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Política //// 21.04.2022
Gobierno de las minorías o Gobierno del Pueblo

El abogado y militante José Luis Zerillo se refirió al debate sobre la composición del Consejo de la Magistratura, la posición de la Corte y la necesidad de reformar el Poder Judicial en nuestro país.

Por José Luis Zerillo

Los últimos acontecimientos que involucran a los jueces de la Corte Suprema de Justicia han puesto en vilo al sistema de gobierno, cuyo pilar fundamental es la elección democrática mediante el voto popular. Avasallar las funciones del Poder Legislativo, apartándose incluso de la cuantiosa jurisprudencia de la propia Corte, para reinstalar con fuerza de ley, la vieja ley del Consejo de la Magistratura derogada hace ya 16 años, es un golpe directo al concepto de soberanía popular. 

Como se ha dicho reiteradamente, la Corte posee dentro de sus facultades la de ejercer el llamado Control de Constitucionalidad y con ello tiene la facultad de declarar una ley constitucional o no. Y hasta ahí. Luego ante esa declaración, el Poder Legislativo arbitrará los mecanismos de reforma, dejará que la ley entre en desuso o incluso podrá interpretar que dicha declaración solo tiene efecto para el caso concreto, sin profundizar en ninguna dirección de forma inmediata, pero lo que está claro es que la decisión posterior a la declaración de inconstitucionalidad recae en manos del Congreso de la Nación. Mucho más, si el mismo Congreso comienza un trámite legislativo de aprobación de una nueva ley, que ya tiene media sanción.

Es decir, luego de 16 años de derogada la ley, resoluciones anteriores donde la propia Corte había sostenido su constitucionalidad (Monner Sans Ricardo c/ Estado Nacional  2014), 1577 días que se tomó la Corte para analizar el caso, no pareciera que el otorgamiento de 120 días para una nueva ley, bajo amenaza de instaurar una ley ya derogada, fuera un acto inocente. No estamos discutiendo solo una ley importante, que lo es. Es mucho más profundo, ya que, sin dudas, la Corte tomó la decisión de dar una discusión sobre el poder en la Argentina.

En los últimos años vemos cómo los medios de comunicación hablan sin sonrojarse del círculo rojo, pues es así. Lo viene diciendo la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde hace años: “la banda y el bastón te dan una parte del poder, el resto está en otro lado”. Y los jueces Supremos vinieron por la parte de ellos. La ley del Consejo de la Magistratura es un muy buen mecanismo para hacerlo. Es una ley que nace de un concepto socialdemócrata del poder y la soberanía popular, que ingresó a la reforma Constituyente de 1994 de la mano del Núcleo de Coincidencias Básicas a partir del acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, pero que los constituyentes no lograron zanjar en la discusión sobre su composición y derivaron así al legislador.

La profundidad de la discusión es sobre quién elige a los jueces federales de todo el país, en definitiva, es sobre el poder. Es falaz la superficial discusión sobre la pertenencia política o no de los miembros del consejo y el supuesto desequilibro que la norma votada en el 2006 generaba. Esto es, la ley que ahora se declaró inconstitucional disminuyó la cantidad de miembros y en menor medida lo hizo con los integrantes provenientes del Congreso, de ahí que argumentan una supuesta preponderancia del estamento político por sobre los restantes. Ello evade que los otros estamentos que componen el Consejo de la Magistratura, jueces, abogados de matrícula federal y académicos, también tienen pertenencia política. Es más, todos los que alguna vez hemos ido a votar sabemos de ante mano si dichos candidatos están a favor o en contra del gobierno de turno. Pasa en la lista de los Magistrados, de los abogados e incluso en la elección que se efectúa en el mundo académico. Se hace campaña a favor o en contra de las posiciones del gobierno y desde ese lugar son elegidos. Entonces lo que está en discusión no es si vienen del mundo de la política o no, lo que está en discusión es quiénes los eligen, quiénes los votan para ser designados Consejeros del Consejo de la Magistratura.

El Poder Judicial, como bien dice nuestra Constitución Nacional es un Poder (ello antes que los medios lo romantizaran con la definición de “la justicia”) y como parte del poder real, sus integrantes definen la direccionalidad de ese poder, por lo tanto, la discusión de quiénes los eligen es de suma importancia. De ahí que lo que realmente importa a la Corte es quien elige a los Consejeros que van a designar jueces, suspenderlos y hasta llevarlos a juicio político. Lo hace el pueblo a través del voto popular de sus Consejeros Diputados y Senadores, que poseían una representación mayor en el Consejo de la Magistratura (conforme la ley hoy declarada inconstitucional); o lo hacen las elites gobernantes a partir de la participación de sus claustros, que poseen hoy una mayor preponderancia en el Consejo, conforme la ley que impuso la Corte.

El concepto democracia vs. corporaciones no es un slogan vacío. La disputa actual nos habla de un sistema Constitucional con resabios de aristocracia en la conformación de uno de sus tres poderes, como es el judicial, y que funciona como reaseguro de los intereses de una minoría ilustrada en contra de los intereses de las grandes mayorías. A los Poderes Legislativo y Ejecutivo los elige el pueblo mediante elecciones y el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Al Poder Judicial (excepto los miembros de la Corte) lo elige el Consejo de la Magistratura cuyas mayorías son compuestas por miembros que el pueblo no puede elegir, a excepción de los elegidos mediante el Congreso que hoy por decisión de la Corte vuelve a tener una representación minoritaria. Y esta disputa la imponen cuatro hombres, blancos, de un mismo estrato social que en nada resultan representativos de la diversidad que conllevan los 45 millones de habitantes de nuestro país.

Algunos pasaron de defender la supremacía constitucional a defender la supremacía judicial. Sin lugar a dudas hay que modificar la Corte. Ese poder no puede estar en manos de una parcialidad que no es representativa de nuestro pueblo, hay que federalizar la Corte, hay que feminizar la Corte y diversificar social y etariamente a la Corte. Estamos convencidos de que la Corte es un órgano de poder de la Argentina y debe parecerse al pueblo que pretende representar.