fbpx 22 años del asesinato de Ramón “Sugus” Santillán: “Queremos que los casos de violencia institucional sean tratados como crímenes de Estado” | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 07.06.2021
22 años del asesinato de Ramón “Sugus” Santillán: “Queremos que los casos de violencia institucional sean tratados como crímenes de Estado”

El domingo 6 de junio se cumplieron 22 años del asesinato de Ramón Santillán en el paso nivel de la estación William Morris, en Hurlingham. Agencia Paco Urondo dialogó con Lilia Saavedra, su madre, sobre los años de lucha y el contexto actual de violencia institucional. 

Por Diego Moneta

El 6 de junio de 1999 Ramón Santillán, de 21 años, fue asesinado en el paso nivel de la estación William Morris del ferrocarril San Martín, en el partido de Hurlingham. Ramón, que desde que nació para todos era Sugus, por el personaje de los caramelos, estudiaba, trabajaba y colaboraba con el Centro Cultural ubicado frente a la mencionada estación. Había ido a celebrar el triunfo de su club Boca Juniors y para asistir a la despedida que le habían organizado, ya que en pocos días se iba a ir del país debido al contexto económico.

En ese entonces, el ferrocarril estaba en manos de la empresa privada Metropolitana, y la seguridad estaba concesionada a la compañía SUAT, cuyo jefe de personal donde sucedieron los hechos, Juan Sebastián Acosta, era además cabo de Gendarmería. La empresa intentó rápidamente deslindar su responsabilidad, pero luego se comprobó que el disparo que mató a Santillán provino del arma que portaba Acosta. También se supo que Ramón había sido amenazado varias veces con anterioridad por los guardias.  

Los hechos

Al regreso del partido que disputaron Independiente y Boca, en el ferrocarril, alguien accionó la manivela de frenos, que estaba al descubierto y al alcance de cualquiera en el furgón. En ese momento ingresó la seguridad a pegarle a los pasajeros. Ramón era el último en bajar pero percibió cómo Acosta agredía a otro joven. Reclamó que frenara pero sólo recibió insultos como respuesta, por lo que comenzaron a forcejear para que el pibe pudiera soltarse. Tras lograr escapar y saltar del vagón, Acosta impactó, desde arriba del tren, un disparo en la cabeza de Sugus, quien muere prácticamente en el acto en los brazos de una de sus amigas. 

Una de las primeras versiones sobre lo sucedido fue la de Fernando Jantus, gerente de comunicaciones de la firma Metropolitana. Señaló la presencia de un grupo de barrabravas que intentaba escapar de la policía y que, en medio de una discusión con los guardias fuera del vagón, se produjeron detonaciones. Negó la responsabilidad del personal de seguridad ya que tenían prohibida la portación de armas. Además, entró en discusión con el titular de la Comisaría N°3 de William Morris, sobre quién debía hacerse cargo de lo que sucede en vagones y andenes.   

Los peritajes y la gran cantidad de testigos confirmaron que quien había efectuado el disparo había sido Juan Sebastián Acosta. Se comprobó que la bala era hueca, prohibidas por la Convención de Ginebra, lo que sumaba una muestra de premeditación. Si el proyectil hubiera sido común, entraba y salía, pero en esta ocasión no existió orificio de salida. 

Reclamo colectivo por justicia

Los acontecimientos fueron relatados durante el juicio, un año y siete meses después, por el joven al que Sugus defendió. A pesar de los testimonios y peritajes, Acosta fue condenado a diez años de prisión domiciliaria hasta que la Cámara de Casación de La Plata dictara sentencia firme. El presidente del tribunal, Federico Domínguez, demoró la definición más de cuatro años e ignoró los pedidos de audiencia de Lilia Saavedra, madre de Ramón, quien llegó a encadenarse en la puerta de su oficina. Domínguez consideró que el asesino debía quedar en libertad por cumplir todos los términos legales, por lo que nunca cumplió su condena en la cárcel. 

La investigación avanzó, en gran medida, por la insistencia y presión de Lilia para con las fuerzas de seguridad. De hecho, cuando llegó al lugar, la zona ni siquiera estaba vallada. La única actividad en la que no participó fue la detención de Acosta. En paralelo, creó la Fundación Vidas En Interacción, que asesora a víctimas de gatillo fácil y colabora con clubes barriales. También fue testigo en el juicio que impulsaba Susana Trimarco, tras haberse acompañado durante varios años y haber formado una amistad.   

