Dr. Jekyll, Mr. Hyde y las contradicciones argentas

El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado, la Junta Militar sancionó la ley de facto 21.259. La norma facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar extranjeros —tuvieran o no residencia permanente— cuando considerara que sus actividades afectaban la “paz social”, la “seguridad nacional” o el “orden público”. No exigía una conducta precisa: bastaba la valoración del poder. La dictadura inauguraba así su régimen construyendo enemigos y colocando al extranjero entre los sospechosos. Esa norma de emergencia fue “perfeccionada” con todo un régimen de migraciones en 1981, mediante la Ley 22.439. Ambas consideraban al migrante no como un sujeto de derechos, sino como una potencial amenaza a la seguridad nacional.

Cinco décadas después, el DNU 681/2026, firmado por Javier Milei, incorpora nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a extranjeros que hayan dirigido “mensajes de odio” contra el pueblo argentino, incitado a la violencia por razones de nacionalidad o participado en actos de “ultraje” contra los símbolos patrios. El decreto excluye el disenso ideológico y la crítica política, académica o ciudadana legítima. Esa salvedad importa: una norma democrática no puede equipararse sin más con una ley de la dictadura.

En ambos casos aparecen conceptos amplios, una amenaza excepcional y un Ejecutivo que recibe la facultad inicial de decidir quién es hostil u ofensivo. Aunque el Estado debe proteger a los argentinos frente a la violencia, el problema empieza cuando la frontera entre violencia, odio, agravio y crítica queda subordinada a la interpretación política del gobierno de turno.

La medida surge en una Argentina con polarización extrema, que no sólo organiza las preferencias electorales, sino también la propia percepción de la realidad. El adversario no es presentado menos como alguien equivocado, se convierte en una amenaza moral. Se pertenece o se traiciona; se acompaña o se conspira; se es patriota o “antiargentino”. En ese clima, una potestad migratoria basada en categorías ambiguas queda expuesta a la lógica amigo-enemigo que domina la política.

El Gobierno justificó el decreto como respuesta a mensajes difundidos después del Mundial de Fútbol y a una supuesta “campaña antiargentina”. Una controversia nacida en redes sociales, amplificada por rivalidades deportivas y disputas diplomáticas, terminó convertida en una modificación de la Ley de Migraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia. La secuencia revela un rasgo del presente: la velocidad emocional de las redes se traslada al Estado. La indignación reclama una norma inmediata; la viralización sustituye al diagnóstico; el conflicto coyuntural adquiere la forma de amenaza nacional.

Allí emerge el doble rostro de nuestra historia institucional. Está el doctor Jekyll de la Constitución y las mejores tradiciones sociales: la Argentina que reconoce derechos a todos sus habitantes, garantiza a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano y concibe la inmigración como una fuerza de construcción nacional. Es el país que abrió sus puertas a trabajadores, perseguidos y exiliados, e hizo de la hospitalidad parte de su identidad.

Pero también aparece Mr. Hyde: un Estado temeroso y punitivo que convierte al diferente en sospechoso, al disenso en deslealtad y al extranjero en huésped condicional. Ese rostro estuvo presente en la Ley de Residencia de 1902, irrumpió nuevamente en 1976 y se consolidó en la llamada Ley Videla de 1981. La democracia procuró dejar atrás esa concepción al reconocer la migración como un derecho humano. Sin embargo, Hyde nunca desaparece: espera que el miedo o el nacionalismo herido le permitan regresar con un nuevo vocabulario. 

La contradicción es aún más visible porque el actual Gobierno hizo de la irreverencia, el insulto y la descalificación instrumentos habituales de intervención política. Mientras exige respeto hacia la Nación, su propia retórica internacional ha cruzado los límites de la diplomacia. El problema no es solo la inconsistencia, sino la asimetría: la palabra agresiva del poder se presenta como sinceridad; la del extranjero puede convertirse en causal de exclusión. Cuando el Estado decide quién puede ofender y quién debe ser castigado, lo más probable es que se transforme en privilegio del gobernante.

Esta tensión expresa la disyuntiva entre pensar mejor o pensar menos. Pensar menos es reaccionar: reducir un fenómeno complejo a la fórmula “amigo o enemigo”, confundir una crítica con un ataque y aceptar que defender la patria exige disminuir garantías. Es una operación cognitivamente barata: evita distinguir, ofrece culpables inmediatos y produce cohesión a través del rechazo. En tiempos de incertidumbre y frustración social, esa simplificación puede resultar políticamente rentable.

Pensar menos también significa permitir que el ritmo emocional de las plataformas digitales determine el funcionamiento del Estado. En las redes no triunfa necesariamente el argumento mejor fundado, sino el mensaje más rápido, indignado y polarizante. El algoritmo premia la simplificación porque la complejidad demora, obliga a dudar y rara vez se vuelve viral. Cuando la política adopta esa misma estructura mental, gobernar deja de ser comprender problemas y se convierte en administrar reacciones.

Las instituciones democráticas fueron creadas precisamente para interrumpir ese impulso. El Congreso, la Justicia, la discusión pública y las garantías procesales introducen tiempo y límites allí donde la emoción reclama respuestas inmediatas. No son obstáculos para la decisión política: son los mecanismos que impiden que una indignación momentánea se transforme en una restricción permanente de derechos.

Pensar mejor exige el esfuerzo contrario. No es lo mismo incitar a golpear a una persona por ser argentina que cuestionar con dureza al Gobierno. No es lo mismo organizar violencia que ofender un símbolo. No es lo mismo proteger a los ciudadanos que proteger al poder de las palabras incómodas. Una democracia madura debe sancionar conductas concretas, con definiciones precisas, prueba, defensa y revisión judicial; no crear categorías elásticas que mañana puedan utilizarse contra aquello que hoy se promete respetar.

Pensar mejor también obliga a preguntar qué necesidad y qué urgencia impedían debatir esta reforma en el Congreso. La calidad institucional no se mide solo por los fines declarados, sino por el procedimiento, sus límites y controles. El Congreso es el espacio donde una sociedad compleja convierte diferencias en administración del bien común. 

Ese desprecio por la deliberación es uno de los síntomas más preocupantes del momento argentino. La política se presenta como una guerra contra enemigos que deben ser derrotados y no como una construcción entre ciudadanos que inevitablemente piensan distinto. La crítica se interpreta como sabotaje; el control institucional, como obstrucción; la prudencia, como debilidad. Pero cuando toda diferencia se convierte en hostilidad, el gobernante termina confundiendo su identidad con la identidad de la Nación.

La Argentina tiene derecho a cuidar a sus ciudadanos y sancionar la discriminación. Lo que no debería hacer es proteger una idea oficial de la argentinidad mediante una policía migratoria de las opiniones. Las fronteras democráticas deben impedir delitos y violencias, no seleccionar pensamientos aceptables. 

Nuestro desafío es mantener despierto al doctor Jekyll constitucional antes de que Mr. Hyde vuelva a convencernos de que, para defender la Nación, necesitamos dejar de pensar.

Jorge Arias es consultor político, es Presidente de la Fundación Desarrollo Democrático y autor del libro “El Homo IA y la Nueva Desigualdad Cognitiva”.