Capital Federal (Agencia Paco Urondo, gacetilla de Prensa) El 5 de agosto, en el Palacio San Miguel (Suipacha 84) de Capital Federal, todos los jóvenes empresarios y aquellos que planean serlo tendrán a mano más de 20 herramientas que ofrece el Estado, a través de sus diversos organismos, para que un proyecto productivo se concrete y crezca.
En la feria -con stands y conferencias de especialistas- del evento “Nuevos empresarios, para un nuevo país”, que organiza la Secretaría PyME y Desarrollo Regional (Sepyme) del Ministerio de Industria, los emprendedores podrán informarse para tomar créditos blandos con tasas que van del 9 al 12 %; y una variedad de programas que ofrecen acceso gratuito a capacitación (en planta o instituciones universitarias del país y el extranjero, por ejemplo), asistencia técnica (aportes no reembolsables para investigaciones de mercado, gerenciamiento, compra de software, entre otros temas) y sistemas asociativos para obtener apoyo de empresas consolidadas.
Expertos técnicos que gestionan la asistencia colaborarán con los empresarios en el inicio de trámites. También se ofrecerá orientación impositiva (qué impuestos corresponde pagar según la actividad), acerca de las obligaciones del empleador (qué aportes debe hacer, cómo se hacen las presentaciones, qué derechos lo asisten y los de los trabajadores) y el acceso a beneficios tributarios o económicos (empresas ambientalmente sustentables).
Expondrán el titular de la Sepyme, Horacio Roura; el ex entrenador de “Los Pumas”, Marcelo Loffreda (“Armando equipo, la motivación como eje para el éxito”); la Directora del Centro de Entrepreneurship del I.A.E, Silvia Torres Carbonel (“Los jóvenes como motor del crecimiento sostenible”) el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús y el joven emprendedor, Pablo Archanco.
La feria concentrará programas que desarrollan los ministerios de la Nación de Industria; Economía; Agricultura, Ganadería y Pesca; Planificación Federal; Ciencia y Tecnología; Trabajo; Educación; y Desarrollo Social; Secretaría de Cultura; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; el Banco de la Nación Argentina; la Fundación Export.ar y el ANSES.
El titular de la Sepyme, Horacio Roura, explicó que “el Estado Nacional brinda una gran cantidad de herramientas, que se pueden combinar entre sí, con el afán de que los nuevos empresarios puedan crecer y desarrollarse en nuestro país. Hay una respuesta para todos los estadios de un emprendimiento, desde una idea de negocio, hasta un proyecto exportador”. (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Es hora de poner en debate en esta sociedad, si una escritura que acredita el titulo de propiedad de la tierra otorga derechos soberanos, o si el conjunto de los argentinos tenemos el derecho soberano de decidir, que función cumple la actividad económica, en la realización de nuestras vidas. Debatir solamente la alícuota de retenciones, sobre los saldos exportables del sector agrario, es otorgar legitimidad al uso productivo del suelo; que para el caso específico de la soja es el envenenamiento del medioambiente y la degradación del suelo, a partir de un producto que los argentinos no consumimos.
En este marco, no es menor el interrogante acerca de quien genera la riqueza, porque pareciera ser, que ya no es más el trabajo, sino el capital y los empresarios son los actores centrales. Precisamente fueron los trabajadores, quienes pusieron de pie este país, sin intervención de inversiones, resignando en la devaluación del 2002, su poder adquisitivo para que se capitalice y expanda la economía. Lo más novedoso es que los saldos exportables de nuestra economía, no se observen como ahorro del conjunto de los argentinos, sino como la propiedad de la que disponen los grupos empresariales; por lo que también es bueno retomar el debate sobre quien tiene decisiones soberanas sobre la intervención en el mercado mundial y cual es el criterio orientador para ello.
Es cierto que este sector tiene un peso significativo en los ingresos presupuestarios, y que provee un cantidad de divisas importantes, para evitar acciones especulativas contra nuestra moneda, pero no deja de ser verdad, que una moneda no convertible genera iguales condiciones, y que existen una enorme cantidad de productos que demanda el mundo, que tienen un mayor valor agregado, sin envenenar a nuestro pueblo, contaminar los recursos acuíferos y degradar el área de explotación. Es muy irresponsable que desde la titularidad que otorga una escritura, se avance implacablemente hacia un monocultivo, con una dependencia absoluta de una Multinacional que provee la semilla y el herbicida, obteniendo en el proceso la rentabilidad más alta.
Con que lógica, se permite deforestar enormes regiones, convirtiendo la madera en carbón, para plantar soja; ni siquiera se atiende la industria del mueble, sector en el que existe uno de los consumos con más retraso en los hogares argentinos, recurso que tarda años en reponerse. No se puede seguir con un Federalismo bobo, que solamente expresa el interés presupuestario de los gobernadores y buenos negocios para las oligarquías locales; que el sistema de gobierno sea federativo, no habilita a una soberanía calificada, donde cada provincia hace lo que se le antoje, con los recursos naturales, que son de todos los argentinos.
El capitalismo es un sistema predatorio, que se construye sobre las espaldas y el sufrimiento de los pueblos, la finalidad de una actividad económica debe subordinarse al objetivo político de alcanzar la felicidad del pueblo, no la felicidad de los empresarios por acumular riqueza, esto es lo que señala la diferencia entre una Nación y un lugar. Es necesario que el conjunto de los compañeros construyamos el consenso y la organización popular suficiente, para que el Estado pueda contar con los instrumentos adecuados que coloquen definitivamente la economía al servicio de nuestro pueblo, señalar los intereses de la oligarquía y poner en evidencia las estructuras políticas e ideológicas, (Iglesia), desde las cuales se pretenden legitimar el privilegio de utilizar la riqueza de nuestra patria y el trabajo de nuestro pueblo para el beneficio de un puñado de cipayos. (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Ámbito.com) Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) anuló una condena que obligaba a la Argentina a pagarle 106 millones de dólares a dos empresas multinacionales, informó la Procuración del Tesoro Nacional.
