Abuelas de Plaza de Mayo y la batalla por el Banco Nacional de Datos Genéticos

Después de varias denuncias y reclamos, esta semana el gobierno nacional destrabó el giro de fondos para que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) pueda garantizar estudios de ADN en causas de apropiación de bebés durante la última dictadura. La decisión se tomó a raíz de la medida cautelar impuesta por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla. 

Los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda habían solicitado la cautelar a partir de distintos informes de BNDG que advirtieron limitaciones en recursos humanos y materiales que ya impactaban en los tiempos de entrega de resultados para poder cumplir con requerimientos de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad (CONADI) y de juzgados federales. Las autoridades señalaron que estaban en riesgo mantenimiento informático y la preservación del material genético. 

Según denunciaron, la Ley de Presupuesto aprobó sólo el 55,96% del monto requerido para cubrir las necesidades durante 2026. A raíz de ello, Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa de supresión de identidad, se sumó a la presentación de los fiscales y solicitó medidas urgentes para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo. Luego de la intervención de Ramos Padilla, finalmente, el Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei asumió sus tareas correspondientes y garantizó el envío de fondos, por lo que se levantó la cautelar, más allá de posibles futuros incumplimientos.

Tras la presentación realizada por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) y la fiscalía de La Plata, con la adhesión de Abuelas, el magistrado fue contundente: “Si por falta de fondos y partidas presupuestarias se perdiera el material almacenado en el BNDG, el daño sería irreparable e irreversible y (…) se estaría entorpeciendo seriamente las investigaciones de delitos de lesa humanidad, además de producirse una afectación a derechos fundamentales de raigambre constitucional –de acceso a la justicia, a la verdad y a la identidad”. A su vez, señaló el carácter técnico esencial e irremplazable del organismo para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La continuidad de la labor del BNDG es fundamental para el hallazgo de los casi 300 nietos y nietas que faltan, como así también el rol del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial en resguardo de una de las herramientas fundamentales del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Es necesario seguir entablando la batalla, a pesar de una coyuntura adversa y contraria al paradigma que sostienen históricamente las organizaciones de Derechos Humanos en nuestro país. Las Abuelas de Plaza de Mayo son icónicas en ese aspecto, una vez más frente a la adversidad del gobierno de Javier Milei y sus políticas negacionistas.