"La independencia judicial fue instituida para frenar los procesos populares"
AGENCIA PACO URONDO: Estamos discutiendo este posicionamiento del Poder Judicial que sucedió en las últimas semanas. ¿Cómo analizás estas discusiones que se están dando en torno a este poder?
Lucas Arrimado: Me sorprende cómo se suceden las reformas, uno puede tener una agenda de reforma de justicia. Hace años que trabajo en forma directa o indirectamente en la justicia, en cómo son las relaciones entre instituciones y justicia pero estos sucesos así tan dramáticos como el de Susana Trimarco y Marita Verón, expulsan una agenda y la llevan directamente a la prioridad número uno. Eso es como un efecto político que habitualmente es un hecho que a mí me sorprende porque todo se acelera y tal vez este clima exacerbado, las reformas que se hagan puedan estar siendo impulsadas desde la intensidad y no desde la reflexión. Ese sería un primer análisis.
Segundo, la oportunidad, muchos de los que trabajamos en justicia coincidimos con lo que decía Pablo Parenti, en las características y en los defectos estructurales que tiene el Poder Judicial, aunque seguramente cuando lo llevemos a la arena política para impulsar las reformas haya disensos, no tanto en el diagnóstico sino en el tratamiento de los problemas.
APU: En ese marco está la idea de la democratización judicial, la Presidenta lo ha dicho así. ¿Qué mecanismos te parece que se pueden llevar adelante para que esto pueda funcionar?
LA: Creo que hay características del Poder Judicial que si bien uno las observa, las denuncia, las critica, hay varios prejuicios para mejorarla. No sólo se da en el Poder Judicial sino que se da en todo el sistema político, creo que el Poder Judicial junto con la cancillería, otro órgano bastante endogámico y otros espacios del sistema político y burocrático del Estado, el Poder Judicial sin duda es el más endogámico, donde sí hay familias, en el proceso de selección de su personal. También hay clasismo, sexismo, donde hay estudios que demuestran que las mujeres consiguen peores empleos y que tienen más dificultades en ascensos en el Poder Judicial pero creo que en última instancia el desafío en Argentina es democratizar todo el Poder, específicamente el Poder Judicial.
En el Consejo de la Magistratura hay un problema y durante estos últimos 10 años hubo una pugna entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura que se resolvía a favor de la Corte Suprema.
El Consejo es el órgano de reforma del Poder Judicial, el cual se gobierna a través de la magistratura. Es un órgano plural, tiene diputados, senadores, profesores, abogados, jueces y un representante del Poder Ejecutivo.
En ese enfrentamiento, la Corte terminó debilitándolo previa reforma del Consejo de la Magistratura en el año 2006. Creo que gran parte de las reformas no pasan por leyes que el Congreso realice, si bien puede hacerlo, sino por la política interna del Poder Judicial que la maneja, lamentablemente la Corte Suprema cuando no es su función, ni deseable, tampoco es su función en términos constitucionales.
Hay muchos temas que se pueden mejorar, el sistema de ingresos tanto de los empleados como los de los jueces debe ser mejorado. Hay que discutir el juicio por jurados como lo está haciendo la Provincia de Buenos Aires, en Córdoba ya se discutió hace tiempo y se diluyó. El juicio por jurado puede ser una institución que bien instrumentada y seriamente diseñada abra un espacio para la participación política y ciudadana en el Poder Judicial. El proceso judicial actualmente a pesar de que es público se mantiene en el más directo secreto, ahí creo que hay muchas reformas que se pueden pensar. Creo que hay que aprovechar un clima político que es muy volátil porque la crisis pasa y empieza una suerte de declive o letargo del clima y sólo nos quedamos en las buenas intenciones.
APU: En este marco también se discutía un poco la formación de los abogados. Cátedras que hace mucho tiempo que se vienen dando y con contenidos desactualizados. ¿Cómo pensás esa parte del Poder Judicial y cómo se forman los abogados en Argentina?
LA: Cuando veía a los abogados defensores pensaba en la lectura de la sentencia de Marita Verón saliendo a decir, lo que es razonable en términos de interés en la defensa de sus representados, que se había hecho justicia. Es obvio que en situaciones de desigualdad extrema y de impunidad sistemática, uno tiene que repensar el rol de los abogados en general.