La demanda había sido entablada por dos compañías, accionistas de la firma Transportadora Gas del Sur (TGS) porque el Gobierno de Néstor Kirchner no las dejó actualizar en dólares la tarifa del transporte de gas.
El Comité de Anulación decidió darle la razón a la Procuración del Tesoro Nacional en la disputa judicial en la que este organismo estatal se defendía por una demanda de las empresas Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets L.P.
Es la segunda vez que en un mes un Comité del CIADI da la razón a los abogados de la Procuración y anula el laudo por el cual se había condenado a la Argentina a pagar más de 106 millones de dólares a las empresas demandantes.
El tribunal integrado por los jueces internacionales Gavan Griffith -de Australia-, Patrick Robinson -de Jamaica- y Per Tresselt -de Noruega-, notificó a la Procuración su decisión de anular definitivamente la condena.
A fines de junio, otro tribunal del CIADI dejó sin efecto una condena por más de 128 millones de dólares contra el Estado argentino, por un juicio que le había iniciado la empresa norteamericana Sempra Energy.
En esta oportunidad, Enron y Ponderosa, ambas de capitales norteamericanos y accionistas de Transportadora de Gas del Sur (TGS), demandaron a la Argentina ante el CIADI debido a la negativa del gobierno argentino a permitir el ajuste de tarifas.
Las empresas pretendían ajustar las tarifas del transporte de gas en dólares y en su demanda también incluyeron sus quejas por la posterior pesificación de las tarifas por la Ley de Emergencia, sancionada en 2002.
Enron y Ponderosa consideraron que la pesificación constituía "una violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) celebrado entre la Argentina y los Estados Unidos", dijo la Procuración en su comunicado.
Argentina, por su parte, invocó como defensa la existencia de un estado de necesidad -excepción contemplada por TBI- que había llevado a la sanción de la Ley de Emergencia y al abandono del régimen de convertibilidad para hacer frente a la crisis política, económica y social más grave de su historia.
Sin embargo, el tribunal arbitral emitió un laudo el 22 de mayo de 2007 condenando al Estado argentino a pagar a las demandantes la suma de 106,2 millones de dólares en concepto de indemnización.
Ante ello, la Procuración del Tesoro de la Nación de Argentina solicitó a un Comité de Anulación del mismo CIADI la reversión del laudo.
Ahora, el Comité dijo que el tribunal arbitral que condenó a la Argentina "se extralimitó manifiestamente en sus facultades, lo que constituye causal de anulación, al no haber aplicado el derecho que tenía que aplicar para resolver la controversia".
El Comite agregó que el tribunal no aplicó las normas del derecho internacional que rigen el estado de necesidad, "sino que, en lugar de ello, se valió de la opinión de un perito sobre una cuestión económica".
Se agregó además que el tribunal omitió expresar los motivos de su decisión, lo que constituye otra causal de anulación.
Según el Comité, la decisión del tribunal en cuanto a que no se habían cumplido los requisitos para la aplicación del estado de necesidad "está contaminada con un error anulable". (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) En el marco del debate por las retenciones agropecuarias que se dará cuando se venzan las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo Nacional, el diputado nacional Ariel Basteiro, vicepresidente del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, declaró hoy que “pretender que el Congreso Nacional fije los aranceles de todos y cada uno de los productos que exporta nuestro país no sólo atenta contra el sentido común, sino que es una jugada política malintencionada que tiene por objeto desfinanciar al Estado Nacional, quitarle herramientas imprescindibles de gestión y promover la concentración de la riqueza”.
El legislador sostuvo que la revisión del conjunto de la legislación delegada en el PEN que se sancionó el año pasado fue un paso fundamental para el fortalecimiento institucional de nuestro país y recordó que “desde nuestro bloque fuimos impulsores de la creación de la comisión bicameral”. “Pero siempre quedó claro que muchas de las atribuciones que la Constitución le asigna al Congreso representan resortes imprescindibles de la gestión, por lo cual es correcto que sean delegadas en el Ejecutivo con el debido control del Parlamento”, agregó.
En ese sentido, Basteiro explicó que “la competitividad que gozó el sector agroexportador durante todos estos años fue resultado de una política activa del gobierno en materia fiscal y monetaria, de manera que no es lógico que el esfuerzo del conjunto de los argentinos quede en manos de unos pocos. Además, las retenciones funcionan como un dispositivo indispensable de control de precios internos, es decir que de no existir los precios de los productos exportables se dispararían para la gran mayoría de las familias. Finalmente y por más que se diga lo contrario, los proyectos de la oposición que buscan llevar a 0% las alícuotas para todos los productos no harán más que agravar el problema de la sojización de nuestros campos, con las terribles consecuencias que ello implica para la actividad agroganadera, las economías regionales y el medio ambiente”.
“Los reclamos actuales se podrían haber evitado si los bloques de la oposición y las organizaciones del campo hubieran acompañado la segmentación, el subsidio al flete y los avances que proponía el proyecto el proyecto presentado por el gobierno en la discusión en torno a la Resolución 125”, concluyó Basteiro.
Prensa: Sabrina Roth 15-6600-7438 (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Ante la nueva convocatoria del gobierno al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) señaló que “es hora de que el organismo cumpla la totalidad de las funciones para la que fue creado. Es un reclamo histórico de la CTA que reiteramos desde la primera convocatoria realizada en el 2004, sobre todo en lo referente a la realización de un estudio que permita determinar el valor real de la Canasta Básica”, señaló.
Según Wasiejko, en la medida en que no se profundicen las políticas para combatir el trabajo en negro y se establezca el valor real de la canasta “la modificación del salario mínimo tiene un impacto parcial”, dijo el dirigente que integra la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil del Consejo (SMVM). El Consejo, además de determinar el valor del salario mínimo, fue creado para cumplir otras funciones, entre ellas establecer los mínimos y máximos del seguro de desempleo; realizar estudios sobre la situación sectorial que permitan conocer las posibilidades de reinserción laboral y las necesidades de formación profesional; formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo y formación profesional; proponer medidas para incrementar la producción y la productividad y fijar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo.
