Cuatro años del ataque a Gabriel Mastrángelo y un expediente estancado
El 19 de noviembre de 2022 Gabriel Mastrángelo, de 22 años, fue herido de gravedad por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante una persecución vehicular desencadenada por circular en contramano en el barrio de Balvanera. La versión inicial de la fuerza de seguridad, que afirmaba que la víctima portaba un arma, fue desmentida por evidencia forense y testimonios presenciales.
Gabriel se desplazaba en una moto haciendo tareas de reparto informal, cuando ingresó por error a una vía en sentido contrario, lo que representa una infracción de tránsito sin ningún componente violento. La policía intervino, y el joven huyó, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la Autopista 25 de Mayo. Durante la misma, el oficial Marcelo Garro efectuó tres disparos con su arma reglamentaria: el tercero alcanzó la zona lumbar de Mastrángelo. Aun herido, el joven logró detener la moto, y fue derribado por el agente. La fuerza policial, desde el primer momento, planteó que la víctima llevaba un revólver, lo que es un argumento habitual para legitimar el empleo de fuerza letal en procedimientos de este tipo.
La defensa de la familia, junto a organizaciones de derechos humanos, presentó informes forenses y testimonios de testigos presenciales que desmienten esa declaración inicial. Los abogados querellantes sostienen que no existía situación de riesgo inminente que justificara el disparo: el procedimiento se originó por una contravención menor, y el joven no representaba una amenaza para la integridad física de los agentes ni de terceros.
Cuatro años después del hecho, el expediente sigue su trámite judicial sin resolución, en un contexto de persistentes denuncias por uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados. Casi al cierre de 2026, la causa permanece en etapa de instrucción, sin sentencia firme. La familia señala demoras administrativas y resistencias institucionales que dificultan el avance de la causa.
Colectivos especializados en monitoreo de violencia institucional en la Ciudad incluyen el caso de Gabriel dentro de la categoría de gatillo fácil estructural: refiere a situaciones en las que las fuerzas de seguridad responden con fuerza letal a faltas sin peligro, y posteriormente construyen relatos para encubrir el exceso. Según plantean los organismos, la resolución no se reduce a la reparación individual para la familia, sino que constituye una prueba sobre la capacidad del sistema judicial para limitar patrones reiterados de abuso policial.