Entre la ONU y el FMI

Nuestra interpretación histórica de la transición democrática iniciada en 1983 sostiene que el proceso concentró su mayor esfuerzo en el juzgamiento de los responsables militares del terrorismo de Estado, mientras otorgó un tratamiento muy distinto al papel desempeñado por diversos actores civiles —empresariales, económicos, técnicos y políticos— que participaron en el diseño, la implementación y que resultaron beneficiados por el programa económico de la última dictadura genocida iniciada el 24 de marzo de 1976. Y esta diferencia no constituye un dato menor, sino uno de los rasgos centrales del orden democrático para entender los “porqué” del drama nacional al cual asistimos los argentinos en la actualidad.

La dictadura vino a destruir un país concreto, el país que deseamos y deberíamos vivir, el país de Perón, el de la industria, el trabajo organizado, el de la dignidad y el protagonismo popular. Esa tarea no fue obra de “los milicos” en abstracto —a quienes se les adjudicó casi en soledad una labor que los excedía—, sino de un bloque de poder mucho más amplio y profundo que hoy está más fuerte y vigente que en aquel entonces, claro. La dictadura cívico/militar ejerció una violencia directa, visible y concentrada; recurrió a la represión ilegal, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas mediante el aparato coercitivo del Estado para imponer un proyecto económico permanente. La eficacia de la "dictadura económica" es difusa pero acumulativa, por lo que la atribución de responsabilidades resulta más compleja; ya que no se manifiesta en un único acontecimiento sino en procesos prolongados vinculados a una economía para la Argentina que involucra decisiones de múltiples gobiernos, organismos, empresas y actores políticos a lo largo del tiempo, lo que dificulta identificar una única cadena de responsabilidad, pero que arroja a la muerte y a la indignidad a millones de compatriotas.

Lo cierto es que la recuperación de las instituciones representativas convivió con una continuidad monolítica de la estructura económica heredada del régimen cívico/militar. El avance sobre las responsabilidades penales por las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad no fue acompañado por una revisión equivalente de los instrumentos económicos que habían definido el rumbo del país entre 1976 y 1983. En ese contexto, no nos cansamos de señalar, como ejemplo, la permanencia inalterada de la Ley de Entidades Financieras de 1977, cuya vigencia hasta nuestros días es el síntoma más elocuente del déficit soberano de la democracia argentina post Malvinas, y de la persistencia de un modelo económico que sigue operando en beneficio de los sectores financieros, especulativos, fugadores, evasores y, claro está, en detrimento del aparato productivo, el trabajo y la soberanía nacional. Y no nos engañemos, ni el propio Kirchnerismo, siendo aquellos los mejores gobiernos que el pueblo se supo dar luego de la muerte del General Perón; revisó las condiciones de completa rendición que implicó el Acuerdo de Madrid firmado por Menem y su canciller Domingo Cavallo en 1990, y que permitieron el avance de las políticas desmalvinizadoras del liberalismo argentino; las de desindustrialización, desmilitarización, cientificidio, deculturación y despoblamiento.

Y aquí subyace una verdad incómoda. La dictadura militar fue derrotada políticamente, y eso representó un verdadero triunfo popular para la hora; pero no económicamente, por ello, la democracia se instaló sobre el andamiaje económico de la dictadura y, en muchos aspectos, lo terminó legitimando.

Si la dirigencia del campo nacional no comprende esto, le será imposible construir una democracia para el pueblo. Y si lo comprende pero no asume el compromiso de enfrentar la complejidad estructural que subyace, solo acepta administrar la dependencia en clave nacional y popular. Vale decir, existen problemas urgentes y problemas importantes; cuando dejemos de correr con el balde atrás de la gotera, y veamos dónde y por qué filtra, tal vez los argentinos podamos encontrar soluciones nacionales a los problemas nacionales.