"El Consejo del Salario es realmente una herramienta y una instancia sumamente significativa para impulsar una experiencia de concertación de todos los sectores productivos a favor de un proceso de redistribución justa de los ingresos y de reindustrialización en el país. Es primordial incorporar a la agenda la situación no sólo de los trabajadores formales (en blanco) sino también de la fuerza laboral precarizada (en negro), de los trabajadores estatales municipales y provinciales como además de los que perciben un Plan Jefas y Jefes que termina, en definitiva, siendo el piso del salario mínimo en la cotidianeidad. Esperamos que comience a trabajar en pleno en sus comisiones y en toda su complejidad en busca de otra Argentina trascendiendo acuerdos coyunturales", explicó Pedro Wasiejko.
Vale recordar que desde el 2004 el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CEP y SMVM) es convocado en el mes de julio para fijar la remuneración mínima que debe recibir un trabajador. Si bien lo que se conoce hoy como el Consejo del Salario funcionó efímeramente durante el gobierno de Arturo Illia, a lo largo de la historia argentina el SMVM fue fijado unilateralmente por el gobierno de turno mediante decreto. Recién en 1991, cuando se aprobó la Ley Nacional de Empleo, la 24013, se creó formalmente este ámbito tripartito de discusión con representantes de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno que deberían establecer, entre otras cosas, el valor del SMVM. Paradójicamente, ese mismo año, el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, firmó el decreto 1334/91 que determinó que la remuneración de los trabajadores sólo debería aumentar en función de la productividad y, a lo largo de los diez años que se mantuvo en el poder, congeló el valor del salario mínimo en 200 pesos, entonces también dólares. En ese período nunca se convocó al Consejo. En 2004 el ministro de Trabajo Carlos Tomada llamó a los representantes de los distintos sectores y desde esa fecha y una vez por año "discuten" y fijan el valor del sueldo mínimo.
“Desde que se lo convocó por primera vez en 2004 las comisiones temáticas funcionaron solamente ese año, mientras que a partir de 2005 la convocatoria se limitó a posibilitar una instancia que permitiera refrendar decisiones tomadas fuera de él. Una vez más esperamos, aunque sin mucha expectativa, que esta situación se revierta este año”, afirmó Wasiejko.
Más información: Sabrina Roth 15-6600-7438 (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico)
El debate reiniciado en torno de las retenciones aconseja reflexionar sobre un tema en que subsiste mucha confusión. En mi intervención en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, durante el tratamiento de la Resolución 125, destaqué que el debate se limita a la distribución del ingreso cuando, en realidad, lo que está en juego es la estructura productiva y el desarrollo económico.
Es muy difícil llegar a un acuerdo mientras el problema se siga discutiendo en términos de distribución del ingreso. Porque si el objetivo de las retenciones es aumentar la recaudación, el ruralismo puede razonablemente preguntar por qué gravar sólo al campo y, en todo caso, por qué no por otros medios, por ejemplo el impuesto a las ganancias o a la tierra libre de mejoras. Lo mismo sucede si las retenciones se conciben para desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales, porque el mismo objetivo podría alcanzarse con subsidios. En resumen, las retenciones para tales fines pueden ser suplantadas por otros instrumentos.
Para el único fin para el cual las retenciones son insustituibles es para establecer tipos de cambio diferenciales, que es lo que realmente importa para la competitividad de toda la producción interna sujeta a la competencia internacional, en toda la amplitud del territorio nacional y sus regiones. ¿Por qué es preciso, simultáneamente, tener mucho campo, mucha industria y mucho desarrollo regional? ¿Por qué es necesaria la rentabilidad de toda la producción sujeta a la competencia internacional? Por la sencilla razón de que toda la cadena agroindustrial genera 1/3 del empleo y, por lo tanto, es inviable una economía, próspera de pleno empleo, limitada a ser el “granero del mundo”.
Por el hecho, también, de que la ciencia y la tecnología son el motor del desarrollo de las sociedades modernas y, para ponerlo en marcha, es indispensable una estructura productiva diversificada y compleja que incluya, desde la producción primaria con alto valor agregado, hasta las manufacturas que son portadoras de los conocimientos de frontera.
Precios relativos. El tema de las retenciones surge del hecho de que los precios de los productos agropecuarios respecto de las manufacturas industriales son distintos de los precios relativos de los mismos bienes en el mercado mundial. No se trata de un problema exclusivamente argentino. En Europa, por ejemplo, sucede a la inversa que en nuestro país: las manufacturas industriales son relativamente más baratas que los productos agropecuarios.
En consecuencia, en la Unión Europea se subsidia la producción agropecuaria, lo cual insume la mayor parte de los recursos comunitarios. Si no lo hiciera, desaparecería la actividad rural bajo el impacto de las importaciones, situación inadmisible por razones, entre otras, de seguridad alimentaria y equilibrio social. En resumen, todos los países utilizan un arsenal de instrumentos (aranceles, subsidios, tipos de cambio diferenciales, etcétera) para “administrar” el impacto de los precios internacionales sobre las realidades internas, con vistas a defender los intereses “nacionales”.
La causa de la diferencia entre los precios relativos internos e internacionales radica en razones propias de cada realidad nacional. Entre ellas, los recursos naturales, nivel tecnológico, productividad y organización de los mercados. En la Argentina inciden, entre otros factores, la excepcional dotación de los recursos naturales y los factores que históricamente condicionaron el desarrollo del agro y de la industria.
En nuestro país, las llamadas “retenciones” son el principal instrumento para resolver el hecho de que, por ejemplo, la producción de soja es internacionalmente competitiva con un tipo de cambio, digamos, de 2 pesos por dólar y la de maquinaria agrícola, de 4. Los tipos de cambio “diferenciales” reflejan las condiciones de rentabilidad de la producción primaria y las manufacturas industriales. La brecha, es decir, las retenciones, no es estrictamente un impuesto sobre la producción primaria, sino un instrumento de la política económica. Genera un ingreso fiscal cuya aplicación debe resolverse en el presupuesto nacional, conforme al trámite constitucional de su aprobación y puesta en práctica.
