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Debates //// 29.06.2022
Planes sociales y el horizonte de la política social argentina

El debate que tenemos por delante es demasiado amplio para reducirlo en algunos interlocutores que salieron con los tapones de punta a defender su poder político, lo que propone Cristina es tomar una demanda que existe en la sociedad y construir una solución posible.

Por Manuela Bares Peralta

Cristina parte de una premisa: durante su gobierno hubo una reducción significativa de planes sociales que fue acompañada por una política de creciente empleo, mientras que durante el macrismo los planes crecieron. Un dato que ya había evocado en la presentación de su libro “Sinceramente” en La Rural en el año 2019 y que volvió a repetir en el escenario que montó la CTA en Avellaneda. En ese momento, la Vicepresidenta afirmó que había dejado el gobierno con 207 mil planes sociales que, durante el gobierno de Mauricio Macri, aumentaron a 467 mil, también recordó el Programa Jefas y Jefes de Hogar, un legado que Duhalde le heredó a Néstor Kirchner en su mandato y que rondaba los 2.300.000 de titulares. Sobre esa realidad, también plantea un interrogante y una búsqueda: una caída creciente del desempleo debería impactar de lleno en la cantidad de planes sociales y, en este contexto, el Estado debería tener como horizonte la recuperación del control, auditoría y aplicación de las políticas sociales, en lugar de tercerizarlas en los movimientos sociales.

El “Jefas y Jefes de Hogar” no fue un programa de inclusión social sino más bien un parche de emergencia en un contexto encendido por la crisis, con una contraprestación de 150 pesos que después mutaron a lecops y que, apenas, permitía a sus titulares no entrar en la indigencia. Según se desprende de un informe elaborado en el año 2003 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en esa época una familia necesitaba aproximadamente $346,07 para cubrir sus necesidades alimentarias y $764,84 para atender sus necesidades básicas. Durante esa época, también se reflotó el Programa de Emergencia Laboral y el Programa Familias por la Inclusión Social, distintas herramientas que el gobierno de transición de Eduardo Duhalde puso en funcionamiento con el objetivo de apaciguar el conflicto social que representaban los grandes índices de pobreza y desocupación que había dejado la crisis de 2001.

Durante el kirchnerismo, convivieron dos formas de hacer frente a la cuestión social: políticas universales y planes sociales. La creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) marcó un cambio de paradigma en la Argentina, donde antes había un parche ahora existía un derecho. Es importante tener en claro que, en ese momento, si bien los índices de desigualdad y pobreza habían mejorado sustancialmente desde 2003 a 2010, subsistía la heterogeneidad de la situación social respecto a la ubicación geográfica y la composición de los grupos familiares, es decir, las tasas de pobreza eran mucho mayores en las provincias del norte del país y había concentración etaria de la pobreza en la niñez, adolescencia y juventud. En un contexto donde los planes sociales existentes no lograban dar respuesta a uno de los problemas centrales que enfrentaba el Gobierno Nacional en material social, Cristina Fernández de Kirchner creó a través del Decreto N° 1.602/09 la AUH, que se implementó de manera simultánea en todas las provincias del país a través de la ANSES. El alcance de cobertura de la Asignación Universal por Hijo fue superior tanto nominalmente como cuantitativamente, es decir, significó un aumento en cuanto a la demanda insatisfecha que tenían hasta ese momento los programas sociales vigentes.

Sin dudas, esta forma de gestionar el conflicto social construyó un equilibro político y, a su vez, trasparentó y eliminó una serie de obstáculos a la hora de acceder a la protección del Estado, atendiendo un problema focal y estructural de la Argentina. La Asignación Universal no reemplazo a los planes sociales, es más, paralelamente existieron programas como “Argentina Trabaja” o “Ellas Hacen”, cuya fiscalización dependía de los municipios, provincias y del Ministerio de Desarrollo Social respectivamente. Pero durante esta etapa el foco de las políticas sociales radicaba en generar herramientas que permitiesen la reinserción en el mercado laboral o la creación de nuevo empleo a través de figuras como el cooperativismo.

En 2010, el 34% de los 40.117.096 argentinos tenía menos de 19 años (INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010). Estos casi 14 millones de niños, niñas y adolescentes podían tener futuros muy diferentes en función a la región, a la provincia y, en última instancia, en función de la familia en la que nacieron. Si bien la situación en materia de pobreza y desigualdad mejoró sustancialmente en los últimos años, siguen persistiendo inequidades importantes según la ubicación geográfica y la composición de los hogares. Los niveles de pobreza monetaria urbana en la Argentina experimentaron un sostenido descenso desde 2003 hasta 2010, luego de la estabilización posterior a la crisis de 2001. En 2002, casi el 30%de los argentinos vivían con menos de 2.5 dólares al día. Este porcentaje descendió hasta alcanzar al 7% de los argentinos en 2010.

El debate que propone Cristina Kirchner no es el de eliminar el gasto social, sino que el Estado recupere su rol de planificador. También, de alguna forma, pero no directamente, propone discutir si se puede aplicar un paradigma de universalidad sobre las políticas sociales, como lo son las Becas Progresar, el Programa Alimentar, las Asignaciones Universales o las Pensiones no Contributivas. Sobre ese debate también se extiende otro, cómo se construyen políticas de impulso y apoyo tanto sociales como económicas a sectores excluidos de las economías formales sin intermediación de las organizaciones; una intermediación que por momentos ha sido valiosa y le ha permitido al Estado acceder a lugares donde antes no llegaba y, en otros momentos, construyó opinión pública negativa en torno a los aportes obligatorios, a la fiscalización y a la creación de empleo genuino. 

Dentro del debate político siempre entran nombres propios, pero más allá de las chicanas y los enfrentamientos mediáticos, la Cristina que participó del acto de la CTA optó por construir agenda y atender demandas: ¿Por qué en una Argentina con recuperación de empleo hay un 37,3% de población bajo la línea de pobreza? Las causas internas son múltiples, en un contexto internacional de crisis y guerra, pero en el camino hacia 2023 el país deberá ensayar propuestas y búsquedas para abordar lo que aún no se pudo. En ese camino, hay muchísimas urgencias que lejos de desatender otras demandas deberán aprender a convivir con ellas. Atender los reclamos latentes implica también comenzar a esbozar un programa de política social y repensar el rol de los dispositivos estatales, sus márgenes de acción, su convivencia con experiencias valiosísimas como lo es La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y con las realidades y urgencias territoriales. 

La transparencia en la asignación de fondos de la política social es un imperativo y una demanda que no puede ser abordada sin tener en cuenta su eficacia, es decir, que llegue a quienes tiene que llegar. Sin dudas, aunque Cristina no lo mencionó en su discurso, más allá del control y fiscalización estatal, el Salario Básico Universal y la generación de una política de promoción, incentivo y crédito a la economía popular son imprescindibles para abordar el problema de la inserción social y el desempleo. El debate que tenemos por delante es demasiado amplio para reducirlo en algunos interlocutores que salieron con los tapones de punta a defender su poder político, lo que propone Cristina es tomar una demanda que existe en la sociedad— y que casi siempre encuentra más asilo en la derecha— y construir una solución posible o, por lo menos, incorporarla a la agenda de gobierno, sin desatender, porque las demandas que no se atienden, no desaparecen, más bien todo lo contrario.