la misma forma que en la sesión previa del Consejo Superior de la UBA no hicieron lugar y censuraron los diversos reclamos que había generado el hecho. 

En igual sentido, la mediación establecida por el juez Casanello no fue respetada, ya que el espacio fue desalojado y, al regresar, estaba cerrado y parcialmente desmontado. A su vez, había ordenado su restitución a las autoridades de la UBA, que aseguraron que no había planes de construir. De hecho, al día de hoy no hubo obras de ningún tipo y el avance de la vegetación generó mucha más diversidad que en el lado de la actual reserva en Costanera Norte. Sin embargo, nuevos conflictos surgirían por la política inmobiliaria represiva del Pro.

¿Qué pasó con el espacio verde porteño?

De la misma manera que el predio desocupado debía quedar a cargo de la Universidad de Buenos Aires, lo que fue incumplido por el Gobierno de la Ciudad, la cogestión entre ambas instituciones de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte tampoco sucedió en los hechos. Como consecuencia de ese desmanejo, y la falta de presupuesto y personal, apenas se conoce que está abierta de martes a domingos y de 9 a 18hs. Para peor, estuvo cerrada hasta 2022 y luego durante cinco meses del año pasado. La reapertura se consiguió por los esfuerzos de la FCEN, que históricamente ha motorizado los avances.

A lo largo de 2023 hubo varios señalamientos públicos criticando la apropiación de la reserva por parte del GCBA, quebrantando el convenio firmado un lustro antes, y la connivencia de las autoridades de la UBA. Una réplica del clásico vínculo entre radicales y macristas. En simultáneo, organizaciones ambientalistas denunciaron la ejecución de obras en zonas de pastizal que involucraban dos locales gastronómicos sobre la costa del río, una bicisenda y un camino de baldosas, similar a los proyectos en Costa Salguero y su privatización del patrimonio público. La Secretaría de Ambiente del GCBA nunca dio respuestas sobre el tema. No sólo avanzaba de forma inconsulta, sino que ignoraba el Plan de Gestión aprobado en 2021 y excluía a la FCEN que, junto a la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, es la única en llevar a cabo salidas educativas a la reserva.

Todo este recorrido se enmarca en la política inmobiliaria, antes que de hábitat y vivienda, que tiene el Pro desde hace casi veinte años en la Ciudad de Buenos Aires. Sus proyectos en zona costera, al menos hasta ahora, siempre contaron con apoyo político, por un lado, y controversia de diversos actores sociales por otro. Del Distrito Joven a Buenos Aires Playa, pasando por el “Parque del golf” o “Parque del Vega”, las propuestas parecen emerger en cada oportunidad a voluntad de ganadores bastante previsibles del mundo inmobiliario.

Su estrategia de reprivatización del espacio público postula como beneficio dejar como retazo algún espacio verde, cada vez de menos hectáreas, ignorando iniciativas populares de parques públicos. No sólo llegan a comprometer espacios como el Parque de la Memoria, sino que rellenan sectores del río para compensar la eterna prórroga de concesiones de locales comerciales. En concreto, prefieren una “continuación de Puerto Madero”, al sur de la reserva, antes que el desarrollo de programas para jóvenes de barrios populares, ya que insisten en relocalizar el complejo Puerto Pibes fuera de Costanera Norte.