El mejor de los instrumentos posibles. ¿Cuáles serían las consecuencias de unificar el tipo de cambio para eliminar las retenciones? En nuestro ejemplo, si el tipo de cambio fuera el mismo, 2 o 4 por dólar, tanto para la soja como la maquinaria agrícola, en el primer caso (2 por dólar), desaparecerían la producción de la segunda y gran parte de la industria manufacturera, sustituida por importaciones. Las consecuencias serían un desempleo masivo, aumento de importaciones, déficit en el comercio internacional, aumento inicial de la deuda externa y, finalmente, el colapso del sistema. En el segundo caso (4 por dólar), se produciría una extraordinaria transferencia de ingresos a la producción primaria, el aumento de los precios internos y el desborde inflacionario.
En principio, en este segundo caso podría elegirse un camino alternativo, es decir, absorber vía impuestos las ganancias excedentes de la producción primaria y, con estos recursos, compensar a la industria manufacturera y subsidiar el consumo de alimentos. En la práctica, esta variante es inadministrable. En la actualidad, las retenciones son, en consecuencia, la forma más práctica de resolver el problema de la asimetría de los precios relativos internos y externos.
En palabras de Marcelo Diamand, dada nuestra “estructura productiva desequilibrada”, es inviable la unificación del tipo de cambio para toda la producción sujeta a la competencia internacional. El pleno desarrollo del país irá eliminando los actuales desequilibrios y transformando la formación de los precios relativos, lo cual permitiría unificar el tipo de cambio, eliminar las retenciones y emplear otros instrumentos para “administrar” las señales que transmite el mercado internacional.
La cuestión nacional. Si se genera el convencimiento compartido sobre la estructura productiva necesaria y posible, se abandona la discusión de las retenciones como un problema reducido a la distribución del ingreso. Se plantean entonces dos cuestiones centrales. Por una parte, el tipo de cambio que maximice la competitividad de toda la producción nacional sujeta a la competencia internacional. Es decir, el tipo de cambio de equilibrio desarrollista. Por la otra, el nivel de las retenciones compatibles con la rentabilidad de la producción primaria e industrial, tomando en cuenta los cambios permanentes en las condiciones determinantes de costos y otras variables relevantes. Las retenciones deben ser “flexibles” y tomar nota de tales cambios.
Al mismo tiempo, deben aplicarse de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, la comprensible demanda del ruralismo integrado por pequeños y medianos productores, de recibir un trato preferente, es probablemente difícil de cumplir con retenciones distintas conforme el tamaño de las explotaciones o la distancia a los puertos y centros de consumo. Otros medios pueden seer utilizados con más eficacia para los mismos fines.
La puja por la distribución de la riqueza y el ingreso es inherente a toda economía de mercado, pluralista y democrática. El planteo de los tipos de cambio diferenciales y las retenciones en términos de estructura productiva no elimina la puja distributiva del ingreso entre sectores (campo-industria) y actores sociales (capital-trabajo). Pero permite encuadrarla en el marco del desarrollo nacional. Vale decir, el pleno despliegue del potencial, la gobernabilidad, la libertad de maniobra en un mundo inestable, la inclusión social, factores todos que, en definitiva, son esenciales para la prosperidad del campo, de la industria, de las regiones, del capital y el trabajo.
En resumen, para resolver la puja distributiva de manera consistente con el desarrollo y la estabilidad, es preciso abordarla desde la perspectiva del interés nacional. Para contribuir a tal fin es indispensable aclarar, de una vez por todas, qué son y para qué sirven las retenciones.
(Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Télam) La aerolínea de bandera nacional recibió mejores calificaciones a nivel internacional y ahora se ubica al mismo nivel que otras empresas de gran consideración, como United Airlines y Alitalia.
Aerolíneas Argentinas pasó de “pobre a “satisfactoria” en la escala, al cumplirse el primer año de gestión de Mariano Recalde, y quedó posicionada en el mismo nivel que otras empresas de relevancia, como Iberia, United Airlines y Alitalia.La calificación fue emitida por la prestigiosa auditora de origen británico Skytrax, que realiza informes sobre 620 compañías aéreas y 645 aeropuertos en todo el mundo.Su análisis abarca distintos ítems, como el desempeño del personal, servicio de catering de a bordo y hasta confort en las salas de espera. Y los puntos que mayores calificativos le valieron a Aerolíneas Argentinas son, entre otros, el servicio de asistencia a familias y niños, habilidades en distintos idiomas por parte del personal y la efectiva respuesta a distintas solicitudes. (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Asteriscos TV) La presidenta, Cristina Kirchner, destacó la acumulación de divisas y la política previsional del Gobierno: "Nos decían que nos íbamos a fundir, que las reservas se iban a acabar". Volvió a criticar a la oposición por "no reconocer las cosas que se hacen bien".
La presidenta Cristina Kirchner defendió la decisión del gobierno nacional de recurrir a recursos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para pagar parte de la deuda externa y advirtió que "casi le quisieron hacer un juicio político por utilizar las reservas". "No estábamos equivocados", remarcó la jefe de Estado al encabezar un acto en la ciudad bonaerense de General Belgrano. "Teníamos razón, nos decían que nos íbamos a fundir, que las reservas se iban a acabar", recordó la primera mandataria.
Asimismo, destacó que el nivel de reservas del BCRA se ubica en 50.925 millones de dólares y se encamina a sobrepasar la barrera de los 51.000 millones de dólares por primera vez en la historia del país. Cristina Kirchner reiteró que en el 2009 la Argentina pudo hacer frente a la crisis porque estaba "sólidamente parada", y señaló que esto fue responsabilidad "de todos los que creyeron, ayudaron y apoyaron" el modelo de país. "El 2009, más allá de las diferencias lógicas de una democracia, nos ha abierto los ojos a todos porque nos dimos cuenta lo que hubiese pasado si la crisis nos agarraba con una economía enfriada ", agregó. Recordó anteriores crisis que sí golpearon a la Argentina y dijo que "si no estábamos sólidamente parados, no hubiera quedado nada" y que "no existen enfrentamientos de sectores" porque "es la industria, es el campo, y es la exportación", los que ayudan al país a acumular reservas.
(Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por El Argentino)
Según informaron los medios locales, 102.432 españoles abandonaron el país en 2009, en medio de la fuerte crisis económica internacional y antes de los anuncios realizados este año por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero de fuertes ajustes. América sigue siendo el destino favorito de los emigrantes.
La crisis española y la falta de empleo provocó un éxodo masivo. El diario El Mundo informó que 102.432 españoles abandonaron el país en 2009, en medio de la fuerte crisis económica internacional y antes de los anuncios realizados este año por el presidente Zapatero de fuertes ajustes. América sigue siendo el destino favorito de los emigrantes.
Según informó el diario español, el continente americano es el elegido por seis de cada 10 españoles. Europa es el segundo lugar favorito de emigración y ya recibe a más de medio millón de emigrantes.
Pero Asia pisa fuerte y es el continente donde la comunidad emigrante creció un 16%.
(Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Ambito.com)
El Gobierno abrirá formalmente en agosto las negociaciones para subir el salario mínimo vital y móvil. En los próximos 15 días, el Ministerio de Trabajo hará el anuncio de la convocatoria al Consejo del Salario, donde empresarios y sindicalistas discutirán durante algunos días cuál será el monto del nuevo salario mínimo y la forma en que se liquidará. Según las estimaciones oficiales y gremiales, pasaría de los actuales $ 1.500 a aproximadamente $ 1.750 mensuales. Lo que se discutirá, en realidad, es si para llegar a esa suma (o a un monto similar) se implementará como en 2009 un esquema gradual o si será en un solo paso. Nuevamente se rechazará además la idea de la Unión Industrial Argentina (UIA), de implementar un esquema regional, con salarios mínimos según la localidad del país en que se trate.
Esta paritaria general para determinar el salario mínimo que debería cobrar cualquier argentino en el país, en blanco o en negro, se lanza luego que el 70% de los trabajadores ya hayan cerrado sus negociaciones para determinar los incrementos salariales que se aplicarán durante este ejercicio. Se estima, dentro de la cartera que conduce Carlos Tomada, que aproximadamente unas 300.000 personas en todo el país están alcanzadas por este ingreso, sin tomar en cuenta a los empleados rurales o el empleo doméstico, sectores que tienen sus propios regímenes.
El nivel de trabajadores no registrados, con salarios en negro, llega hoy al 36,1% (casi cuatro millones de trabajadores) de la mano de obra activa del país. De confirmarse el nuevo monto, el salario mínimo quedará sensiblemente por debajo del piso que dejaron las últimas negociaciones paritarias, las que, según estudios del ministerio, determinaron un piso de $ 2.100. Este es el caso del trabajador de minería; mientras que los trabajadores con salarios de convenio más elevados serían los bancarios, con $ 4.500. El porcentaje de aumentos más bajos de este año corresponde a los empleados de la Administración Pública Nacional, con un alza promedio de 22%; mientras que el incremento más alto lo logró el sindicato de Alimentos con una suba del 35%.
Las conclusiones de los estudios internos del Ministerio de Trabajo sobre las discusiones paritarias de este año son las siguientes:
La cantidad de convenios firmados llegó a los 368, alcanzando a 3 millones de asalariados.
El porcentaje de aumento acordado se ubica entre el 25% y el 27%.
La mayoría de los convenios acordó incrementos salariales para la categoría inferior que oscilan entre los 500 y 600 pesos mensuales.
Los trabajadores que en promedio mayor nivel salarial tendrían a partir del resultado de las paritarias de 2010 son los bancarios con un salario piso de 4.500 pesos. Luego se ubican los camioneros ($ 4.000), petroleros privados ($ 3.300), plásticos y gastronómicos (3.200). En la otra punta de la curva se encuentran los operarios de la minería con un salario de 2.100 pesos mensuales, seguidos por la metalúrgica (2.200) y maestranza (2.300).
Este año se observó dentro de las negociaciones paritarias, una importante dispersión tanto en porcentajes de aumento como en el nivel salarial dentro de los diferentes sectores. De hecho, el sindicato de camioneros dejó de ser este año la variable de referencia. El gremio del titular de la CGT alcanzó un alza porcentual del 26%, en el medio de la pirámide. (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Página 12) A mediados de 2009, el gobierno nacional dispuso el lanzamiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo, conocido como Argentina Trabaja. A través de éste se pretende alcanzar inclusión social por medio de la generación de trabajo, para lo que las personas interesadas deben conformar cooperativas mediante las cuales desarrollan distintas obras en las localidades donde residen y a cambio de lo cual obtienen un ingreso mensual, para lo que además reciben capacitaciones en oficios. Lógicamente, un programa de tales características y con pretensiones de cobertura muy amplias atraviesa diversos avatares en el transcurso de su implementación:
1 Porque queda población sin cubrir.
2 Porque algunos mecanismos de funcionamiento pueden no ser claramente comprendidos o distorsionados en el ámbito micro.
3 Porque su cobertura no llega a ámbitos territoriales y políticos que lo reclaman.
Todos ésos y otros elementos se constituyen en aspectos negativos que alcanzan para obnubilar todo lo positivo que el programa posee. Hay aspectos positivos que se desconocían y que se pueden encontrar en visitas e intercambios con los trabajadores que hoy ya forman parte de él. Vale la pena compartir algunos de esos elementos, que son poco o deficientemente comunicados por las propias autoridades que lo llevan adelante.
En primer lugar, resalta el hecho de que el programa está planteado desde una perspectiva que ex profeso pretende alejarse del formato de “programas enlatados” que se implementaron a lo largo de la década de los noventa. Estos se denominaban comúnmente de esa forma en tanto establecían rígidamente los parámetros según los cuales la población beneficiaria debía ser seleccionada, los montos a financiarse, así como el tipo de prestaciones que podían brindarse. En oposición a ello, entonces, el programa se presenta como flexible en el quehacer cotidiano en el territorio.
