ARA San Juan: el Gobierno dio de baja la recompensa de 98 millones de pesos por datos del submarino

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ARA San Juan: el Gobierno dio de baja la recompensa de 98 millones de pesos por datos del submarino

11 Julio 2018

El Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, resolvió hoy revocar una resolución de febrero de este año que ofrecía una gratificación de 98 millones de pesos a “aquellas personas” que pudieran brindar “información y datos útiles [para] dar con el paradero y la ubicación precisa” del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.

“No obstante el esfuerzo denodado del Estado Nacional para coordinar y aunar las acciones tendientes a obtener información certera, precisa y veraz que permitieran determinar con precisión la ubicación del submarino ARA San Juan, la medida en ciernes no ha logrado cumplimentar su objetivo último”, estableció.

La anulación de la recompensa fue decidida en la Resolución 717 del la cartera que encabeza Aguad y fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial. “La medida en ciernes no ha logrado cumplimentar su objetivo”, reconoció la resolución del Ministerio de Defensa, como si la recompensa hubiera sido el motor para la búsqueda de la nave desaparecida el 17 de noviembre del año pasado, en vez de ser la búsqueda el objetivo central para el hallazgo.

“La finalidad destinada a generar los incentivos adecuados para que la búsqueda realizada por el material naval de la Armada Argentina sea complementado con la participación de empresas del sector privado ha resultado a esta altura infructuosa”, agregó.

Según el Ministerio de Defensa, “resulta necesario revocar la resolución [de febrero] en virtud del tiempo transcurrido sin lograr obtener el éxito deseado tenido en cuenta a la hora de [su] dictado”.

Este es el tercer revés que sufren los familiares que se encadenaron en Plaza de Mayo para exigir el reinicio de la búsqueda. El primero fueron la serie de reuniones infructuosas que mantuvieron con las máximas autoridades del Edificio Libertador. La segunda fue la confirmación por parte del Gobierno de que se había caído por irregularidades la licitación con una empresa española que retomaría la búsqueda.