La causa avanza en la Justicia

Por Nahuel Placanica I El magistrado a cargo de la causa es el juez federal Claudio Bonadío. Uno de los abogados que representa a las víctimas, Gregorio Dalbón, intentó apartarlo de la causa pero fue ratificado por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

El expediente consta de 11 querellas: Cuatro de ellas corresponden a personas fallecidas (Lucas Menghini Rey, Lei Jinyan, Mónica Garzón, Nicolas Villalba); las otras siete corresponden a diez personas damnificadas representadas de la siguiente manera: Los abogados Gregorio Dalbon\Virginia Cassola representan a tres damnificados, Ramón Gallardo García, a uno; Pedro Falkinoff a uno; Walter Fidalgo a uno; Horacio Rivero a dos y Marcelo Parrilli a uno.

Debido al tamaño de la causa, el juez Bonadío decidió en el mes de Julio unificar querellas. De esta manera, fueron organizadas en cuatro grupos por identidad de intereses:

Los que aceptan que los represente el abogado Gregorio Dalbón; los que rehúsan que Dalbón los represente; los que eximen de responsabilidad al conductor del tren, Marcos Antonio Córdoba, y finalmente, una querella solitaria representada por los padres de Lucas Meneghini Rey, la víctima mortal número 51, cuyos restos fueron hallados 48 horas después del hecho.

Dalbón, a cargo de una de las cuatro querellas, sostiene que lo que se investiga es “estrago doloso, amén de remarcar también la existencia de los delitos de malversación de caudales públicos, dádivas o peculado entre la firma TBA y los funcionarios del Estado Nacional en relación a los subsidios otorgados”.

El abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, está a cargo de un grupo de querellantes que coinciden en que lo que ocurrió en Once fue un “estrago doloso seguido de muerte”, pero discrepan en todo lo demás con Dalbón. En esa querella también estarán las víctimas representadas por el abogado Horacio Rivero, quien imputa “a todos los responsables, calificando al hecho como constitutivo de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”.

La tercera querella la encabezan María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, quienes “excluyen de responsabilidad al conductor de la formación”.

María Luján Rey y Paolo Fabián Menghini, querellantes con el patrocinio de Leonardo Adrián Menghini, tendrán una querella única porque no comparten intereses con el resto.

En un principio, el juez había aceptado al Estado nacional como querellante en la causa considerando que es “titular de los bienes materiales afectados a la concesión" y "su rol de garante de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros". La decisión fue apelada por el abogado Dalbón y más tarde, anulada por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Pericias

Podemos ordenar los peritajes que se llevaron a cabo en la causa en tres: los peritajes técnicos que se realizaron sobre el material ferroviario para determinar si el estado del mismo fue causante de la tragedia; los peritajes contables cuyo objetivo es determinar el uso que hizo la empresa de los subsidios recibidos por parte del Estado; y las pericias realizadas sobre el maquinista que conducía el tren al momento de producirse el accidente.

Los peritajes técnicos fueron realizados por los especialistas en ingeniería ferroviaria Néstor Luzuriaga y Juan Alfredo Brito, ambos designados por la UBA a pedido del juez Bonadío, junto a Raúl Díaz, perito de la Corte Suprema.

Los resultados revelaron que el freno de guarda, uno de los cuatro sistemas de freno de la formación, no funcionaba. No obstante, la pericia señala que el tren tenía plena capacidad para frenar y que no se encontró "evidencia objetiva de fallas o anormalidades que incidieran en las causas del caso en estudio".

El perito Juan Alfredo Brito, difiere de sus colegas en un punto fundamental. Para él, los frenos funcionaban en forma ineficiente a partir del análisis que hizo de los compresores. En el mismo sentido se manifestó el perito de parte presentado por el maquinista Marcos Antonio Córdoba, quien manifestó que la formación tenía dos compresores menos de los que debía tener.

Los peritajes oficiales también advierten que “el alto grado de informalidad con que se entregan vehículos al servicio, además del riesgo potencial que implica, no es compatible con mínimos conceptos de seguridad de tipo de actividad” y que “resulta evidente que la mayor parte de la unidades se encuentra con mantenimiento diferido”.