La flexibilidad está asociada con facilitar que los mecanismos y procedimientos burocráticos permitan incluir a la mayor cantidad de personas, en las mejores condiciones posibles y que posibiliten alcanzar los objetivos del programa. Ello no implica actuar por fuera de lo legalmente establecido, sino revisitar los mecanismos preexistentes en distintas dependencias del Estado para generar una sincronía virtuosa entre el programa y las distintas instancias en que el Estado cristaliza sus intervenciones. Y si ello requiere introducir modificaciones nodales en dependencias que tienen injerencia directa e indirecta con el mismo (por ejemplo, en la AFIP), las autoridades avanzan en ese sentido.
En segundo lugar, sobresale el hecho de que el programa posibilita, además de lo ya dicho, el acceso a una cobertura de salud tanto para el titular como para su grupo familiar. En algunas de las recorridas que tuvimos la oportunidad de realizar a distintas localidades del conurbano, se pudo comprobar que cientos de las personas que ya se incorporaron o están en camino de hacerlo son jóvenes –muy jóvenes– que no han podido cumplimentar sus estudios secundarios e incluso primarios. Son jóvenes que se incorporaron muy tempranamente a empleos informales y mal pagos, y que también muy tempranamente han conformado sus propios hogares. Así, a partir de su inclusión en el Argentina Trabaja, estos jóvenes tan largamente postergados tienen la posibilidad de concretar su derecho a la salud.
Aquellas recorridas nos permitieron observar que las capacitaciones que reciben los trabajadores tienen un objetivo muy claro: dejar instalado que el dinero que reciben como ingreso les pertenece y que ninguna persona a título individual o en nombre de algún agrupamiento de tipo colectivo puede solicitarles un porcentaje de éste. Este hecho no es un dato menor, ya que apunta al corazón de mecanismos ampliamente vilipendiados y cuestionados por parte de distintos sectores de nuestra sociedad. Incluso, este hecho cobra más importancia aún si se toma nota de que algunas organizaciones (de la sociedad civil o gubernamentales de nivel local) se han sentido cuestionadas a sí mismas por la insistencia en esta indicación.
El nivel de implementación tiene siempre múltiples dificultades en su concreción. Quien haya participado alguna vez de la gestión sabe que esto indefectiblemente es así. Algunos objetivos y parámetros establecidos pueden no ser útiles, prácticos o lógicos cuando se topan con la persona de carne y hueso. Seguro hay mucho para mejorar, ampliar, cambiar, repensar, pero también hay mucho para ponderar positivamente
* Socióloga y Magister en Políticas Sociales, UBA. Docente de la Carrera de Sociología UBA. Investigadora del Instituto Gino GermaniUBA. (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo)
En la tarde de ayer la Presidenta anunció "un aumento del superávit primario de junio contra junio del año pasado de un 198,5 por ciento", durante el acto de licitación de la autovía Pilar - Pergamino, en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa de Gobierno.
Refiriéndose al tema, Cristina destacó: "Hemos tenido un aumento del superávit primario de junio contra junio del año pasado de un 198,5 por ciento".
"De enero a 30 de junio llevamos 11 mil millones de pesos, un 54 por ciento más que los primeros 6 meses del año 2009"
(Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Página 12) El acuerdo de Aerolíneas con la fabricante brasileña de aviones empieza a concretarse: el mes próximo arranca la entrega de las veinte naves adquiridas. La empresa informó además que los vuelos a Sudáfrica dejaron una ganancia de dos millones de dólares.
Aerolíneas Argentinas recibirá a fines de agosto el primer avión Embraer, de un total de veinte aeronaves que la línea de bandera adquirió por 700 millones de dólares. Estas inversiones forman parte de un plan quinquenal presentado por la compañía hace unos meses, cuyo objetivo es ampliar las frecuencia hacia las provincias y el exterior. “La Argentina tiene por delante fuertes perspectivas de desarrollo del servicio aéreo para atender sus necesidades crecientes”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de Aviación Comercial de Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva. Los Embraer servirán para reemplazar la actual flota de Austral. Por otro lado, la empresa que dirige Mariano Recalde anunció que los 19 vuelos programados a Sudáfrica durante el Mundial de Fútbol arrojaron una ganancia de dos millones de dólares, resultado que desmintió al titular del gremio de los pilotos, Jorge Pérez Tamayo, quien había vaticinado una pérdida de 20 millones de dólares.
Aerolíneas invertirá en los próximos cinco años más de 1733 millones de dólares. La compañía estatal apuntará a la modernización de toda su flota, la compra de simuladores para las pruebas de los pilotos, el mejoramiento de las áreas técnicas y el desarrollo de acuerdos estratégicos con otras compañías. Hasta el momento, AA cuenta con 54 aviones. Una vez que esté finalizado el plan quinquenal, los directivos de la compañía prometen tener en el aire 74 naves. En este contexto, Embraer entregará la primera aeronave en agosto. Para este año están previstos seis nuevos aviones, mientras que en 2011 debería entregarse un avión por mes. La totalidad del contrato finalizará en 2012.
Los nuevos aviones –que fueron financiados en un 85 por ciento por el Bndes– reemplazarán la actual flota de Austral (Mac Douglas), que ya tiene catorce años de vida. La flota quedará renovada con aviones nuevos más pequeños, con 96 asientos en vez de los actuales 140, los cuales podrán cubrir aproximadamente 4000 kilómetros, es decir, la totalidad de los destinos del país. Los aviones Embraer consumen un 30 por ciento menos de combustible que los MD.
El costo de estos aviones motivó una denuncia de la oposición, ya que estimó que hubo un sobrecosto de 65 millones de dólares en la compra de las aeronaves. Las autoridades de la empresa lo negaron y justificaron la operación en las condiciones de financiamiento ofrecidas por Embraer. También señalaron que el acuerdo es conveniente por la transferencia de tecnología, ya que se fabricarían piezas de los aviones en los talleres de la reestatizada Lockheed en Córdoba.
“Aunque su población equivale al 21 por ciento de Sudamérica y su producto bruto por habitante es el segundo de la región, Argentina todavía posee un mercado aéreo pequeño. La modernización de su flota mejorará la posición de Aerolíneas”, señaló de Souza e Silva.
