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Violencia Institucional //// 18.03.2022
Cristian Perdomo: 25 años de otro caso Carrasco

En marzo de 1997, tres años después del asesinato del conscripto Omar Carrasco, el joven Cristian Perdomo era fusilado durante un entrenamiento. El precedente del neuquino, la lucha de los familiares y el testimonio de testigos llevaron a la condena del instructor.

Por Diego Moneta

Corría marzo de 1997. Tres años antes, el asesinato de Omar Carrasco generaba la suspensión del Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo, las prácticas abusivas continuaban y, por lo tanto, también se repetirían los casos de violencia institucional. De hecho, durante la mañana del día 20 del corriente mes se conocía la muerte de otro joven, a partir del disparo de un oficial en un entrenamiento del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Cristian Jorge Ramón Perdomo, de 21 años, quería ser guardiacárcel. Según se pudo reconstruir, observaba junto a otros cadetes como un grupo de agentes practicaba tiro en el paraje Las Piedras, en las afueras de Paraná. El oficial Néstor Ceferino Ruíz Moreno erró varias veces seguidas al blanco y algunos de los presentes se burlaron, por lo que les ordenó a todos los aspirantes realizaron un abusivo recorrido: ir hasta una zanja, hacer cuerpo a tierra y resguardarse de disparos -que él mismo realizaba con su arma reglamentaria- de balas de plomo y no de fogueo, como ya se usaban en las prácticas. 

Ruíz Moreno amenazaba, mientras los cadetes se arrastraban entre pastizales, que al que levantara la cabeza “lo mataba de un balazo”. Así ocurrió. Perdomo recibió un disparo en la nuca y, tras ser trasladado al Hospital San Martín, falleció horas después. Al principio, el Servicio Penitenciario lo consideró un “lamentable accidente en un ejercicio de rutina”, pero ante tanta negligencia y actitudes inadmisibles reconocieron lo sucedido, si bien intentaron aclarar que eran “prácticas ya desterradas” y “desconocidas por muchos”. La zona no está autorizada para entrenamientos de tiro porque está ubicada próxima a un balneario. 

El secretario general de la institución, Vicente Córdoba, comunicó que se estaba llevando a cabo un sumario para determinar responsabilidades y que se había informado a la Policía y al juez de turno Raúl Herzovich. Si bien el oficial Ruíz Moreno fue dado de baja, seguía en libertad por la demora en el proceso administrativo. Las autoridades, con el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos de aquel entonces, Francisco Raúl Rappallo, buscaban que la causa no se convirtiera en otro caso Carrasco. 

La causa comenzó con la carátula de homicidio culposo. Las reacciones que condenaron el crimen fueron casi unánimes -los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental- y lograron que se modificara. El entonces gobernador entrerriano, Jorge Busti, ordenó que se exonerara al instructor, que se reestructurara el Servicio Penitenciario provincial y que se le otorgue una indemnización a la madre del joven oriundo de Villaguay, que era el sostén de su familia. La suma prometida no fue tal y tardó varios meses en hacerse efectiva.

El testimonio del resto de los cadetes fue clave. Néstor Ceferino Ruíz Moreno fue condenado a doce años de prisión por homicidio simple y fue alojado en la Unidad Penal 1 de Paraná. Su abogado defensor, Marciano Martínez, había solicitado su absolución por tratarse de un accidente y los representantes de la familia Perdomo, Carlos Lobbosco y Pedro Rodríguez, pedían considerar al hecho como homicidio calificado por alevosía en concurso de vejaciones -delito que tiene pena de reclusión perpetua-. Al final, el Tribunal de la Sala I de la Cámara del Crimen de Entre Ríos, conformado por Juan Sobrero, Felipe Celli y Juan Ascúa, coincidió con la fiscal Susana Lacorazza de Cabrera.  

Lejos de un caso aislado

El asesinato de Omar Carrasco había evidenciado las prácticas no sólo del Servicio Militar sino también del entrenamiento y funcionamiento de las fuerzas de seguridad y penitenciarias en general. Un punto de inflexión en la historia de la violencia institucional de nuestro país. Suspendía la obligatoriedad, sí, pero a su vez mostraba la impronta con la que se manejaban -y aun manejan- esos círculos de poder.

En 26 de junio de 2003 Mauro Ramírez, de 22 años, era soldado voluntario en el Regimiento de Monte Nº 30 de la ciudad de Apóstoles, en Misiones. Estaba de guardia cuando recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte. El Ejército Argentino intentó sostener la hipótesis del suicidio, pero varias pericias la desmontaron rápidamente. Lo habían fusilado y la investigación se plagaba de irregularidades a cada paso. Su familia denunció que se sentía perseguido por superiores y aún hoy espera justicia.

No importa el año, la década o la provincia. En 2018 el joven Emanuel Garay murió tras ser sometido a distintos tipos de tortura durante los entrenamientos en la Escuela de cadetes de la Policía de La Rioja. Los efectivos policiales notaban las consecuencias sufridas, tanto en hombres como mujeres, pero sostuvieron su inacción. Otras trece personas resultaron internadas. La fuerza fue descabeza, el secretario de Seguridad Luis Ángulo echado y sólo tres de los ocho implicados imputados fueron condenados. Esa es una de las razones por la que la práctica se sigue repitiendo.