Las placas tectónicas

Lo cierto es que las consecuencias políticas y materiales que evidenciamos, por caso la institucionalización de la pobreza de casi la mitad de nuestros compatriotas en un país rico, extenso y despoblado; los bajísimos niveles de soberanía efectiva; la brutal injerencia externa; la ausencia de control sobre recursos estratégicos; la fuga de divisas; la devaluación de nuestra moneda; la cada vez más progresiva pérdida de identidad histórica del peronismo; o el hecho de tener un desquiciado adorador de Margareth Thatcher en la presidencia, encuentran su lógico resultado a partir de la naturalización de la supervivencia de la dictadura económica que heredamos casi sin crítica desde mediados de los ´70 para acá. Así, ciertos conflictos políticos contemporáneos no pueden comprenderse únicamente desde la coyuntura y la dialéctica que atrae la alternancia partidaria, sino también a la luz del inmenso vacío estructural y de las continuidades institucionales, políticas, jurídicas, culturales y económicas que atravesaron la transición democrática desde el Alfonsinismo hasta hoy.

La historia argentina es elocuente en este punto; cada vez que el campo nacional y sus conducciones evitaron ir al fondo de las relaciones de poder y se limitaron a administrar coyunturas y a adecuarse con algo de virtuosismo superficial en determinados esquemas políticos temporales, los problemas regresan con mayor intensidad. Por eso, detrás de cada crisis aparentemente circular y de cada reconfiguración política, de cada pequeño avance y cada gran retroceso, detrás de cada sismo político como la proscripción de Cristina, subyace una disputa de alcance mayor; la confrontación entre dos concepciones distintas sobre el papel del Estado, la organización de la economía, el ejercicio de la soberanía, la idea de comunidad nacional y la forma en que la Argentina se vincula con el mundo. No se trata de nombres ni de etapas aisladas, sino de una constante; los límites y la dificultad para disputar y transformar las estructuras que sostienen la dependencia. Cuando esa decisión se posterga, sobreviene el retroceso agudo. En ese sentido, el presente no es una anomalía sino una consecuencia y una enseñanza. Milei no surge de la nada, sino de décadas de intentos inconclusos y de un poder antinacional que nunca fue plenamente desarmado.

El ataque judicial a Cristina. La interpretación de su defensa

El Kirchnerismo concentra su energía política, por un lado, en la denuncia internacional de la condena penal y la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, y por otro, en el ataque unilateral hacia el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, en la mal llamada interna en el peronismo del AMBA. Lo cierto es que la expresidenta llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde sostiene que su proceso judicial vulneró garantías procesales fundamentales y estuvo atravesado por persecución política y machismo estructural. Su defensa solicitó, entre otras medidas, la suspensión de la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos. Lo cierto aquí, es que Cristina tiene el derecho y el deber de ejercer su defensa con todos los recursos que considere apropiados y que encuentre disponibles cuando las instancias judiciales domésticas fueron agotadas. Al mismo tiempo, los argentinos no podemos naturalizar que la justicia juzgue a una dirigente dos veces por el mismo hecho, sin juez natural, trasladando la competencia, sin pruebas penales objetivas y por un ilícito que no cometió. No lo podemos permitir.

La Carta y su dimensión histórica

Pero veamos un punto importante para el análisis político. La Carta difundida por Cristina señala, entre otras cosas, que su situación se debe a "un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino". Y sigue: “Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana” .Si bien es cierto la supervivencia del machismo en la gran mayoría de las instituciones argentinas, sostener que el ataque responde a una lógica de discriminación por razón de género implica dejar en un segundo plano otras dimensiones históricas y estructurales del conflicto que fueron desarrolladas al comienzo de este trabajo, y que explican con mucha más preciión el fenómeno al que asistimos.