Con la adquisición de los nuevos equipos –que también incluirá aviones más grandes, como los Airbus–, la compañía calcula que podrá transportar 10 millones de pasajeros para 2014, con un incremento en los destinos hacia Europa, Latinoamérica y el interior del país. En este sentido, Córdoba sumará 27 frecuencias, Salta recibirá 29 vuelos (contra los 19 actuales) y Rosario tendrá un vuelo por día. Además, Aerolíneas invertirá aproximadamente 10 millones de dólares en joint ventures y alianzas globales con otras compañías, como parte de su plan.
Por otro lado, la aerolínea de bandera anunció que los 19 vuelos a Sudáfrica tuvieron un resultado positivo. La ocupación fue del 74 por ciento. La venta de pasajes alcanzó a 10,4 millones de dólares, mientras que los costos variables fueron de 6,7 millones de dólares. “Si se considera que los gastos fijos operativos fueron de 1,7 millón de dólares, el resultado positivo para AA fue de dos millones de dólares”, muy lejos de las “enormes pérdidas” que habían vaticinado desde el gremio de pilotos. (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Revista XXIII) Es cierto que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional acumula activos por 150.000 millones de pesos, tal como se informa oficialmente? La respuesta es afirmativa si los datos son analizados con mirada de contador o desde un punto de vista formal. Pero si se los observa con ojos de economista, la realidad es que en el FGS de la ANSeS hay sólo un 40 por ciento del monto señalado, ya que el 60 por ciento restante son títulos públicos. Es decir que se trata de una acreencia de un organismo del Estado con el mismo Estado. Trazando analogía con una empresa, es como si en el activo de la compañía figurara un pagaré de esa misma firma. Su importancia económica sería nula, y en la contabilidad habría como contrapartida un pasivo equivalente que cancelaría todo efecto.Nada sustancial se modificaría si la ANSeS dejara de considerar como propios los alrededor de 90.000 millones de pesos de títulos públicos que figuran en la cartera del FGS. Para empezar es un activo que se supone indisponible. Aparecen en la cartera, pero los vencimientos no se cobran sino que se refinancian automáticamente, y casi todo el rendimiento devengado se capitaliza o se reinvierte en títulos públicos.Se podría contraargumentar que eso es así en tanto la ANSeS no necesite recurrir al FGS, pero llegado el caso de necesidad el Estado deberá afrontarla. La respuesta a eso es que en un sistema previsional estatal es, obviamente, el Estado el encargado de hacer frente a un caso de necesidad. Con o sin títulos públicos de por medio (distinto era con las AFJP: en ese sistema de cuentas personales, los títulos públicos en cartera de las administradoras documentaban una deuda del Estado con individuos privados).El mismo razonamiento que se aplicó a los títulos públicos en cartera de la ANSeS es válido para los 22.600 millones de dólares de Letras del Tesoro que el Banco Central tiene contabilizados en su balance. En su gran mayoría las recibió a cambio de la cancelación con reservas de deuda externa. Es un título a perpetuidad que sólo cubre apariencias. Nada sustancial cambiaría en el patrimonio si la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont tachara ese activo del haber.Pero esta manera de entender el tema sí cambia sustancialmente la gravitación de la deuda pública, que de por sí ha caído muchísimo en el último quinquenio. El informe mensual del Estudio Bein muestra que en proporción al Producto Bruto Interno, la deuda pasó de representar el 74,1 por ciento en 2005 al 44,7 por ciento actualmente. Para tener una idea de lo poco que eso significa basta tener en cuenta que el conjunto de los países de la zona del euro deben el equivalente a casi el 90 por ciento del PBI, y que en Italia y Grecia la deuda es mayor al PBI.El peso de la deuda es aún mucho menor si se excluye la deuda intra-estatal, que como se vio es un pasivo que aparece en los papeles contables pero tiene escasa relevancia económica. En el informe citado se señala que sobre un total de 154.000 millones de dólares que el Estado debía a fines del año pasado, alrededor de 60.000 millones era deuda intra-estatal, sumando las acreencias con el Tesoro que tenían la ANSeS, el Banco Central y otros organismos públicos como PAMI, AFIP y Lotería Nacional. O sea que si se tachaba de activos y pasivos la deuda intra-estatal, la deuda pública habría quedado acotada a algo más de 90.000 millones de dólares.Además, el informe apunta que existen otros 16.200 millones de deuda con organismos financieros internacional (Banco Mundial, BID, etc.), cuyos vencimientos se cubren fácilmente con los nuevos créditos de esas instituciones.Con lo cual la deuda pública con privados a fines de 2009 quedaba reducida a la mitad. Y esos 78.000 millones de dólares equivalían al 25 por ciento del Producto Bruto Interno del país. Miguel Bein estima que este año esa proporción seguirá disminuyendo hasta llegar al 20,8 por ciento.Puesto en perspectiva histórica, en 2005 esa relación entre deuda con privados y tamaño de la economía era del 55,1 por ciento, más de dos veces y media superior. El informe explica: “Las cancelaciones netas con superávit financiero hasta 2007, la licuación de la deuda indexada a partir de entonces, la estatización de los fondos de pensiones, la colocación de letras a organismos intra sector público y la compra de deuda en el mercado a precios de default, en conjunto con un fuerte crecimiento del PBI en dólares, generó un desplome en el ratio entre deuda que flota y PBI” (la “licuación” hace referencia al impacto de la manipulación de la inflación sobre los títulos ajustados por CER).La refinanciación automática de la deuda intra-estatal implica para este año un alivio en los vencimientos de capital e intereses por 6.250 millones de dólares (una tercera parte del total), y para el 2011 por 3.400 millones (una quinta parte).El brutal desendeudamiento (que en el caso de la “licuación” fue hecho a lo bruto) ha dado lugar a una de las diferencias estructurales clave entre la situación macroeconómica posconvertibilidad y la de los treinta años anteriores. Al punto que hasta la calificadora de riesgo Fitch incluyó entre los argumentos para elevar de categoría a los títulos públicos argentinos que las “necesidades de financiamiento del sector público son relativamente administrables”. Para esa agencia, recién ahora la deuda argentina dejó de estar en riesgo de default. Para las otras, el peligro no pasó. Es increíble que haya personas inteligentes y poderosas que les sigan prestando atención. (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Mucho se habla, poco se conoce, sobre ese clisé que da vueltas en el debate público argentino: 82% móvil. ¿De qué hablamos? Mirar la historia puede, a veces, ofrecernos sorpresas.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional expresa: “(…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de la familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
Si bien en nuestra Carta Magna se menciona jubilaciones móviles, no se fija el porcentaje que debe representar del salario vital móvil, tampoco lo hace la primera ley (4.349) de jubilaciones que existió en nuestro país. La cual fue sancionada en 1904 bajo el gobierno de Julio A. Roca y solamente amparaba a los trabajadores de la Administración Pública Nacional a través de un sistema de capitalización colectiva administrado por el Estado.
