Breve historia del Conicet

Por Leandro Andrini

Diego Hurtado y Adriana Feld indican que la historia del “CONICET está marcada por una trayectoria errática [1 - 2]. Nacido durante un gobierno dictatorial, el organismo estatal dedicado a la investigación científica y tecnológica sufrió las oscilaciones de la vida institucional del país, con gobiernos civiles y militares y la falta de una estrategia a largo plazo, que hoy intenta revertir, de cara a un proceso a futuro que vincule la indagación con la producción” [3].

Estos autores señalan que el “golpe de Estado de 1955 instauró una amplia reforma institucional que incluyó el área de ciencia y tecnología, y transfirió la DNICyT al Ministerio de Educación y Justicia. Así nació el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)”. Según lo que se observa, a la luz de los documentos existentes y de los hechos, en 1958 se produjo la refundación del CONICET, y se puso en su dirección a Bernardo Houssay, enconado antiperonista, bajo la desarticulación de las instituciones fundadas durante el gobierno de J. D. Perón democráticamente elegido por el voto popular.

“El contralmirante Helio López y Julio César Gancedo [...] se integraron como representantes de la Junta de Investigaciones y Experimentaciones de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación y Justicia, respectivamente” [3], en la conformación iniciática del CONICET de 1958. A muchos de los científicos que siempre han escrito furibundamente en contra de lo que ellos llamaron “el régimen” peronista, poco se les ha leído opinar sobre las virtudes científicas de los contralmirantes en la gestión Houssay, en particular a Mario Bunge.

Tampoco debe pasarse por alto que desde sus inicios en el CONICET se evidenciaron, al menos, dos sectores en disputa. Uno liderado por el propio presidente, Bernardo Houssay y que contaba con el apoyo de Deulofeu, Leloir, Parodi y Braun Menéndez entre otros, y cuyo motor esencial era la investigación académica básica, además de su marcado antiperonismo. El otro sector, liderado por el vicepresidente Rolando García y que contaba con el apoyo de González Bonorino, Pirosky, Ciancaglini y Zanetta entre otros, tenía como eje primordial que el conocimiento es un bien socialmente producido y que debe integrarse a todos los procesos socioculturales, con énfasis en el desarrollo y la industrialización. Este sector se oponía al cientificismo que llevaban adelante los adeptos a las concepciones de Houssay. “Las primeras becas, cuando se constituyó el CONICET, eran solamente para el estudio de las ciencias exactas, las humanidades no existían. La primera gran pelea con Houssay fue justamente para acordar un presupuesto para ellas y a partir de entonces salieron las primeras becas para Sociología y Psicología” [3], según indicó años más tarde Rolando García.

Una gran tensión se produjo con el golpe de Estado al gobierno de Frondizi. Alarmado por la situación R. García intentó impulsar una declaración en contra del golpe, poniéndose manifiestamente la representación de intereses de cada uno de los grupos. La misma no prosperó, y días después, “el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán, dirigido por Pirosky, fue intervenido. En una reunión del CONICET, García manifestó que consideraba alarmante la intromisión del Poder Ejecutivo. El grupo de Houssay aceptó la decisión estatal, y Pirosky fue separado de todos sus cargos” [3] (el subrayado me pertenece). Hacia 1965 el grupo de Houssay había ocupado los lugares decisión en el organismo, a la vez que acataban las decisiones del poder Ejecutivo de turno, por ejemplo acerca de la Noche de los Bastones Largos, ocurrida el 29 de julio de 1966, el 3 de agosto desde el CONICET se reconoció la atribución del Gobierno de reformar la legislación universitaria, en tanto se declaró que “los hechos ocurridos recientemente en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, son lamentables y deben ser repudiados. La violencia cometida contra profesores y alumnos implica un verdadero agravio a la cultura argentina y afecta al buen nombre del país”, dejando en claro que no se reprobaban contenidos sino formas.

