Encuentro cercano del primer tipo con el Código Penal

La decisión de una jueza en primera instancia que resolvió sobreseer a un adolescente de 14 años, puso en agenda el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. La jueza declaró la inconstitucionalidad, sobre este caso en particular, del artículo 1 del Régimen Penal Juvenil sancionado en febrero del 2026, que establece la aplicación del Código Penal a personas de 14 años cuando fueran imputadas por un delito contemplado en dicho código.

Cuando se debatió esta ley en el congreso, los argumentos en favor de bajar la edad de 16 a 14 (el proyecto del Gobierno era bajarla a 13) era que existe un problema de inseguridad y que los menores tenían impunidad para cometer delitos, los ejemplos que se utilizaban eran casó muy particulares en los que la violencia utilizada para la acción delictiva era salvaje. Pero si se observaba en la estadística los casos que involucran menores, en ese momento según el Ministerio Público Fiscal bonaerense, eran 22.678 investigaciones iniciadas y en el caso de los adultos era de 1.082.502.

Pero el problema de fondo de la discusión, más allá de la edad, era que el debate en sí tenía una clara intencionalidad de operar sobre la opinión pública, para mostrar cómo el gobierno se ocupaba de la seguridad. Porque cuando los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron a la comisión que debatió el proyecto y se les preguntaba por la implementación, la infraestructura destinada y por los recursos para lo mismo, no había respuestas convincentes y el foco se ponía siempre en que lo importante era bajar la edad.

Ahora bien, la rigurosidad del diseño en una política pública es de suma importancia y esto se ve ahora, porque si se sanciona una ley que contradice los pactos internacionales de carácter constitucional, el poder judicial es el que va a terminar incidiendo en la implementación de la ley. O en otros casos como también sucede después de la sanción de la reforma del Régimen Penal Juvenil, va a pasar que personas que tenían una condena mayor, puedan ser reducidas porque la nueva ley lo permite.

Pero a este Gobierno no le interesa eso, porque su logro fue mostrar que bajaron la edad de imputabilidad y con eso convencer de que ahora hay más seguridad. 

No es que no hubo debate en su momento y entonces ahora hay debate después de la decisión de la jueza, sino que el debate es todo circo y mediatización. Los que se indignan por la decisión de la jueza son una banda de oportunistas que no les interesa ni la seguridad ni nada, solo quieren circo y/o plata. Funcionarios y dirigentes de un espectro ideológico que se compra las mismas fantasías que venden, juegan a ver quien es mas “mano dura” pero es todo pose. Se suben al juego de la indignación para después mostrarse electoralmente como los salvadores de no se que, pero las actividades delictivas generan millones en ganancias tienen un trato especial y en esos casos los indignados se convierten en facilitadores de una estructura financiera que los recibe con los brazos abiertos.

El hecho

El jueves 10 de septiembre a las 6 de la mañana, una persona iba caminando por la calle Godoy Cruz (altura Santa Fe). Se da vuelta y observa que cinco personas se le acercan, cuando decide empezar a correr escucha que le gritan “Dame todo. Dame el celular”. En la huida aparecen dos motos de la policía que venían circulando por Godoy Cruz y detienen a las cinco personas que intentaron robarle (esta descripción está en la resolución de la jueza). 

Esa fue la situación en la que estaba el adolescente de 14 años y por lo cual el fiscal encuadra la conducta descrita en el delito de “tentativa de robo”. La violencia que exige la figura estaría dada por la intimidación de parte de las cinco personas, incluido el adolescente.

La jueza afirma en la resolución que el artículo 1 de la ley del Régimen Penal Juvenil es inconstitucional porque es regresiva en este caso, dado que antes de entrar en vigencia la ley el adolescente sería responsable pero no lo perseguirá penalmente.

La jueza da una primera entrevista a Jorge Fontevecchia, en el canal de Perfil, explicando que el principio de regresividad establece que no se puede poner a una persona en condiciones peores de las que estaba, por lo tanto aunque el adolescente percibiera una amonestación deja precedente en su trayectoria de vida que no tenía antes de haber sido aprendido.

En otra entrevista que da la jueza a Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos, sostiene que una primera condena, aunque sea una amonestación, es un antecedente. Y si continuará sumando amonestaciones por hechos menores, terminará privado de su libertad. 