En 1944 solo el 7 por ciento de la población económicamente activa estaba afiliada a distintas cajas de jubilaciones. Con el impulso de Juan Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego desde la presidencia de la Nación, ese porcentaje aumentó rápidamente con la creación de la Caja para Empleados de Comercio y la del Personal de la Industria, a las que más tarde seguirían las de trabajadores rurales, personal doméstico, autónomos, profesionales y empresarios. En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los fondos en gran medida fueron colocados en títulos públicos de largo plazo.
Las cajas creadas funcionaron en forma independiente y dieron un superávit muy elevado. En 1954, el haber jubilatorio empezó a calcularse mediante una escala independiente de los aportes acumulados por cada beneficiario. Se abandonó la idea de capitalización individual y se pasó a un sistema de reparto entre ingresos y egresos corrientes. El resultado que se obtuvo entre 1950 y 1954 fue un superávit que rondaba el 4% del PBI.
En 1958 en el gobierno de Frondizi sanciona la Ley 14.499 que establece el 82% móvil para jubilaciones y pensiones pero no contempló un aumento de los aportes al sistema ni la modificación de la edad jubilación, lo que llevó a que colapsara en cinco años. El gobierno de Onganía (1966) declara la inembargabilidad de los fondos ante la ola de juicios y sentencias judiciales, lo que genera la crisis del sistema previsional. Ante esta situación en 1967 se modifica el sistema previsional con las leyes 18.037 y 18.038 que comienzan a flexibilizar la forma de calcular los haberes, restringen considerablemente el 82% poniéndolo como techo y no como base, y aumentan considerablemente los aportes previsionales y la edad jubilatoria. El siguiente golpe al sistema previsional se da en la época de Alfonsín, cuando en 1986 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) suspende la ejecución y pago de sentencias judiciales contra el Estado durante dos años, además de modificar el modo de cálculo de la jubilación ordinaria, lo que conlleva a que cada nuevo jubilado pasaba a cobrar menos. Hasta aquí los fondos de nuestros jubilados seguían en las arcas del Estado Nacional, con períodos buenos y no tan buenos.
En 1994, con la presidencia de Carlos Menem y el auge de las políticas neoliberales, llegó un momento que eso dejó de ser así, los recursos pasaron a ser administrados por el sistema financiero mediante las AFJP y la capitalización individual. Los aportantes pagaron desmedidas comisiones y las AFJP invirtieron los fondos en activos dudosos y en negociados (por ejemplo, las acciones del Grupo Clarín se pagaron varias veces su precio).
Lo que ocurrió en la década de los 90 con el sistema previsional argentino fue, sencillamente, un robo; pero un robo maquillado bajo la idea de que mientras más chico era el Estado, más grande la Nación. Así, millones de jubilados y pensionados de nuestro país quedaron marginados y sin la gratificación de haber trabajado toda su vida para pasar una vejez feliz y tranquila.
Sin embargo, la película no concluye acá. En 1999-2001 gobierna al país la Alianza, que continúa la aplicación del programa neoliberal (pago de deuda, ajuste interno). Al final de su inconcluso mandato, se decidió recortar el 13% de los salarios estatales, las jubilaciones y pensiones. Hay que recordar que muchas figuras actuales de la oposición, que levantan la bandera del “82% móvil”, en aquel momento justificaban la poda a los ingresos y el ajuste (Patricia Bullrich, Gerardo Morales, entre otros).
Desde la llegada de Néstor Kirchner y continuando con la presidencia de Cristina Fernández, por primera vez en décadas se revirtió el patrón que vinculaba al Estado con los pasivos. En primer lugar, una moratoria permitió incluir a tres millones de jubilados al sistema previsional. Así, nuestro país se convirtió en el primero de la región en lo que respecta a cobertura previsional. En 2003 alcanzaba al 57% de los adultos mayores, ahora llega al 90%: de 3185 millones de beneficiarios se pasó a los actuales 5585 millones.
Otro de los puntos en los cuales se avanzó, y con creces, fue la modificación de la movilidad jubilatoria. A través de la sanción de la ley 26.417 se establece el aumento de la jubilación dos veces por año. En resumen, desde 2003 a la fecha el crecimiento de la mínima fue del 497% y de la media del 238%.
Sin dudas, el hito principal tiene que ver con la estatización de las fallidas AFJP en 2008. De esta manera, se abandonó un sistema basado en la estafa a los trabajadores pasivos para pasar a otro donde se recupera el rol del Estado. Sin la estatización, no hubieran sido posibles los aumentos y la movilidad jubilatoria. Tampoco tendría sentido la actual discusión. Nuevamente, emerge la hipocresía opositora: ¡muchos de los que participan en ese sector votaron contra la estatización (y qué decir de Clarín o La Nación)!
Conocer la historia nos permite entender un sistema previsional que pasó por diferentes momentos. También, comprender de qué hablamos cuando nos referimos al “82% móvil”, tomado como clisé hueco por opositores y medios hegemónicos. Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos.
Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos, como tambien aquellas otras que no lo hicieron tanto. Queda en la interpretación de cada argentino diferenciar cual es cual.
* María Luz Alonso es economista (UBA) y asesora de José Ottavis, secretario de JPBA. (Agencia Paco Urondo)
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