Houssay, permaneció al frente del CONICET hasta su muerte, en 1971. “Desde mayo de 1973 hasta 1981, fue intervenido, primero por los sucesivos gobiernos peronistas y luego por la última dictadura” [3]. Luis A. Santaló, en su conferencia “La Ciencia y la Técnica en la Sociedad Contemporánea”, en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la fundación de CONICET el 14 de abril de 1983, reivindicó a los sucesores de Houssay quienes “fueron, en orden cronológico, el ingeniero Orlando Eugenio Villamayor, el ingeniero agrónomo Juan Jacinto Burgos, el doctor Vicente Héctor Cicardo, el doctor José Antonio Haedo Rossi, el doctor Fermín García Marcos y el ingeniero José Salvador Gandolfo”. No nombra, en tanto, al presidente en ejercicio en ese momento: el doctor Antonio E. Rodríguez.
Debe señalarse que entre 1972 y 1973 el CONICET fue presidido por Juan J. Burgos, y desde 1973 hasta 1976 fue conducido por Vicente Ciccardo. De ambas gestiones se destaca la particularidad de impulsar la creación de centros de investigación científica en diferentes provincias argentinas, política que continuó el gobierno de la dictadura pero desvirtuándose en fines. “De 13 institutos a comienzos de los 70, en 1983 pasó a tener 116 y 7 centros regionales. Este proceso fue acompañado de un crecimiento desproporcionado de la superestructura administrativa y significó la desvinculación del organismo de las universidades” [3]. Esta superestructura administrativa llevó adelante la tarea de  “la manipulación espuria del régimen de subsidios con el propósito de transferir fondos públicos a manos privadas” [3].

El ámbito del CONICET no fue ajeno a las desapariciones y persecuciones durante la última dictadura cívico-militar. Además en el organismo se produjo la cesantía de casi un centenar de investigadores y las “noticias sobre científicos desaparecidos comenzaron a circular en periódicos y revistas internacionales del sector” [3]. Debe mencionarse que “antes del golpe del ‘76, por influjo de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) ya habían sido cesanteados investigadores so pretexto de “Seguridad Nacional”” [4].

El gobierno democrático de Raúl Alfonsín heredó en el CONICET una superestructura burocrática, con desarrollados instrumentos de control ideológico y un sistema prebendario ligado a las autoridades institucionales.

“Durante la presidencia de Alfonsín y la gestión de Manuel Sadosky, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, y de Carlos Abeledo, al frente del Conicet, se llevó adelante un programa transformador en tres direcciones” [1]. Una primera dirección, según lo indicado por H. Sabato, consistió en desmontar los aparatos creados a instancias de la dictadura. Una segunda, recuperar “los objetivos, criterios y mecanismos que caracterizaron a la institución desde su origen, en particular en relación con el fortalecimiento de las carreras del investigador y del técnico y de los programas de becas, la puesta en marcha de un sistema de financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo, la articulación efectiva con las universidades, y la afirmación de los procesos de evaluación por parte de la propia comunidad científica sobre la base de criterios estrictamente académicos” [1]. Y una tercera dirección que consistió en “promover la vinculación con el sector productivo a través de políticas concretas de articulación entre ciencia, tecnología y producción” [1]. No obstante, la gestión de Abeledo “estuvo constreñida por fuertes restricciones presupuestarias que se tradujeron en el congelamiento del presupuesto en el sector durante el período” [5] de su gestión .

Cabe recordar que en mayo de 1988 las autoridades del CONICET indicaban que hay “que dejar sentado que desde la restauración democrática no existen persecuciones de ninguna índole, en ningún ámbito de la vida nacional. Y no puede olvidarse que en 1976 se inició un período de oscurantismo difícilmente parangonable, que acarreó la prescindibilidad de un elevado número de investigadores y técnicos del Conicet. Por el contrario, a partir del año 1984 no sólo no existe una ley de prescindibilidad, sino que este organismo dictó la resolución Nº 3/84 que dispuso el ingreso de los perjudicados por aquella legislación. Desde enero de 1984 el Conicet recuperó bienes inmuebles por un valor estimado de 20 millones de dólares, producto de la devolución que efectuaron fundaciones que habían adquirido su patrimonio a expensas de subsidios de este organismo” [4].

Sobre el regreso de los científicos, vale indicar que “estas acciones fueron débiles y de limitados alcances [...]. La SECYT y el CONICET evaluaron que no era recomendable propiciar un retorno masivo” [5].