Un aspecto llamativo de la carta es el marco interpretativo que Cristina eleige para explicar su situación. En ningún momento la inscribe explícitamente dentro de una continuidad histórica argentina que remita a Yrigoyen, al peronismo histórico, al antiperonismo, a la Revolución Libertadora o a las distintas etapas de confrontación política del siglo XX. Por el contrario, presenta el caso como parte de un fenómeno de alcance internacional. Si miramos bien, su argumentación se organiza alrededor de cuatro ejes: la violación de garantías judiciales y del debido proceso; la politización del sistema de justicia; la proscripción como forma de exclusión política y de afectación del funcionamiento democrático; y la incorporación de una dimensión de género, al sostener que el proceso también expresa formas de machismo estructural. Todo cierto, pero insuficiente. Aunque Cristina afirma que el problema trasciende su situación personal, inmediatamente lo encuadra en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos y de la democracia constitucional. En ese sentido, el texto privilegia un marco jurídico-institucional e internacional —centrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU— antes que una interpretación apoyada en las continuidades de la historia política argentina y en la relación a la lógica “pueblo, anti pueblo”; “nacional/antinacional”. No lo hace.

Aquí conviene advertir, como dato político, que toda la arquitectura institucional del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial fue concebida, en buena medida, por funcionarios y equipos vinculados al Departamento del Tesoro de la administración de Franklin D. Roosevelt en EEUU. De ese proceso nacieron organismos como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, destinados a estructurar el nuevo sistema político, financiero y económico de la posguerra. ¿Qué tipo de solución se puede encontrar en esa plataforma?

Las fuerzas antinacionales no reparan en el género

La historia política argentina está atravesada por una práctica sistemática de exclusión de los liderazgos populares mediante mecanismos de fuerza, proscripción, fraude y violencia abierta. Hipólito Yrigoyen fue depuesto por un golpe cívico-militar en 1930 que inauguró la "década infame", donde el voto fue sistemáticamente vulnerado a través del fraude electoral. En 1955, Juan Domingo Perón sufrió un bombardeo criminal sobre Plaza de Mayo que dejó más de 300 civiles muertos. Pero no bastó con el intento de asesinato y el exilio del líder popular. Durante 18 años el peronismo fue formalmente proscripto. No se permitía usar su nombre, sus símbolos, su doctrina, ni participar en las elecciones. Se encarceló, se secuestró, torturó, fusiló y desapareció a militantes, dirigentes políticos y sindicales del peronismo. La proscripción no fue sólo jurídica y política, sino cultural y social. Fue el intento de amputar de raíz cualquier posibilidad de que los sectores populares volvieran a construir mayoría política y tener incidencia en las estructuras, como reacción violenta al 17 de octubre de 1945.

En todos los casos, la clase dominante argentina, con apoyo de sectores civiles, eclesiásticos, partidarios, judiciales, militares, mediáticos y las embajadas, buscó sustraer del juego político a líderes cuya legitimidad nacía del sufragio popular y del vínculo con las mayorías postergadas. En ese marco, la actual persecución a Cristina debe leerse en esta misma línea. De lo que menos se trata es de una causa judicial de tinte machista, sino de una proscripción política —no menos grave por ser encubierta en ropaje jurídico— que busca disciplinar, dividir, paralizar y desarticular al campo nacional y popular, para facilitar, vía democrática, la peor de las condenas de destino para la Argentina. Y si algo necesita Javier Milei para reelegir, es que el peronismo concurra a las elecciones nacionales de 2027 dividido.

El efecto paralizante de la proscripción

Una condena decididamente injusta merece ser cuestionada mediante todos los recursos legales disponibles, si. Pero el problema aparece cuando esa causa cargada de indudable relevancia política, comienza a ocupar el lugar del programa colectivo para gran parte del campo nacional, y que la posibilidad de llegar competitivos a las próximas elecciones nacionales quede supeditado a este cuadro.