La jueza en la resolución le comunica al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que intervenga para asegurar el acompañamiento del adolescente y su familia en la restitución de los derechos actualmente vulnerados como de educación, salud y recreación. Dicho acompañamiento fue recomendado también por la Licenciada del Centro de Admisión y Derivación en la entrevista al momento de la detención.

El Estado

Cuando se debatió la reforma del Codigo Penal Juvenil se planteaba que venía a dar respuesta a los casos de inseguridad en los que participaban menores de edad, pero era tan berreta el debate que se ponían casos sumamente extraordinarios en términos estadísticos que habían generado un justo rechazo en la opinión pública, pero no eran representativos de los tipos de delitos cometidos por menores.

Pero la ley no se aplica en abstracto, sino en casos concretos, tan concretos como este. Y si ha un pibe de 14 años que intentó robar un celular de apriete, le queres tirar el Codigo Penal encima como sostenia el Fiscal “Robo en poblado y en banda” porque el Estado hace punible a un adolescente de 14, capaz es un montón y la decisión de la jueza sea la acertada. Porque no estamos hablando del Gordo Valor o la Garza Sosa.

Dicho sea de paso, si alquilas un departamento en Villa Urquiza para fraccionar, distribuir y comercializar estupefacientes, la justicia te va a pedir primero que justifiquen los ingresos para demostrar que podes alquilar, para lo cual se puede contratar un buen abogado y un contador que presenten todo. Y en esos casos, el Estado se vuelve más ameno, te da tiempos y la opinión pública ni los vecinos se indignan tanto como con un adolescente de 14 que quiso punguear un celular.
Porque tal vez resolver la inseguridad tenga más aristas que la de endurecer penas o poner la edad de imputabilidad a los 4 años.

Menos derechos, más inseguridad

En la resolución de la jueza están fragmentos de la entrevista realizada por profesionales al adolescente. 

De ahí se desprende que el chico vivía con su mamá que padece de epilepsia, su papá es una figura ausente y su hermano de 19 años se quedó sin trabajo recientemente. No tienen gas natural y dada las constantes mudanzas, perdió la escolaridad. Para alimentarse depende de los bolsones de comida que consiguen. También el chico dijo que le gustaría practicar un deporte, boxeo, pero que no cuenta con los recursos para realizarlo. 

Si ese chico el primer contacto con el Estado es por un hecho menor que lo etiqueta como “chorro” o que esté expuesto a proceso penal ¿no pasa nada?. Porque después hablan en los medios de la cárcel como la universidad de la delincuencia.

Fijense nomas en su entorno familiar, una madre con epilepsia y se achica el presupuesto para discapacidad o se afanan la guita de la Agencia de Discapacidad. El hermano se quedó sin laburo y viene creciendo el índice de desempleo. No tiene gas natural y encima las tarifas de los servicios públicos aumentan desde el inicio de este gobierno. Y se podría seguir, con esto quiero decir que el Estado ahí no existe, pero para tirarle el código penal por la cabeza, si.

No me interesa apelar a la sensibilidad de quienes no ven más allá de su individualismo, pero si apelar a la inteligencia para entender que si el Estado se corre y no pone el foco en muchísimas familias que viven en estado de supervivencia, el estado de situación va a empeorar.

Por otro lado, si la respuesta al hecho de inseguridad que sufrió la víctima, en este caso al que le intentaron robar el celular, es que se van a endurecer las penas y se va a meter preso al que roba el celular, le están mintiendo para sacarle un voto en el escenario electoral. 

Y no hay dudas de quién es la víctima cuando roban un celular, que se está pagando en cuotas o frente a cualquier hecho delictivo en general. 

El Gobierno actual está lleno de mercenarios y oportunistas que buscan quedarse con cualquier cosa hasta con los pollos que se compran en la quinta de olivos, nos gobierna una banda y ante eso la justicia les da prórrogas para que busquen jubiladas para justificar la declaración jurada. Pero si intentan robar un celular les tiramos el código penal encima y sino aparece la indignación careta y colectiva.

En definitiva así de berreta fue el debate sobre la reforma del código penal juvenil y el resultado en la práctica es que no va a resolver ni la inseguridad, ni hacer respetar los tratados internacionales que la misma ley ignoró cuando la diseñaron y votaron.