La vinculación con la universidad fue uno de los rasgos más controvertidos, en particular a raíz de la creación del “Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU), cuyo objetivo era otorgar un incentivo económico a la actividad de los docentes con dedicación exclusiva en las universidades nacionales que, o bien fueran miembros de la Carrera de Investigador, o bien aunque no lo fueran realizaran investigaciones afines a las promovidas por el CONICET” [5]. La lectura política directa que puede realizarse es el de transferencias de fondos desde CONICET a la universidad, por lo que este sistema presentó al CONICET como un gerenciador a la que vez que el CONICET se desfinanció. Además, la política del SAPIU promovió el traspaso de investigadores mediante sobreasignación en las universidades, lo que creó un nuevo problema: el vaciamiento del organismo en términos de recursos humanos (debido a que se conminaba a los investigadores a renunciar al consejo). “La comunidad científica se dividió frente a esta política: el SAPIU recibió apoyos, particularmente en las universidades, pero también fue objeto de resistencia activa no sólo por los grupos más conservadores, sino también por muchos investigadores ideológicamente afines con el gobierno radical” [5]. Particularmente se vio favorecida la Universidad de Buenos Aires, y de esta manera nuevamente –como tantas otras veces en la historia del país- hubo un retroceso en las planificaciones federalizantes.
En lo concerniente a la vinculación tecnológica y socio-productiva, caben destacarse la creación, en 1984, del Área de Transferencia de Tecnología, y en 1985 de la Oficina de Transferencia de Tecnología. Siguiendo esta política, en el año 1986 se creó la Comisión Asesora de Desarrollo Tecnológico, la que estaba integrada por investigadores, funcionarios del Estado y empresarios, y tenía como objetivo asesorar al directorio de CONICET en la promoción de la inversión de riesgo dentro del sector productivo.

“La política de ciencia y tecnología del gobierno de Menem reflejó las dos facetas que caracterizaron a su gobierno, en fases sucesivas: primero el tradicionalismo de derechas y luego la modernización ajustada a ideas de época: competencia, transparencia e innovación. Es así que la política de este gobierno puede ser comprendida según dos etapas distintas. La primera –la reacción tradicionalista- transcurrió entre 1989 y 1996, en tanto que la segunda –la modernización tecnocrática- lo hizo entre 1996 y 1999” [5].

A la breve presidencia del CONICET por parte de Carlos Cavotti, “un ingeniero con formación pronazi” [6], lo sucedió Bernabé Quartino, interventor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA luego de “la noche de los bastones largos”. Este “personaje” “sostuvo públicamente su intención de separar al CONICET de la investigación en las universidades, en línea con la política seguida durante las dictaduras militares y en contraposición a la política de reconstrucción del vínculo entre el Consejo y las universidades llevada a cabo durante la gestión del gobierno radical” [5]. Debido a los criterios retardatarios aplicados en esta gestión, hacia 1991 ocupó el cargo –como interventor- el neurocirujano Raúl Matera hasta 1994, quien a su vez conducía la Secretaría de Ciencia y Tecnología –sin renunciar a tales funciones-. El médico Domingo Liotta ocupó el lugar de Matera en CONICET a su fallecimiento. En este periodo (1989–1994) se produjo más que un importante desmantelamiento de las políticas ideadas en el alfonsinismo [5], a la vez que en lo referido “a la promoción de la innovación tecnológica, se tomaron medidas novedosas en el plano legislativo” [5], tal como la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, generándose “una innovación institucional al crear la figura de las unidades de vinculación tecnológica (UVT). Estas fueron definidas como entes no estatales constituidos para la identificación, selección y formulación de proyectos de I+D, transmisión de tecnología y asistencia técnica” o el “Programa de Modernización Tecnológica (PMT) cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo” [5], y cuyo funcionamiento comenzó 1993.

A Liotta lo sucedió Florencio Aceñolaza, quien intentó promover una federalización del CONICET [7]. Cabe mencionar que “Aceñolaza se desempeña actualmente como director de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y del Instituto Superior de Correlación Geológica (Insugeo-Conicet)” [8–9], lo que configura la línea ideológico–política general y sobre la que trazó, en parte, durante su gestión al frente del consejo.

