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Dossier //// 16.09.2017
“El sistema de protección de derechos ha colapsado”

Entrevista a María Elena Naddeo, Directora General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Afirma que existe una criminalización de la niñez y la juventud por parte del gobierno de Cambiemos.

Por Jorge Giordano

APU: ¿Cuál es la situación del sistema de protección de derechos de la ñiñez y la juventud en la Ciudad de Buenos Aires?

María Elena Naddeo: Lo que vemos desde la asunción de Macri en la Ciudad y con Larreta es que ha habido una aplicación formal, podemos decir una burocratización del sistema de protección integral y un vaciamiento de programas que estaban al servicio del derecho de los chicos.

El sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes de CABA tiene un respaldo legal muy importante. La ciudad sancionó en el año 1998 la ley 1114 que es pionera en la aplicación de la convención internacional. Después empezó la aplicación de la ley nacional, que armonizó o puso en sintonía el sistema jurídico con el de protección de derechos. Desde ese punto de vista, desde la sanción de estas leyes ha habido una apuesta en la ciudad y a nivel país por evitar las institucionalizaciones innecesarias de chicos, la intervención del poder judicial en temas sociales, que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas.

APU: Se habla de una tercerización en varios espacios que conciernen a la vida de niños, niñas y jóvenes. ¿Es así?

MEN: Hay una tercerización. Un presupuesto de la Ciudad que se vuelca hacia organizaciones no gubernamentales que resuelven de maneras más “económicas” algunas temáticas que son responsabilidades del Estado. Los hogares propios, de gestión estatal, sufren de hacinamiento, de problemas de infraestructura muy serios. Todo esto constituye un panorama bastante desalentador. La Ciudad tiene convenios con alrededor de 40 ONG. Con el paso de los años esta tendencia se ha acentuado. Lo que necesitamos son mejores hogares de gestión estatal por distintos motivos: uno de ellos tiene que ver con que el personal del Estado tiene mayor supervisión, tiene que ver con que los hogares de Estado tienen mayor sustentabilidad o perdurabilidad, los hogares conveniados pueden cerrarse o trasladarse, que pueden lesionar una política pública.

APU: En los últimos meses se observaron varias detenciones a niños y jóvenes en la vía pública. ¿Qué análisis realiza al respecto?

MEN: La orientación neoconservadora del GCBA desde 2015 a nivel nacional ha impactado en la Ciudad fuertemente y hay una criminalización de la niñez y de la juventud. Hemos tenido múltiples situaciones de chicos detenidos sin motivo, trasladados por fuerza policial. Toda la doctrina y práctica de las décadas anteriores fueron en sentido contrario. Desplazamiento hacia un modelo punitivista que restringe derechos, vivimos un retroceso en cuanto al acceso de los chicos. 

Un grupo de padres de escuelas estatales, familias por la educación publica, hicieron un relevamiento de las detenciones o intentos de detención arbitrarias de sus hijos, dio una cantidad de intervenciones más de 50. Impedidos por profesores, direcciones de las escuelas, esto durante el 2016. Hemos intervenido en algunas situaciones, en particular detenciones de chiquitos, 8 años, 11 años, 13 años. Chicos que son no punibles y que la policía se siente con respaldo como para intervenir con una metodología que es represiva. lo que corresponde es que si hay un chico en situación de riesgo se convoque al consejo de los derechos o a los equipos de infancia.

APU: ¿El gobierno de la Ciudad aumentó el presupuesto para atender estas problemáticas?

MEN: No hay un aumento real que responda a las demandas. La demanda de atención con derechos vulnerados entre 2014 y 2016 se duplicó en los últimos tres años y el presupuesto se mantuvo constante. Ahí hay un dato muy fuerte. Eso explica el colapso, los turnos que antes no se daban, ahora hay que esperar para ser atendido en una defensoría. El sistema de protección de derechos ha colapsado. Explica el repliegue de los trabajadores, que en vez de establecer vínculos con la comunidad están tratando de dar respuestas urgentes y cada vez de manera más rutinaria. 

APU: ¿Cuál es la situación de los trabajadores del sistema de protección y promoción de derechos?

MEN: Se reclama una carrera que permita ascensos con capacitaciones periódicas en servicio, con una jerarquización salarial, con conducciones que sean realmente significativas. Hoy las defensorías zonales, que son equipos interdisciplinarios en los barrios, son la primera trinchera. Son quienes deberían resolver múltiples situaciones para evitar que se profundicen la gravedad de las situaciones.                                                      

Las personas que coordinan esas áreas cobran sólo 600 pesos por encima de un profesional. A través de su firma se establecen dictámenes que son muy importantes y pueden cambiar la vida de familias enteras. Hay que jerarquizar a los y las profesionales que tienen tamaña responsabilidad. Un reconocimiento mayor de la tarea. 

APU: ¿Qué rol cumple hoy en día el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad?

Es un organismo muy importante, ha sobrevivido los avatares de los cambios de gestión pero está sobrepasado, colapsado. Debería volver a colocar en el eje el paradigma de los derechos humanos. Se ha convertido en muchos de sus aspectos en un organismo con respuestas tradicionales, que vuelven a la judicialización innecesaria o a institucionalizar a niños rápidamente. Tendría que poner la carga de la protección en trabajar la temática familiar de las condiciones de vida de la familia ampliada. Se toman medidas excepcionales demasiado rápidamente y no se buscan las soluciones necesarias para evitar la ruptura de lazos familiares.