Coincido y creo que en gran parte la Facultad de Derecho y la corporación de derecho tienen mucho que pensar, los colegios públicos de abogados, las facultades, en general con todo el poder que tienen no hacen una reflexión y que tengan como objetivo llevar justicia social en el ejercicio de la abogacía y eso es evidente, la mayoría de los abogados no tienen que realizar ni una práctica gratuita de asesoramiento a la persona desde el Colegio de Abogados. El Colegio mismos tiene una publicidad muy lamentable que dice que son los únicos que saben derecho. Debería haber servicios gratuitos en el Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia, que hay si pero sobre todo en el Colegio Público de Abogados que están muy mal estructurados. Creo que el rol de los jueces, los abogados, los fiscales que trabajan en el poder judicial somos todos abogados, ahí creo que hay una autocrítica más que necesaria. Hay los mismos defectos que tenemos en el Poder Judicial, en la Facultad de Derecho, son ámbitos muy corporativo y me parece que ahí tiene que aparecer una política más saludable. Veo una coyuntura posible para que ciertas reformas abran un camino hacia ese lugar. La idea de abogacía comprometida con causas, siempre está en el aire pero a veces me parece que es más un lema que un ejercicios de actos cotidianos. Creo que las facultades desde sus senos, desde dentro, pueden hacer una política comprometida con la sociedad y creo que ahí se va a reducir este abismo entre la sociedad y el ejercicio regular de los abogados
APU ¿Cómo analizás también ciertas discusiones en el marco de la independencia del Poder Judicial? A veces se genera como una especie de mito ¿Cómo se relaciona eso con el resto del marco social?
LA: Voy a repetir una consigna de ustedes “Basta de zonceras”. La independencia del Poder Judicial debería estar en el manual de Jaureche, si no es que está. Hay un capítulo que habla de los hábeas-corpus de cómo históricamente eran negados en momentos de golpe de Estados, de Estados de Sitio, intervención Federal y ahí sí, la historia del poder Judicial es la historia del compromiso usualmente con los poderosos en todo nivel, dictaduras cívico-militares o poderes económicos, eclesiales, la Sociedad Rural, en fin, corporaciones generales nacionales y extranjeras.
La independencia del Poder judicial, primero: La Constitución no la regula, no la establece, no la instituye, no la protege, es dudoso que del esquema constitucional los jueces puedan ser independientes pero tampoco es deseable. Históricamente el Poder Judicial fue establecido para que represente los intereses de una minoría propietaria, blanca, occidental, en países como en Latinoamérica cuya mayoría eran de esas características y fue instituida para frenar los procesos mayoritarios populares y sobre todo en este último siglo opera como un freno de los procesos democráticos, en términos de reclamos de derechos. Hay un ejercicio de jueces muy fuerte conservadores que traban procesos de aplicación de decisiones por aborto no punible que frena una gesta mayoritaria y bastante extendida en la sociedad que imputa los derechos de la mujer.
Ahí creo que la independencia no sólo es institucionalmente inexistente, la Constitución no reconoce la independencia y tampoco es deseable una independencia del Poder Judicial de las voces mayoritarias. No tendríamos razón para postular que los jueces puedan decidir si la sociedad quiere o no aborto. Esa es una decisión que se da desde la sociedad y que ésta misma debe tomar y no que 7, 5 ó 9 jueces de la Corte Suprema o de cualquier Corte de cualquier parte del país, decidan por nosotros. La independencia no sólo es un mito sino que a su vez, es algo que pretende legitimar decisiones injustas desde un lugar aparentemente imparcial e impoluto de una especie de ángel o semi-dios que no existe, para mantenerlas fuera de la discusión.
La independencia no sólo no existe sino que no es deseable. Hay jueces que sí, efectivamente –y Oyarbide es un ejemplo - son totalmente parciales y posiblemente siempre los va a haber pero, como pasa en otras áreas, el periodismo, la idea del Banco Central autónomo de la política del Estado y siempre sensible a las políticas del mercado y a la “mano invisible”, la independencia es otro mito como la del Poder Judicial. No existe tal cosa y está históricamente demostrado.