Desde 1999, todos los 6 de junio, familiares, amigos y organismos de Derechos Humanos se reúnen en Arguibel y Villegas, frente a la estación William Morris, por memoria, verdad y justicia. En el lugar hay una placa alusiva y se plantó un árbol en honor a Sugus. A 22 años del asesinato del joven, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Lilia Saavedra sobre el paso del tiempo, el papel de su fundación y el contexto actual de la violencia institucional. 

Agencia Paco Urondo: ¿Qué significa un nuevo aniversario del asesinato de Ramón? 

Lilia Saavedra: A 22 años seguimos homenajeando su memoria. En William Morris hay muchos Sugus y ni siquiera fueron mencionados por medios locales. La lucha es colectiva, por todas las víctimas, hayan tenido juicio o no. Pedimos justicia, queremos saber por qué mataron a nuestros hijos y los homenajeamos para tener la memoria activa. El asesinato fue como que tiraran una granada y volaramos todos por el aire. Tuvimos que ir armando pieza por pieza, debidamente en su lugar, pero siempre queda la marca. Hay lugares que están vacíos y sobre eso seguimos construyendo y nos fortalecemos. 

APU: ¿Qué actividades llevaron a cabo en el contexto de pandemia?

LS: El viernes hubo una charla con la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), en el espacio Malcolm, para homenajear a Ramón. Es importante seguir hablando sobre por qué no abandonamos la lucha. Muchos me dicen que tuve justicia, pero yo tengo que estar a la par de las madres que me acompañaron. Lamentablemente, somos cada vez más. Sugus me enseñó que hay que dar la vida por el otro. El domingo realizamos un video con la DIAFAR y familiares y lo difundimos por redes. Uno de mis hijos siempre me dice que ellos mueren cuando uno lo deja de recordar. Yo me acuesto y me levanto pensando en mi hijo.

APU: ¿Cómo fue el acompañamiento que recibió y dio a lo largo de estos años?

LS: Las madres tuvimos que aprender a hablar en medios de comunicación, a hacer marchas, a exigir a los jueces que nos reciban y a leer el Código Penal para ser la voz de nuestros hijos. Mis compañeros de lucha y militancia me ayudaron y sigo aprendiendo hasta hoy. Eso le sirve también a otras compañeras. Queremos que los casos de violencia institucional sean tratados como crímenes de Estado y queremos una democratización de las fuerzas de seguridad y de la justicia. 

APU: ¿En qué lugar interpreta a la fundación que creó?

LS: Lo primero que tuvimos que aprender es a organizarnos. En esa línea fue la creación, en memoria de mi hijo, si bien no lleva su nombre para ser más amplia. Desde ese lugar elevé varios proyectos, ya que desde 2001 fui asesora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con el legislador Francisco “el barba” Gutiérrez.   

Le escribí una carta a todos los presidentes pidiendo reuniones y ninguno me recibió, hasta que, una semana después de asumir, Nestor Kirchner me llamó y le interesaron dos de mis proyectos. El primero, lo que ahora es el Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad, que funciona desde noviembre de 2004, y era novedoso por incluir un consejo de familiares para que sean parte de un sector del Estado. El segundo, el programa Nación Zonámbula que estuvo doce años al aire en la Televisión Pública. Néstor me pidió que sea federal y también se volvió regional. De ahí pude sacar dos libros, sobre gatillo fácil y sobre trata de personas con fines de explotación sexual.

APU: ¿Qué análisis realiza sobre la violencia institucional en la actualidad?

LS: La pandemia dejó expuestas las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en especial de jóvenes de barrios vulnerables. Por otro lado, el proyecto de ley contra la violencia institucional es importante y lo celebro. Es una matriz del terrorismo de Estado que sigue intacta en las fuerzas de seguridad. Se nota en la demora en los juicios de lesa humanidad, en los genocidios que hay en la calle, en la situación de las cárceles y comisarías. 

La estigmatización que tienen hacia la población más vulnerable es muy grande, y hace que te lleven preso o te maten. Necesitamos que sea tratado como crimen de Estado y que las estadísticas no sean sólo de las víctimas. Queremos el dato de los integrantes de fuerzas de seguridad que están imputados, exonerados o condenados. Las madres podemos estar muy dolidas pero jamás vencidas. Mientras haya un chico asesinado, vamos a estar ahí.