“Las políticas de ciencia, tecnología y educación superior implementadas en Argentina en la última década del siglo veinte encajan perfectamente en una aproximación conceptual de este tipo [el de modernización burocrática], ya que quienes las concibieron y pusieron en práctica no eran, en su mayoría, ni investigadores ni docentes universitarios, o por lo menos no encarnaban los puntos de vista prevalecientes en ambos grupos” [5]. Este tipo de burocracias está caracterizado por el predominio de tecnócratas y especialistas a los que se les delega todo tipo de decisión, y se encubre todo problema de la política en función de “los que saben”.

Se sabe que las políticas neoliberales conducen a las fragmentaciones sociales en todos sus aspectos. A partir del Decreto 2427/93 se estableció el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Universitarias). “Se inauguró así el primer procedimiento de asignación salarial por mecanismos competitivos, dando lugar a una diferenciación de ingresos entre los docentes según realizaran o no investigación científica o tecnológica, con lo cual se promovía la segmentación y la diferenciación en el medio académico” [5].

Bajo esa concepción tecnocrática, en julio de 1996 “el equipo técnico que había impulsado la reforma de la educación superior asumió la conducción de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT) y comenzó un plan destinado a extender sus propósitos reformistas a las instituciones de ciencia y tecnología” [5]. Inspirada en la National Science Foundation “la novedad de mayor trascendencia, no obstante, habría de ser la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) a través del Decreto 1660/96” [5], cuyo propósito fue “separar las funciones de promoción y ejecución de las actividades científicas y tecnológicas, a través de la concentración en un organismo de los distintos instrumentos promocionales y de financiación que se encontraban dispersos en distintas jurisdicciones” [5].
En este marco de reformas, el CONICET, por tratarse de un organismo descentralizado, con presupuesto propio, se convertía en un adversario (con cierta envergadura política). Así que se convino intervenirlo, para poder dar lugar a las políticas neoliberales. A la intervención de Juan Carlos Del Bello le siguió la presidencia del Dr. Enrico Stefani, quien recaía con los pergaminos de más de veinte años de destacada labor en el exterior [3]. Su intervención, de menos de un año, fue conflictiva, y su alejamiento “se vio envuelta en rumores por su oposición a la designación de investigadores en el Centro de Investigaciones Científicas de Anillaco” [5]. Luego de la renuncia de E. Stefani asumió la conducción de CONICET el Dr. Armando Bertranou, quien también era miembro del directorio de la Agencia. Su figura ha sido indisociable de la política menemista de aquellos años [10–12]. Cabe destacar que el Dr. A. Bertranou se ha desempeñado como rector de la Universidad Nacional de Cuyo por cuatro periodos consecutivos, y se ha mantenido en la gestión pública de C&T (Ciencia y Tecnología) desde épocas neoliberales hasta la actualidad [13].

En este periodo “se impulsaron medidas tendientes a dotar a los organismos públicos de criterios de gestión empresarial, del mismo modo que se intentó alinear a las políticas de ciencia y tecnología según el objetivo final de la innovación” [5]. Es necesario indicar que el concepto “innovación” siempre trae aparejada una serie de contrariedades (que son de índole ideológico) sobre su significado y sus potencialidades en países latinoamericanos, por ejemplo. Dicho de manera directa: su incorporación ha sido y lo es, parcialmente, seguidista e imitativa de las condiciones de imposición por parte de los países y/o centros hegemónicos.

