El caso Rafael Nahuel y el fallo cuestionado de la Cámara de Casación

El 12 de junio pasado la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad penal de los cinco agentes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina condenados por el homicidio de Rafael Nahuel.

Los jueces de Casación confirmaron todas las condenas, pero al mismo tiempo devolvieron el expediente al Tribunal Oral Federal de General Roca para rebajar los montos de las penas, por considerarlas excesiva.

El crimen de Nahuel ocurrió en noviembre de 2017, cuando un grupo de prefectos ingresó violentamente en un predio de la comunidad Winkul Mapu y disparó contra el joven hasta terminar con su vida. 

La resolución de los camaristas tiene aristas oscuras a ser analizadas. Por un lado, el fallo estableció la culpabilidad de los agentes, pero por otro resuelve en la dirección contraria al disponer que se bajen las penas.

Además, los camaristas decidieron imponer las costas del proceso a la familia de Rafael Nahuel, esto significa que ellos deberán afrontar los costos económicos. El mensaje que se desprende de esta decisión judicial es grave.

En este marco, es difícil no coincidir con el análisis propuesto por el Cels que señaló que “el fallo es un mensaje judicial preocupante, porque aliviana las consecuencias de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche”.

En este mismo sentido, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos puntualizó “que la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena”.

Tanto la APDH y el CELS señalaron la gravedad de la resolución judicial que parece desconocer los responsables políticos del asesinato de Rafael Nahuel. El pedido de Justicia por el joven asesinado en 2017 no termina con la decisión del Tribunal de Alzada. Continuará y perdurará en el tiempo, impulsada por los organismos de derechos humanos y la comunidad a la cual perteneció. Nuestra tarea como militantes será la de seguir levantando las banderas de verdad y memoria, en este caso también.