Colectivos: una estafa al Estado por 140 millones de pesos

Por Jorge Giordano

En su exposición frente a los miembros de Carta Abierta, Florencio Randazzo detalló los conflictos con empresarios y dirigentes sindicales que enfrentó como Ministro de Interior y Transporte.

Al hablar de la puesta en marcha del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) cuestionó el sistema de asignación de subsidios que existió hasta el 2012.
“No hay ninguna política de inclusión que pueda legitimarse si no hay transparencia en el manejo de los recursos. Tenemos que poner énfasis los que tenemos responsabilidad política y pública. Lo primero que hicimos fue subir a la página del ministerio la cantidad de aportes de los argentinos al sistema de transporte público. La idea es que haya un control social sobre eso”, fue su introducción.

A lo que siguió: “Uno de los componentes que asigna la cantidad de recursos es la cantidad de pasajeros transportados. ¿De dónde surgía ese dato? De las declaraciones juradas de los empresarios. Cuando pusimos en marcha el SUBE, y esto explica la pelea que yo tengo con Roberto Fernández de la UTA, empezamos a tener un ahorro para el Estado Nacional. Empezamos a tener 140 millones de pesos más por mes de pasajes no declarados. No hay posibilidad de que cuando uno gestione no se tomen decisiones políticas. Atrás de una buena gestión hay decisiones políticas fuertes.”

Randazzo también se refirió con dureza a los empresarios de la industria ferroviaria nacional: “Cuando nosotros iniciamos el proceso, nos encontramos con que las mayores resistencias estaban dadas en la patria contratista. En estos que dicen defender la industria nacional: no se dejen confundir. No defienden la industria, defienden su propio negocio. Porque la reparación de un tren, que era del año 1961, era más caro que comprar un tren 0 km. La patria contratista ponía condiciones por ejemplo para la realización de vías. Había sólo cuatro empresas habilitadas para eso. Rompimos los dos negocios. En las vías permitimos en realidad levantar ese condicionamiento que impedía que se presenten más empresas. Hoy hay más de setenta empresas que llevan adelante obras ferroviarias, con una baja de casi 400 mil dólares por kilómetro de vía.”

Por último, el Ministro de Interior y Transporte remarcó la necesidad de hacer público el comportamiento de los empresarios: "Relativo a la electrificación del Roca hasta la Plata, hago una observación. Un gran desafío que tenemos por delante es que el empresario argentino cumpla. Uno de los males endémicos que tiene la Argentina es que los empresarios no cumplen, y tienen impunidad para no cumplir. ¿Saben lo que hacen? Cuando ganan una obra, al poco tiempo litigan contra el Estado. Piden mayores costos a los 30 días, y si no inician un juicio. Hay que empezar a escracharlos públicamente, porque postergan la posibilidad de soluciones. Nosotros decidimos dar la batalla después del accidente de Castelar, Cristina en aquel momento estaba en estado convaleciente, no la podíamos consultar. Nosotros decidimos estatizar el Sarmiento, entendiendo que era el paso previo para estatizar todo el sistema. Íbamos a poder demostrar que somos más competentes que estos empresarios y terminamos ahora con la sanción de la ley y administrando todo el sistema del Estado ahorrando 1200 millones de pesos por mes. Demostramos que desde el Estado se podía. Lo propio hicimos con la carga”.