Con respecto a los peritajes contables, el juez ordenó en mayo el allanamiento de las oficinas de TBA en busca de documentación relevante para la investigación pero no encontraron nada en el lugar. Más tarde, la empresa entregó los papeles al juzgado. Sin embargo, el juez decidió la detención de los directivos de la empresa por considerar que habían obstruido la investigación al haber movilizado la documentación.

Las pericias realizas específicamente sobre el maquinista Córdoba fueron varias y por distintos motivos. En principio, horas después de ocurrido el accidente, se le realizó un primer análisis en la clínica Fitz Roy que arrojó como resultado un 0,13 % de alcohol en sangre. Los directivos de TBA se aferraron a este estudio para acusar al conductor de haberse quedado dormido mientras manejaba la formación, producto de la resaca. Sin embargo, el bioquímico Carlos Gandini del laboratorio que hace los estudios para la clínica, aclaró al juez que ningún estudio de ese laboratorio informa resultados por debajo del 0,13 % y que, por lo tanto, cuando un paciente no tiene alcohol en sangre, arroja ese número.

Un encefalograma realizado al maquinista señalaba en su informe:  “es de base normal con actividad epileptiforme interictal regional frontal izquierda”. Sobre este estudio también se apoyó la empresa TBA para decir que el trabajador habría sufrido en ataque de epilepsia antes del choque. Mónica Perassolo, la médica que firmó el informe del 15 de marzo, explicó al juez que “el 3% de la población que no padece epilepsia tiene manifestaciones” similares a las detectadas en la actividad eléctrica del cerebro de Córdoba.  Recientemente, el juez ordenó una nueva pericia para aclarar el tema.

Indagatorias

Los directivos de TBA y Cometrans que declararon ante la Justicia, ejercieron su defensa desligándose de responsabilidades, criticando al Estado y responsabilizando al maquinista.

Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans, solicitó una prórroga por problemas de agenda de su abogado el día que le tocaba presentarse a indagatoria. El juez rechazó la solicitud y dejó constancia de que el imputado se negó a declarar.

Carlo Michele Ferrari (Presidente de TBA) negó cualquier responsabilidad en lo sucedido, dijo que su trabajo en la empresa era meramente institucional, que no tenía injerencia sobre el funcionamiento y que los incumplimientos en el mantenimiento se debían a falta de pagos del Estado.

Laura Ballesteros, miembro del directorio de TBA, aseguró en su declaración indagatoria “si yo como directora de TBA SA tuviese la más mínima duda sobre el correcto funcionamiento y condiciones de seguridad operativa de las formaciones que corren diariamente en la Línea Sarmiento, jamás habría permitido que mi hija viaje en dicho medio de transporte”.

Darío Tempone (Ex Gerente Operativo TBA) negó tener responsabilidad en la tragedia,  responsabilizó al maquinista Marcos Córdoba y criticó al Estado por la falta de inversión.

Roque Cirigliano (Director de material rodante de trenes TBA) declaró ante la Justicia que el tren no tenía problemas técnicos y sus frenos funcionaban correctamente. Además, negó responsabilidades personales y de la compañía en lo sucedido y acusó al maquinista por el choque. “Fue por la falta de aplicación por parte del conductor de alguno de los sistemas de freno” aseguró.

Claudio Cirigliano, dueño de TBA, apuntó al maquinista al aseverar que el accidente "fue una falla humana" y que “debe haber pasado algo que no lo hizo estar en sus cabales para frenar el tren”. También negó responsabilidades sobre la tragedia.

Por su parte, los ex funcionarios involucrados en la causa negaron responsabilidades sobre lo sucedido y lanzaron acusaciones cruzadas entre ellos.

Pedro Ochoa Romero, quien fuere interventor de la CNRT señaló que no era responsabilidad de su organismo poner multas y dijo que “realizaba controles, cuyos resultados eran elevados al Superior (Subsecretaría de Transporte Ferroviario )”.

Juan Pablo Schiavi, ex Secretario de Transporte, aseguró que cumplió "cabalmente" con sus deberes y deslindó responsabilidades personales en el control del concesionario, actividad que correspondía, según indicó, a "otras instancias administrativas". Además, acusó al maquinista Córdoba al declarar que "no pudo frenar por algún impedimento físico o psíquico en su salud".

Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi en la Secretaría de Transporte, negó haber fallado en controlar el modo en que Trenes de Buenos Aires (TBA) explotaba la concesión del ferrocarril, dijo que la autoridad de aplicación de los contratos de concesión de los ferrocarriles era el Ministerio de Planificación Federal e insistió en que no tuvo ninguna responsabilidad en el choque.

En sus primeras declaraciones ante la Justicia, el maquinista Carlos Antonio Córdoba había afirmado que los frenos del tren no funcionaron cuando los aplicó. En la declaración ampliada que realizó unos meses después, negó tener epilepsia o haber sufrido algún tipo de descompensación mientras manejaba. Además, aseguró haber dormido bien la noche anterior.

La causa, momentos salientes

A continuación repasamos algunos de los acontecimientos relevantes en  la causa en orden cronológico:

23 de Febrero - Declara Miguel Ángel Gerónimo, guarda del tren.

24 de Febrero - Declara ante la Justicia el maquinista Córdoba.

28 de Febrero - Declara el maquinista Andrada, quien manejó el tren antes que Córdoba el día de la tragedia.

02 de Marzo - El juez Claudio Bonadio acepta al Gobierno nacional como querellante en la causa.

05/06 de Marzo - El juez prohíbe la salida del país de funcionarios públicos, empresarios y directivos de la empresa involucrada. Entre ellos, Juan Pablo Schiavi (Secretario de Transporte),   Cirigliano (Empresario dueño de TBA), Antonio Guillermo Luna  (Subsecretario de Transporte Ferroviario), Antonio Eduardo Sícaro (Interventor de la CNRT), Alejandro Rubén Lopardo (Director de Cometrans ) y Carlos Michele Ferrari (Presidente de TBA).

06 de Marzo - El abogado Dalbón, en representación de un grupo de victimas, apela ante la Cámara Federal la aceptación del Estado Nacional como querellante. Además, elevo un pedido de recusación para que el juez Bonadío no intervenga más en la causa.

06 de Marzo - Debido a filtraciones, el juez impone el secreto de sumario.

06/07 de Marzo - Bonadío prohíbe la circulación de trenes con “cabinas auxiliares” de acceso público.

14 de Marzo - El juez aplica una multa de mil pesos diarios a Raúl Barido, interventor de TBA, por permitir la salida de trenes con cabinas auxiliares no selladas para el acceso público.

10 de Abril - La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal anuló la resolución por la cual se aceptaba como querellante al Estado nacional en la causa. Además, confirmó el rechazo del juez al pedido de recusación elevado por el abogado Gregorio Dalbón.

07 de Mayo - Comienzan el periodo de indagatorias. Declaran ex funcionarios y directivos de la empresa.

30 de Mayo – El juez ordena allanamiento de las oficinas de TBA en busca de documentación relevante para las pericias contables.

04 de Junio - Detienen  a Claudio Cirigliano (Dueño de la empresa TBA) y ordenan la detención de los otros directivos de la empresa: Carlo Michele Ferrari (Presidente de TBA), Darío Tempone, (Gerente Operativo de la compañía) y Daniel Rubio (Director de Administración). El juez considera que intervinieron en la investigación escondiendo documentación.

06 de Junio - Bonadio excarcela a Darío Tempone y Daniel Rubio al establecer que no habían tomado decisiones para ocultar la documentación.

08 de Junio - El juez ordena  la detención del abogado de confianza de Claudio Cirigliano, Carlos Lluch, quién  habría ocultado la documentación.

19 de Junio - El fiscal federal Federico Delgado solicita el procesamiento de todos los imputados en la causa por la tragedia de Once. El pedido abarca a unos treinta imputados.

22 de Junio - La Sala II de la Cámara Federal decide excarcelar al dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano y a al presidente de la empresa, Carlo Michele Ferrari.

27 de Julio - Juan José Sforza, abogado de Cirigliano presenta pedido para que el juez Claudio Bonadio ordene la reconstrucción del recorrido del tren de la tragedia de Once.

02 de Agosto - El juez Bonadio dispone una nueva pericia médica sobre Marcos Antonio Córdoba.