Así se llegó a la etapa de crisis político–económica (una de las mayores que ha sufrido el país en materia de pobreza y exclusión) y el sector en C&T tanto como el CONICET no fueron ajenos a esta crisis. Al día de hoy resulta cuando menos cándido leer lo que escribieron en octubre de 1999 en Página 12 Ricardo A. Ojeda, Beatriz García y Alicia Seltzer, para quienes con el nuevo gobierno ““se abren posibilidades potenciales” de mejorar, corregir, o revertir distintos aspectos relacionados con el estado de la ciencia y técnica en el país, particularmente en lo que hace al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas” [14]. No así el lapidario diagnóstico sobre el cual basan su nota de opinión, remarcando la inestabilidad institucional del CONICET, vislumbrada desde la inestabilidad de la propia conducción: “6 presidentes y 1 interventor desde 1989 al presente (equivalente a 1,2 años por gestión)” [14], lo que “atenta contra las mejores intenciones de la planificación y puesta en funcionamiento de políticas de desarrollo científico-tecnológico” [14]. El desfinanciamiento al que se vio sometida la institución, que a finales de 1999 le faltaban 18 millones de pesos (equivalente a 18 millones de dólares en esa famosa paridad cambiaria), según el propio A. Bertranou, y se adeudaban fondos a proyectos desde un año antes, lo que afectaba el desarrollo de unidades de investigación, funcionamiento de laboratorios, trabajos de los becarios, presentación de investigaciones en congresos, etc. [14]. Lo “paradójico”, como resaltaron entonces Ojeda, García y Seltzer, era que la SECYT–ANPCYT promoviera “la entrega de subsidios (créditos fiscales por $18.562.992 ya fueron adjudicados a 72 empresas) a empresas privadas para el desarrollo de investigaciones, montar laboratorios, contratar profesionales, etc.” [14], lo que implicaba directamente la gradual reducción del CONICET.

El gobierno de la Alianza asumió como capitán de un barco averiado, al que se encargó de hacerle más agujeros. Al frente de la SECYT fue designado Dante Caputo, reputado nombre de la diplomacia argentina durante el gobierno de Alfonsín. No obstante su gestión en C&T no será recordada como sí su cancillería pretérita. El radicalismo, en su versión neoliberal, volvió a insistir con el fracaso representado antaño por el programa SAPIU en una renovada forma. Desde la SECYT se diseñó un plan en el que se traspasaban cargos desde el CONICET a las universidades nacionales; se anunciaba que el CONICET iba a contar con una única categoría de investigador (suprimiendo así las cinco existentes) pero lo más importante resultaba el recorte presupuestario encubierto: el salario de esta única categoría correspondería al de más bajo escalafón (es decir, el de investigador asistente). Además, el plan contenía lo más visceral del liberalismo, dado que suponía que el investigador que en cuatro años no haya ganado un concurso ni obtenido un subsidio dejaría de pertenecer al CONICET (cabe mencionar que en esas épocas obtener un subsidio a la investigación científica y/o tecnológica consistía en todo un problema, debido a que los mismos eran excepciones, y que las plantas docentes de las universidades nacionales estaba congelada –lo que involucraba una transferencia de recursos humanos altamente calificados a las universidad privadas-). En el plan se contemplaba transferir el sistema de evaluación a las universidades y a uno de los fondos de la ANPCYT, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) [15].

Con todo, claramente esta política consistía en un achicamiento del consejo, lo que derivó a una aireada manifestación de los investigadores [15–16], y en la renuncia del presidente del organismo, el Dr. Pablo Jacovkis. En una nota al diario Página 12, en la que se dan a conocer los motivos de su renuncia, Jacovkis  indica que “la situación no sólo no se revirtió, sino que empeoró. Los fondos ya se venían retaceando desde el ‘99, ahora no alcanza para pagar las becas de los investigadores” [17]. Antes este mismo diario había publicado que si “el Gobierno no da marcha atrás en el recorte de 5 millones que afecta al organismo, Pablo Jacovkis, su titular, anunció a Página/12 que dejará el cargo” [18]. En esos días “el tijeretazo del Gobierno cargó contra los investigadores nacionales: el 52 por ciento de los 3500 especialistas que trabajan en el Conicet sufrirá una reducción de sus salarios, tal como el resto de la administración pública” [18]. “La nueva disminución de 5 millones sobre un presupuesto anual de 180 “se suma a los 11,5 millones que nos deben del año pasado y al millón y medio del presupuesto del 2000 que hubo que usar para pagar las becas del ‘99”, advirtió Jacovkis” [18].

