Por algo será
Durante la dictadura militar, buena parte de la sociedad argentina hizo suyo un eslogan que de tanto repetirse se incorporó a la conciencia colectiva como una sentencia inapelable. Se decía entonces que “por algo será” que las personas desaparecían de sus domicilios, de sus lugares de trabajo o de la vía pública sin dejar rastros. La sistemática campaña al estilo goebbeliano contó con el incondicional apoyo de los medios de comunicación y de esa manera las personas que desaparecían se convertían automáticamente en seres indeseables, lo mismo que sus familiares y amigos.
Tener un desaparecido en la familia o en la agenda telefónica era suficiente para extender en ellos todo lo que los desaparecedores cargaban sobre las espaldas de sus víctimas. Abogados que representaban a un desaparecido eran portadores de los presuntos delitos que se atribuían a su defendido.
Los creadores del infame argumento resumido en sólo tres palabras apuntaron a la subjetividad humana convencidos que de esa manera las personas que repetían aquel eslogan se liberaban de todo compromiso en la búsqueda de las verdaderas razones por las cuales cientos y cientos de hombres, mujeres y niños se incorporaban día a día a las listas de desaparecidos. Los promotores de este tipo de campañas saben, como sabía el ministro de propaganda de Hitler, que la permanente repetición de una mentira puede convertirse, para muchas personas, en una verdad irrefutable.
En la Argentina de este tiempo que nos toca vivir, con un gobierno empeñado en borrar de la historia el ominoso pasado reciente, el oficialismo pretende cambiar el rumbo en la causa de los Derechos Humanos. Causa a la que Macri calificó de curro, una definición que en boca del presidente de un país que vivió la mayor tragedia de su historia es un golpe bajo que supera los más altos niveles de irracionalidad política y humana.
Minimizar o subestimar lo ocurrido durante el terrorismo de Estado no es mirar hacia adelante, como el falaz discurso oficial suele decir. El objetivo apunta, básicamente, a impedir el juzgamiento de poderosos empresarios que tuvieron activa participación en la desaparición de personas en aquellos años. Mercedes Benz, Ford Argentina y el Ingenio Ledesma son, entre otras, las más emblemáticas por el apoyo económico y logístico que brindaron a la dictadura para hacer desaparecer a trabajadores incluidos por las propias empresas en las listas de “subversivos”.
En ese nicho de impunidad también se encuentran los directivos del Grupo Clarín y del diario La Nación por la apropiación de Papel Prensa, arrancada a sus legítimos propietarios a través de métodos aberrantes como la tortura. Hecho no menos grave fue la apropiación de dos niños por parte de Ernestina Herrera de Noble, cuya impunidad acaba de legalizar la jueza Sandra Arroyo Salgado al declarar su sobreseimiento en ambas causas.
En ese contexto, no puede extrañar a nadie que el funcionario golpista carapintada José Gómez Centurión se haya animado a calificar de guerra al genocidio y negar la existencia de un plan sistemático para hacer desaparecer a hombres, mujeres y niños. Otro ejemplo que sirve para entender esta realidad es la cuestionada designación del abogado Carlos de Casas –defensor de asesinos y torturadores- como representante argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada menos.
No son gestos aislados. Son parte de una política avalada por el presidente y su gabinete por más que por ahí aparezca alguna débil voz disidente que luego se pierde en el mar de complicidades sobre el que se desplaza la nave oficial. Las dudas sobre la vigencia del estado de derecho y las similitudes con el autoritarismo y la dictadura se aprecian a medida que transcurre el tiempo. Lo más emblemático de esa realidad lo encontramos en la tierra de nadie que es Jujuy con Milagro Sala en prisión y Carlos Blaquier en libertad.
Sin embargo, el gobierno de Cambiemos recibe los más cálidos elogios por la aplicación de sus políticas por parte de los grandes grupos económicos y de aquellos empresarios cómplices de la dictadura que deben rendir cuentas por su participación en múltiples delitos de lesa humanidad. Por algo será.
Juan Carlos Martínez: Periodista y escritor. Autor de La apropiadora, libro que recoge sus investigaciones sobre los casos de Marcela y Felipe Noble Herrera, y La abuela de hierro, obra que refleja la búsqueda de Matilde “Sacha” Artes de su nieta apropiada durante la dictadura.
RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).
