A 13 años del asesinato de Kevin Molina, el Poder Judicial sigue eludiendo la responsabilidad estatal

El 7 de septiembre de 2013 en el barrio Zavaleta se desató una balacera entre dos bandas ajenas al lugar. Pasaron tres horas, nueve llamadas al 911 y más de cien disparos de armas de guerra. Una de las balas atravesó una ventana e impactó en la cabeza de Kevin Benega Molina, de apenas 9 años, escondido debajo de una mesa. A pocos metros había dos garitas de Prefectura Naval, que negaron haber oído las detonaciones por "la lluvia". Hablamos de ametralladoras UZI y fusiles FAL. De hecho, una de las comunicaciones entre un agente de la Policía Federal y el Comando Radioeléctrico 6 las rechaza y afirma que el panorama era tranquilo. Cerca de ahí también está la Plaza Kevin, no por Molina, sino por un amigo suyo que perdió la vida por otra "bala perdida".

En 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9 condenó a dos personas que habían sido detenidas el día del tiroteo como partícipes secundarios del crimen, tras haber sido identificadas como parte de las bandas en conflicto. En la causa no sé incorporó ningún elemento que pudiera justificar la inacción de Prefectura. Además, el calibre que mató a Kevin no se correspondía con ninguna de las armas secuestradas. Esa causa siguió su curso, y este año la Corte Suprema dejó sin efecto la absolución de uno de ellos, pero por una mera cuestión técnica, y ordenó dictar un nuevo fallo. 

El prefecto Daniel Andrés Stofd estaba a cargo del operativo, en conjunto con Gendarmería, y fue juzgado por "incumplimiento de deberes de funcionario público" por haber liberado la zona. Llegó al juicio libre y en funciones. Nunca fue relevado y hoy sigue siendo parte de la fuerza. En 2019 el Juzgado Criminal y Correccional N°61, encabezado por Edmundo Rabbione, lo sentenció a un año de inhabilitación y a pagar una multa. El resto de los acusados fueron sobreseídos por considerar que respondían a su superior.

Tanto la querella como la fiscalía habían solicitado el máximo de pena posible, es decir dos años de prisión. El reclamo histórico pasa por contemplar el asesinato, una grave violación a los derechos humanos y del niño, como si sólo hubiera sido un error de trabajo. El poder judicial escindió el hecho de la dinámica previa y posterior de las fuerzas de seguridad en los barrios populares. La violencia institucional sigue siendo moneda corriente en Zavaleta.

En 2016 se estrenó el documental Ni un pibe menos, a cargo de Antonio Manco y con el testimonio de Diego Armando Maradona, que fue presentado en el Cine Gaumont e incluido en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Al igual que en cada aniversario, desde la organización llevarán a cabo actividades para reivindicar la niñez y sus derechos.

En una carta publicada hace tres años, la madre del joven, Roxana Benega recordó a su hijo: “Sos la cara de la inocencia, el rostro de los pibes villeros. La mirada de esa impunidad que recorrió el mundo entero. Te escucharon en la ONU, en los diarios, en cada sala donde se proyectó el documental, en cada rincón donde retumbó tu voz”.