El Dr. Andrés Carrasco, “segundo presidente del Conicet en apenas siete meses de gobierno aliancista está dispuesto a “cambiar” ese organismo” indicaba Página 12 [19]; reemplazó a Jacovkis, y “a modo de amuleto, llevará a su perra Rottweiler para ayudarlo a alegrar su nuevo despacho” [19] (dicho esto por el nuevo presidente en medio de semanas de manifestaciones frente a la sede central de CONICET en Avenida Rivadavia al 1900). Por otro lado, este investigador admitió haber participado en la redacción del proyecto ‘Caputo’ motivo de conflicto sobre el que remarcó la existencia de “elementos muy positivos” [19]. Acerca de los institutos de investigación, sostuvo que es “un tema muy complejo. Entre los institutos hay una heterogeneidad muy grande. Antes de esta gestión ya estaba en marcha un proceso de evaluación. Incluso se cerraron varios institutos. El proceso sigue en marcha. Se va a evaluar en cada caso” [19]. Carrasco dijo que “a lo mejor algún día tengo que admitir que él [Jacovkis] tenía razón” [19] al suponer este último que si en el 2000 no hubo aumento para la C&T no había motivos para creer que en el 2001 los vaya a haber.

A Caputo lo sucedió Adriana Puiggrós, quien había impulsado la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación que “ordenó el conjunto de reglamentaciones que regían al sector. De hecho, el impacto de la Ley fue más importante en cuanto al reordenamiento de la legislación y de las reglamentaciones que en términos de su impacto concreto sobre los actores públicos y privados del sistema” [5]. Esto, por cierto, no revirtió la grave crisis que afrontaba el sector, además de las constantes tensiones entre la SECYT y el CONICET.

“Durante la Presidencia de Eduardo Duhalde se designó como Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación a Julio Luna, un investigador del CONICET con formación de ingeniero. Por primera vez desde la finalización del gobierno radical se produjo una “reconciliación” total entre la SECYT, el CONICET y, en otro plano, las universidades. Después de realizar consultas, el gobierno designó al frente del CONICET a Eduardo Charreau, un investigador de gran trayectoria, reconocido por sus cualidades científicas y de gestión de organismos de I+D [Investigación + Desarrollo]. Este gesto fue muy bien recibido por la comunidad científica. El nuevo Presidente completaría su mandato en 2008 después de una gestión que cosechó un beneplácito general” [5].

Así, el recorrido y el recorte planteados –desde 1958 a 2003- muestran una siempre conflictiva situación, de aspiraciones propositivas verbalizadas y no concretadas en políticas. El ansiado 1% del PBI para el sector fue declamado por todos, desde las alas conservadoras hasta las más neoliberales. La importancia de la investigación científica lo mismo. En lo presupuestario y las asignaciones de prioridades políticas de cada gobierno las cosas no fueron lo que las palabras.

[1] http://www.lanacion.com.ar/1621221-la-epica-del-relato-llego-a-la-ciencia
[2] http://www.youtube.com/watch?v=ohQWTfg5Es0
[3] D. Hurtado y A. Feld. “Los avatares de la ciencia”. Nómada 12 (2008) 2.
[4] http://www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-04/pag09.htm
[5] M. Albornoz y A. Gordon. “La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983 – 2009)”, en M. Albornoz y J. Sebastián (Eds.) Trayectorias de las políticas científicas y universitarias de Argentina y España. Madrid: CSIC, 2011.
[6] http://www.revista.unsj.edu.ar/revista33/sendero.php
[7] http://edant.clarin.com/diario/96/03/18/acenol.html
[8] http://www.lagaceta.com.ar/nota/518217/educacion/designaron-acenolaza-profesor-emerito-unt.html
[9] http://www.lv12.com.ar/43056-florencio-acenolaza-se-refirio-a-la-sesion-del-consejo-superior-que-trato-sobre-fondos-ymad.html
[10] http://www.lanacion.com.ar/91028-del-bello-afirmo-que-stefani-incurrio-en-contradicciones
[11] http://www.lanacion.com.ar/90628-conicet-renuncia-por-presiones-politicas
[12] http://www.lanacion.com.ar/91400-anillaco-ya-tiene-su-propio-centro-de-investigaciones
[13] http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/721
[14] http://www.pagina12.com.ar/1999/suple/futuro/99-10-02/pagina2.htm
[15] http://www.pagina12.com.ar/2000/00-07/00-07-18/univer01.htm
[16] http://edant.clarin.com/diario/2000/07/19/e-03802d.htm
[17] http://www.pagina12.com.ar/2000/00-07/00-07-18/univer02.htm
[18] http://www.pagina12.com.ar/2000/00-06/00-06-01/pag09.htm
[19] http://www.pagina12.com.ar/2000/00-07/00-07-19/pag10.htm

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