Es evidente que las consignas “Cristina libre” o “Cristina candidata”, convertidas en el último tiempo en eje excluyente de la estrategia que emana desde San José 1111, terminan operando como un límite político para el propio objetivo que proclama. Al subordinar toda la estrategia a una lógica defensiva de imposición y de alineamiento interno en el peronismo, se desatiende una evidencia básica; la vía más eficaz para modificar las condiciones que sostienen su infame e injusta situación penal y civil es construir una victoria política amplia que altere la correlación de fuerzas y el clima institucional. Nada que Cristina no sepa. Pero ese no es el cometido.

Tener la razón nunca alcanza. Si el objetivo es revertir una situación considerada injusta, cuestionar una proscripción o promover una revisión institucional de determinadas decisiones judiciales, ello presupone la existencia de poder político. Y el poder político no surge de la espera de una resolución de la ONU, ni de las decisiones supranacionales, ni de la defensa ejercida por abogados extranjeros; se construye aquí, mediante organización, representación, construcción de mayorías populares, inteligencia estratégica y trabajo político. Pero, por sobre todas las cosas, ganando las elecciones nacionales del 2027.

La proscripción de Cristina no sólo representa un ataque judicial y político dirigido desde los sectores oligárquicos a una dirigente de peso mayoritario en la escena política nacional, sino que, en términos más complejos, interrumpe y congela el desarrollo de la experiencia política del movimiento nacional, del peronismo y de amplias franjas del pueblo argentino. Y Cristina lo sabe, lo interpreta y lo utiliza. En vez de avanzar en una discusión profunda sobre estrategias, liderazgos, reconstrucción del tejido organizativo, representaciones competitivas y nuevos horizontes de sentido para las mayorías; con Cristina, el espacio nacional se ve empujado de nuevo a un escenario de resistencia identitaria y victimización, a una lógica de repliegue, de disciplinamiento, de obturación y de división para asegurar la continuidad de su centralidad política.

Se interrumpe así la posibilidad de síntesis superadora y maduración, de ensayar nuevas formas de representación popular que surjan no de la negación del pasado reciente, sino de su asimilación crítica. De hecho, para continuar con la estrategia de inmovilidad, es previsible que la ofensiva judicial continúe con nuevas causas —como la de los falsos cuadernos— destinadas a mantener a Cristina y a todo el campo nacional en una situación de parálisis y división política. Pronto lo veremos.

La lógica del poder y las consecuentes conductas desplegadas, nos muestra que el verdadero problema de Critina es político, no judicial. Y tiene nombre y apellido. En el fondo, cuando una etapa histórica se resiste a reconocer su tiempo y sus límites, sus representantes suelen dedicar más energía a bloquear lo que viene que a trabajar para volver al gobierno, promover la unidad y enfrentar los problemas reales del país con un programa político para salir del laberinto.

Entre el FMI y la ONU, la Argentina

La causa nacional va quedando reducida a una discusión estrecha entre dos formas de subordinación. En esos dos andariveles, transitando una pendiente aguda hacia la disolución nacional, y siendo las elecciones nacionales del 2027 el mojón decisivo que pueda evitar traspasar el límite de no retorno hacia la consolidación de una semicolonia rígida; la política argentina queda atrapada entre quienes subordinan abiertamente el país a los poderes externos y quienes subordinan la unidad y la reconstrucción del campo nacional a la restitución de una conducción sectorial imposibilitada de una candidatura. Por acción u omisión, entre esos dos márgenes desaparece la Argentina. Desaparece Malvinas, el Atlántico Sur, los laburantes, el control del comercio exterior, la industrialización, la soberanía energética, la educación, la salud, los jubilados, la ciencia y la tecnología, el desarrollo productivo, el rol de las FFAA, la integración continental y la recuperación de los instrumentos estratégicos del Estado. De un lado, el FMI convertido en programa de gobierno; del otro, el expediente de Cristina convertido en programa polítco del peronismo a la espera de decisiones de la ONU. Y en el medio, esperando todavía una representación política a su altura, permanece la causa nacional del pueblo argentino.