Talleres clandestinos: el eslabón más débil de la industria textil

Por Enrique de la Calle

Se estima que en Capital y Gran Buenos Aires funcionan alrededor de 5000 talleres clandestinos, en los que trabajan cerca de 100 mil personas, en su mayoría inmigrantes. Representan el 70 % de la producción de las grandes marcas de ropa. La antropóloga Ayelén Arcos reflexiona sobre el eslabón más débil de la industria textil. La visión de los propios trabajadores. La ley de trabajo a domicilio, que se cumple a medias.

APU: ¿Qué pone en evidencia el incendio en el taller clandestino de Flores?

Ayelén Arcos: Era algo que iba a acontecer tarde o temprano, de hecho ya había pasado un caso similar en 2006. La problemática de los talleres informales creció en los últimos años, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. Las autoridades competentes prefieren no hacer nada. Por eso no sorprendió que esto pasara.

APU: ¿Quiénes trabajan en los talleres clandestinos? ¿En general son inmigrantes bolivianos?

AA: Los trabajadores de talleres precarios suelen ser reclutados mayormemente entre trabajadores migrantes. Hay talleristas que ofertan trabajo directamente en Bolivia o en algunos lugares específicos de la Ciudad, a través de radios de la colectividad migrante. Tenemos talleres que son familiares y talleres que están organizados por talleristas que suelen contratar a trabajadores que a veces viven en el taller. Generalmente son trabajadores migrantes.

APU: Prefiere usar la denominación de taller “precario” y no clandestino. ¿Por qué?

AA: La idea de clandestino remite a la ilegalidad y por ejemplo el taller que se incendió en 2006 estaba habilitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba habilitado para cinco máquinas: cuando fue el incendio en el taller había 60 máquinas y los trabajadores vivían en el lugar. El tema no es la habilitación del lugar, sino que la discusión tiene que ver con las condiciones laborales que existen en esos talleres.

APU: ¿Esos talleres abastecen a las grandes marcas de ropas?

AA: Siempre es difícil hablar con exactitud de estos temas por la propia “clandestinidad” del fenómeno. Funcionan en los márgenes de lo que se conoce. Se presume, así lo han hecho estudios estatales y de organizaciones sociales, que entre el 70 y el 80 % de la producción de las grandes marcas es abastecida por estos talleres. Es un tipo de industria que alrededor del mundo funciona con esta modalidad de organización de trabajo, que incluye condiciones muy precarias y baja remuneración.

APU: Esas marcas de ropa luego venden las prendas confeccionadas a un precio muy alto.

AA: Exactamente. Los empresarios sostienen que no pueden competir con la ropa importada. En 2008 firmaron un acuerdo con el Estado para restringir las importaciones.  Ahora argumentan sobre el alto costo inmobiliario para vender en shoppings. De cualquier modo, la principal reducción de costo en las empresas se opera a nivel de los costos laborales.

APU: ¿Los talleres también abastecen a mercados informales como puede ser La Salada?

AA: Así es. A La Salada y a otros mercados similares, como puede ser a los manteros de la calle Avellaneda en Capital. Para muchos talleristas, incluso, esta modalidad puede ser una salida más fructífera porque tienen mayor control sobre la producción. Hay marcas que cuando cambian sus lógicas de producción, le pagan al taller con las propias prendas que confeccionan. Es decir, los talleristas no tienen control sobre lo que producen, sino que dependen de las marcas para las que trabajan. Con La Salada o la calle Avellaneda eso funciona de otro modo, tienen (o creen tenerlo) mayor margen.

APU: ¿Cuál es la visión de las organizaciones de migrantes?

AA: Es un problema muy complejo. En el caso de este último incendio, se dio la reacción de las organizaciones, de los vecinos de Flores, de costureros y ex costureros. Se juntaron con la intención de proponer una visión alternativa. Nuestro país tiene una ley muy interesante, como es la de trabajo a domicilio, una ley de los años cuarenta. Esa norma vincula a los trabajadores del taller con el empleador último, que en este caso serían las marcas. Esa ley no se aplica. Cuando se allana un taller, se castiga a los trabajadores o al tallerista, nunca se va más allá. Se genera entonces esta contradicción: el Estado no avanza sobre los empresarios, el actor más fuerte en la cadena, y en cambio sí se mete con los migrantes. De este modo, los propios trabajadores sienten que esa ley, que debería favorecerlos, en realidad los perjudica. Cuando el Estado allana el trabajador se queda sin trabajo y sin casa.